Los gobiernos locales están en primera línea de la gestión de las crisis. Así fue durante la pandemia de COVID-19 y ante la guerra en Ucrania. La emergencia climática es una crisis y debe tratarse como tal. Para estar a la altura del desafío, los gobiernos locales se apoyan en su personal, lo que implica tener una mano de obra lo suficientemente amplia para llevar a cabo las tareas necesarias.
No obstante, los ayuntamientos se encuentran con varios obstáculos en el momento de contratar los recursos humanos que necesitan: presupuestos operativos limitados, normas estrictas que rigen las deudas de los gobiernos locales o la falta de atractivo de los empleos.
La Unión Europea y los gobiernos nacionales deben contar con servicios públicos locales en materia energética que sean lo suficientemente robustos para impulsar la transición climática. La descarbonización de las ciudades exige la participación de muchas y diversas partes interesadas, e involucra a varios sectores.
Según un estudio de Energy Cities en colaboración con ECODES, en toda la Unión Europea se requerirán alrededor de 2,5 puestos adicionales de tiempo completo por ayuntamiento y por año durante los próximos 9 años (incluido 2022), o 214.000 nuevos puestos de trabajo a nivel local. En términos de costes para los ayuntamientos, implicará aproximadamente 16.000 millones de euros al año a nivel de la UE, una cifra que, en 2019, representaba solo el 3 % del gasto público de los gobiernos locales.
No obstante, las administraciones locales tendrán que enfrentar un aumento del 53 % en los costes de personal de los departamentos relacionados con la construcción y el clima, lo que conlleva un cambio radical en las prioridades de inversión.
Los ayuntamientos españoles en la misma situación
Para el periodo de 2022 a 2030, la inversión anual debería aumentar de media en 2330 millones, sumando 38.545 trabajadores cada año.
Las recomendaciones clave del estudio se centran en proporcionar fondos y promover la cooperación mediante la reasignación de presupuestos para financiar puestos de trabajo locales, alentando a la coordinación local o regional a reunir a las fuerzas de trabajo locales para que se compartan sin restricciones las mejores prácticas relacionadas con la temática.
El desarrollo de una estrategia de recursos humanos para la mano de obra local, evaluando las necesidades de personal de cada gobierno subnacional, implementando estrategias para atraer y facilitar la contratación por parte de las administraciones locales o regionales y los organismos públicos conexos, brindando capacitación al personal que trabaja en el sector de la energía y el clima, y adaptando los programas de educación y capacitación para satisfacer las demandas del mercado laboral
Y en tercer lugar, permitir que los gobiernos locales y regionales tengan autonomía en el momento de diseñar los presupuestos y contratar personal para trabajar en temáticas ecológicas, reconsiderando la organización presupuestaria en las ciudades para impulsar el gasto en cuestiones energéticas y climáticas, eliminando las barreras regulatorias a fin de facilitar las inversiones en estas temáticas -en particular la inversión en recursos humanos-, y empoderando a las ciudades a través de impuestos medioambientales a nivel local.
Por todo esto, ECODES ha hecho un llamamiento a gobiernos regionales o locales, agencias locales de energía, o partes interesadas públicas o privadas comprometidas con la transición energética local y ha lanzado un manifiesto en el que pide «más personal local para ciudades a prueba de futuro».