La intensa ola de calor que está atravesando España ha puesto en jaque a todo el país al agudizar la potencia e impacto de los incendios forestales. Ante este hecho, Greenpeace pone el foco en la principal solución: la prevención y la gestión forestal.
La organización medioambiental señala que, con una inversión de 1.000 millones de euros al año en prevención y gestión de incendios forestales, el ahorro estimado sería de 99.000 millones de euros, es decir, un retorno del 9.900%. Esta cantidad permitiría gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal o casi una quinta parte de España.
“Las consecuencias de los incendios son difíciles de estimar: estamos hablando de la pérdida de vidas y de bienes de incalculable valor, así como de nuestro patrimonio natural, capitales para nuestra supervivencia a través de los recursos ecosistémicos”, explica Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.
Para tratar de minimizar el brutal impacto de las llamas, es crucial analizar la situación actual. Así, por ejemplo, según la Agenda Forestal de Navarra, el coste de extinción de incendios puede rondar los 10.000€/ha cuando intervienen medios aéreos. A esta cifra se sumaría el importe de las tareas post-incendio de restauración, muy difícil de estimar. Por su parte, la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha cuantifica el coste de un incendio en 20.000 euros de media. Más datos: según el Colegio de Ingenieros Forestales, por cada euro que se invierte en prevención, se reducen 100 en la factura de la extinción.
Por tanto, teniendo en cuenta que, en lo que va de año, los 28 grandes incendios forestales declarados han arrasado ya 61.250 hectáreas y con la estimación de coste de 10.000€/ha, es posible realizar un cálculo a la baja que permite cifrar en 615,2 millones de euros el coste de las llamas en 2025.
Las cifras no son homogéneas porque dependen de muchas variables: el empleo de medios aéreos, el combustible y la maquinaria utilizada o la participación de brigadas móviles entre otros. Pero la realidad incuestionable es que los incendios salen muy caros, y no sólo económicamente.
Greenpeace insiste en apuntar a la prevención como la principal respuesta a los incendios forestales. Actualmente, es imposible comparar la inversión estatal en gestión forestal frente al gasto de las Administraciones autonómicas en extinción al no existir datos normalizados para poder cuantificar esta cifra. En 2023, en su informe “Grandes Incendios Forestales”, Greenpeace señalaba que sólo los datos de Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Baleares disponían del grado suficiente de detalle para distinguir inversión en prevención y gasto en extinción.
Ante esta situación grave, urgente y desoladora, Greenpeace demanda información pública disponible sobre la inversión en prevención de cada comunidad autónoma; la aprobación por parte del Gobierno central del Proyecto de Real Decreto para poner en marcha las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales (actualmente en borrador), y la gestión anual de, como mínimo, el 1% de la superficie forestal a escala nacional (260.000 ha) para preparar el territorio a la llegada de los grandes incendios forestales, priorizando zonas estratégicas de actuación. Para establecer la acción anterior urgente, inaplazable e imprescindible, es necesario destinar alrededor de 1.000 millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal a escala nacional.
¿Es posible calcular el riesgo de incendio en las viviendas?
Greenpeace destaca, además, la necesidad de que la población asuma el riesgo de incendio forestal para poder prevenirlo y mitigarlo. Con este fin, la organización pone a disposición de la ciudadanía una calculadora que permite a cada persona autoevaluar de forma sencilla el potencial riesgo de su vivienda frente al fuego.
“Es fundamental que la población demande recursos para que los municipios cuenten con planes de prevención ante incendios y, por supuesto, que estos se implementen. Además, las personas pueden elaborar su propio plan de autoprotección de sus viviendas. No hacerlo revierte no sólo en sus bienes, sino también en el bosque y en la seguridad de los operativos de extinción y emergencias que asumen más riesgos de los debidos”, ha concluido Parrilla.