Tras el análisis del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 (PGE 2023), Greenpeace ha valorado positivamente la apuesta por un mayor gasto social (58 % del total) y por la inversión pública (46.206 millones) en un momento de enormes dificultades para la ciudadanía por la inflación generada por la especulación en los mercados de energía y alimentación, la emergencia climática y el incremento de las desigualdades provocadas por los combustibles fósiles. Por el contrario, la organización considera «demasiado optimista que el 30,6 % de los presupuestos estén alineados con la transición ecológica e inaceptable el gasto militar presentado que alcanza el máximo histórico y supera el 2 % del PIB establecido por la OTAN».
Después de comprobar el primer informe de alineación de los PGE 2023 con la transición ecológica, la organización considera que la realización de este ejercicio de presupuestación verde es un avance en transparencia, y pide al Gobierno que mejore la metodología empleada para dar una información más veraz. El análisis del Gobierno pone el foco en una cuarta parte del presupuesto, siguiendo las orientaciones de presupuestación verde de la UE. Sin embargo detectan elementos que favorecen la sobre-valoración de las partidas presupuestarias como la exclusión en el cálculo de las transferencias a las comunidades autónomas, los gastos de personal o la valoración excesivamente optimista del grado de contribución de ciertos programas – como es el caso del Ministerio de Defensa – a la consecución de los objetivos climáticos, entre otras.
Inversiones marrones
Greenpeace también señala la presencia de inversiones marrones, aquellas que favorecen los combustibles fósiles y reman en contra de una verdadera transición ecológica, y de políticas continuistas. Entre otros los beneficios fiscales a la industria electrointensiva y al consumo de hidrocarburos por valor de 1.302 millones o los fondos públicos destinados a la internacionalización de la empresa y la actividad comercial (+152 % que en los PGE de 2022) que continúan financiando combustibles fósiles. En este sentido, la ausencia de pasos con el compromiso adoptado el año pasado en Glasgow de abandonar la financiación pública internacional de energías fósiles – España es el quinto país de la OCDE que más recursos destina – y el incumplimiento en aprobar una ley de debida diligencia de Empresas, Derechos Humanos y Medioambiente, sitúan a estas políticas en el lado marrón del balance. Todas estas claves muestran que el grado de contribución de la inversión analizada a la transición ecológica estaría lejos de alcanzar el 30,6 % declarado por el Gobierno.
Gasto militar récord
Por último la organización denuncia el gasto militar récord, que alcanza los 27.617 millones de euros (2,3 veces más que lo dedicado a la transición energética) y que llega a los PGE 2023 tras un ejercicio político «rodeado de contradicciones y muy poca transparencia». Para Greenpeace el aumento en gasto militar redunda en un detrimento de recursos disponibles para afrontar otras prioridades derivadas de las crisis y es un claro ejemplo de privatización de beneficios y socialización de deudas.
“Nos encontramos ante los presupuestos más sociales de la historia, pero también los más militarizados. Un nuevo modelo socio-económico que genera futuros alternativos que sostengan la vida se construye en gran parte cuando se deciden los PGE. Para ello necesitamos que se deje de ser condescendiente con el oligopolio fósil y los intereses de la industria militar y se haga una apuesta valiente y sin medias tintas por una verdadera transición ecológica justa”, ha declarado Eva Saldaña, directora de Greenpeace España.
En línea con «la preocupante tendencia hacia la militarización y el rearme mundial», el gasto militar anunciado por el Gobierno ha alcanzado un máximo histórico desde el inicio de la democracia. «Si al presupuesto asignado al Ministerio de Defensa, que se ve incrementado en un 26% hasta los 12.827 millones de euros, sumamos los gastos e inversiones con destino militar repartidas en otros ministerios, obtenemos que la totalidad del gasto militar real presupuestado alcanza los 27.617 millones de euros, lo que supera incluso la barrera del 2 % del PIB marcado por la OTAN».
Greenpeace lamenta la apuesta gubernamental de desarrollo industrial basada en el sector militar, que se deduce del asombroso incremento del 72 % en Programas Especiales de Modernización (PEM), absorbiendo unos 4.900 millones de euros. Para promover la seguridad y la defensa de los intereses del país, así como la apuesta por un futuro de paz, la organización insiste en «la urgente necesidad de destinar parte de esta ingente cantidad de recursos públicos al despliegue de una estrategia de seguridad energética basada en renovables, que acelere la soberanía energética y reduzca la dependencia del exterior, contribuyendo además a mitigar los peores impactos del cambio climático, y generando decenas de miles de puestos de trabajo distribuidos por todo el territorio en un sector tecnológico de alto valor añadido y asociados a la economía verde».
