La Cumbre del Clima en Egipto arranca su segunda semana con pocos indicios de avance en las negociaciones. Mientras parece que las principales discrepancias entre los países se encuentran en los aspectos sobre financiación, mitigación y pérdidas y daños, también se han reabierto discusiones zanjadas en otras cumbres, lo que supone “una amenaza de que esto retrase aún más la lucha climática”, reconoce Ecologistas en Acción.
Una de estas amenazas es la no inclusión de la mención a los derechos humanos en algunos de los textos o espacios de discusión, como en el artículo 6 sobre mercados de carbono o en la Red de Santiago. Este asunto se ha reabierto precisamente en una COP donde los derechos humanos están en el centro de las reivindicaciones sociales. El lema “sin derechos humanos no hay justicia climática” se ha asumido a propuesta de la sociedad civil de Egipto y los países del sur global, que exigen a la Presidencia de la COP27, al Gobierno totalitario de Abdel Fattah al-Sisi, «que cese la represión y permita una amnistía de todos los presos políticos”.
El segundo de los peligros es el abandono en el discurso internacional del 1,5 ºC como horizonte de aumento máximo de la temperatura a finales de siglo. Países productores de petróleo como Arabia Saudí han declarado que dicho horizonte es poco realista y, en base a eso, habría que asumir exclusivamente el objetivo de 2 ºC. Para Ecologistas en Acción, «esto sería un paso atrás que llevaría a los países a afrontar reducciones de CO2 mucho menores de las que son necesarias para la seguridad humana y del planeta».
En tercer lugar, la organización destaca otro aspecto que también influye en la vulneración de los derechos humanos y la justicia climática: la influencia cada vez mayor del sector privado en las negociaciones. Esto se observa en el número de representantes del sector fósil presentes en Sharm el-Sheikh -636 lobistas fósiles- o en las alusiones explícitas de la Presidencia egipcia y países como EE UU que desde el inicio del encuentro han incidido en incluir al sector privado en la lucha climática.
En el marco de la COP27 se ha aprobado la Guía de Sharm El-Sheikh para la financiación justa, que incluye un capítulo que aboga por nuevos acuerdos internacionales de inversión (IIA) y el mecanismo ISDS como una de las vías hacia la financiación de la transición en el Sur global. Si bien la guía plantea la necesidad de reformar los IIA, Ecologistas en Acción recuerda que “las propuestas de reforma son débiles, ineficaces y totalmente inadecuadas para lo que se necesita”. Asimismo, considera preocupante la mención del ISDS en el marco de la UNFCCC, a pesar de que no se trate de un texto de negociación.
El ISDS es un mecanismo obsoleto presente en más de 2.000 acuerdos a nivel mundial que amenaza la acción climática. Permite a las empresas demandar a los países ante tribunales privados -fuera del sistema legal nacional- por cambios en legislaciones que puedan reducir sus beneficios esperados. A menudo la cantidad reclamada puede ser de cientos o miles de millones de euros que se pagan con el dinero de las arcas públicas.
Las empresas de combustibles fósiles ya están demandando a los países por la eliminación gradual del carbón, la cancelación de oleoductos, la prohibición de perforaciones petroleras en alta mar o la regulación del fracking. De hecho, el 42 % de los casos de demandas ISDS conocidos están relacionados con el sector fósil.
Por este motivo, más de 380 organizaciones de más de 60 países del sur y el norte global han publicado una declaración en la que exigen a los gobiernos presentes en la COP27 que tomen medidas para poner fin al ISDS y salvaguardar la consecución de los objetivos climáticos. “Las inversiones en industrias extractivas van en aumento debido a la mayor demanda de materias primas de cara a la transición justa. Si el ISDS sigue vigente, veremos más y más demandas, sobre todo en los países del Sur Global”, han declarado.
Ecologistas en Acción recuerda que el ISDS es una de las razones por las que hace unas semanas el Gobierno de España anunció que abandonará el Tratado de la Carta de la Energía. Un acuerdo que endeuda a los Estados, del que Países Bajos, Francia, Eslovenia y ahora Alemania también van a salirse.