«Muy probablemente acabará la legislatura y no tendremos una ley de protección animal estatal». Así de contundente se muestra PACMA. Dicen que tras meses «de confundir a la ciudadanía y de anunciar una ley a todas luces insuficiente a bombo y platillo», finalmente el Gobierno «deja esta normativa en un punto muerto».
Recuerdan que, desde que se conoció el contenido del primer borrador del texto de la ley, «advertimos que esta no es, de ningún modo, la ley que los animales necesitan con urgencia y que el movimiento animalista lleva décadas reclamando. Se trata de una ley de mínimos que dejaría desprotegidos a millones de animales. Es más, no solo no suponía un avance, sino que en muchas comunidades autónomas podría conllevar un retroceso de décadas en la protección de los animales».
En este sentido critican que «se excluía de ella no solo a las reses de lidia y a la fauna silvestre, como hacen las leyes autonómicas de protección animal para permitir la tauromaquia y la caza, sino también a los animales domésticos considerados de producción y a los utilizados en experimentación, que sí están amparados por las leyes autonómicas. Esto significaría que, por ejemplo, los caballos explotados en los coches turísticos no estarían protegidos por esta futura ley».
Desde PACMA lo consideraron «inadmisible» y presentaron alegaciones al texto de la ley, «conminando al Gobierno a que rectificase y elaborase una ley que protegiese a todos los animales, sin excepciones ni medias tintas».
Meses después, llegaría la enmienda del PSOE a su propia ley para que los perros de caza, guarda y pastoreo quedasen excluidos de la misma, «plegándose a los intereses de cazadores y ganaderos. Junto con otras entidades, hemos llevado a cabo una intensa campaña para exigir al Partido Socialista la retirada de su enmienda, sin resultado», explica el partido animalista.
«Una estrategia electoral»
Hace unos días, Podemos presentó su propia propuesta, basada en el «modelo Page», como se conoce a la ley de protección animal de Castilla-La Mancha, que consiste en excluir a los perros de caza de la ley durante la realización de la actividad cinegética, es decir, durante las jornadas de caza. «Es precisamente ahí cuando estos animales son peor tratados y sufren más accidentes, por lo que es intolerable que se plantee esa exclusión».
Y ahora, PSOE y Podemos no llegan a un acuerdo, «como sí han hecho en otras normativas», y la tramitación de la ley de protección animal queda paralizada.
«En tres años de legislatura, no han cumplido ninguno de los compromisos relativos a los animales que estaban en el acuerdo de coalición: la elaboración de una «Ley de Bienestar Animal» y la reducción del IVA en los servicios veterinarios. Además, la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal que plantean es, de la misma forma, un retroceso y podría ser muy perjudicial para los animales».