Actuaciones ambientales
El total del presupuesto en 2023 para actuaciones ambientales asciende a 4.334,7 (+36,5 %), incluyendo los fondos europeos, que se gestionan principalmente desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
A pesar de este notable esfuerzo presupuestario, la organización ecologista alerta de que, tras los incendios devastadores de este verano, los fondos europeos para la gestión forestal sostenible, clave para su futura prevención, «cuenta solo con 97 millones» (un 28 % menos que en 2022),» algo que puede dejar en papel mojado la futura Estrategia Forestal Nacional y los esfuerzos de gobernanza frente a megaincendios, derivados del Real Decreto Ley 15/2022 de medidas urgentes en materia de incendios forestales del pasado 1 de agosto». Asimismo, reclama al Ministerio de Transición Ecológica «que refuerce ostensiblemente las capacidades de coordinación y seguimiento del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) en la prevención y extinción de incendios».
Por otro lado, un tercio de todas las actuaciones ambientales se destinan a «inversiones hidrológicas que ahondan principalmente en el actual modelo extractivista del agua, sin una adecuada adaptación al contexto climático». En este sentido, Greenpeace denuncia que se destinen 308 millones a incentivar un modelo de ganadería industrial y de regadíos «que son la principal causa de la contaminación y degradación de casi la mitad de nuestros acuíferos».
Políticas de Industria y Energía
Las políticas de Industria y Energía cuentan con una gran partida presupuestaria (11.606 millones) de la que un poco más de la mitad (5.922,32 millones) proviene de los fondos del Plan de Recuperación que se destinan al impulso de la industria (2.440 millones) y a la transición energética justa (3.481 millones). Esta última partida ha aumentado un 21 % respecto a 2022.
A la organización le siguen preocupando algunas políticas de gasto para Industria y Energía, concretamente «algunas ayudas encubiertas a través de compensaciones al sector industrial sin que se especifiquen las condicionantes ambientales, como es el caso de los 335 millones de euros dirigidos principalmente a compensar a determinadas industrias por los costes indirectos de CO2 y a los consumidores electrointensivos, que deberían condicionarse a mejoras de eficiencia y/o al aumento del uso o la contratación directa de energía renovable». Sin embargo, la lectura del dinero que se emplea para la lucha contra la pobreza energética es positiva. En este sentido la organización destaca «el aumento de 100 millones en la inversión del bono térmico, que en 2023 asciende a 258 millones de euros».
Por el contrario, Greenpeace señala que los presupuestos «no dedican este año suficientes fondos para el impulso de las comunidades energéticas y la democratización de la energía«. A este respecto, demanda la transposición urgente de las directivas de fomento de las energías renovables y la de mercado común de energía en lo que se refiere a las comunidades energéticas y que se establezca una batería de medidas ambiciosas para acelerar las comunidades energéticas, el autoconsumo, el ahorro y la eficiencia.
Movilidad
El tren es el gran protagonista de las inversiones en movilidad y abarca la mitad del presupuesto destinado a infraestructuras (5.408 millones). Más allá de los proyectos destaca la partida de 660 millones de euros dedicada a prorrogar la bonificación de billetes de tren para 2023. Tras la buena acogida de esta medida por parte de la ciudadanía, la ONG reclama al Ministerio de Transportes «un esquema permanente de tarifas asequibles para todos los modos y que corrija los problemas de falta de plazas que suceden en determinados trenes».
Además, y por segundo año consecutivo, la inversión en conservación y mantenimiento de la red convencional supera a la de alta velocidad. Una tendencia que corrige el déficit de años anteriores y permite actuaciones «como la electrificación de líneas diésel o la adaptación de líneas al tráfico de mercancías, esenciales para reducir las emisiones y aumentar la cuota de mercancías por ferrocarril, una de las más bajas de Europa».
No obstante, la apuesta por el tren se ve ensombrecida con la intención de seguir «ampliando la capacidad de autopistas y autovías para aumentar el tráfico de automóviles«, incluso en los accesos a las grandes ciudades. Un planteamiento contrario a los principios de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que debería aprobarse antes de fin de año.
Fiscalidad verde
El principio de «quien contamina paga» es prácticamente irrelevante en los Presupuestos Generales del Estado. En 2023 los presupuestos no incluyen ninguna novedad sobre fiscalidad verde y «se siguen manteniendo las exenciones fiscales (967 millones de euros) destinadas a seguir contaminando con combustibles fósiles».
Los impuestos denominados ambientales, incluidos los energéticos, «tan solo representan el 5,1 % de los ingresos del Estado» y demanda al Gobierno una reforma fiscal que integre eficazmente la fiscalidad verde y justa, con medidas para redistribuir la riqueza y acelerar la transición ecológica.
Más allá del “parcheo fiscal” de medidas coyunturales y de respuesta a la guerra, la organización advierte que impuestos «como el de los beneficios caídos del cielo deben convertirse en un mecanismo permanente de protección frente a la especulación de las grandes corporaciones, con una recaudación justa establecida a partir de 2022 y que refuerce la lucha contra la pobreza energética»