La plataforma ciudadana SOS Rural ha emprendido, junto a la Asociación Ecología y Libertad, las primeras acciones legales contra los proyectos fotovoltaicos —promovidos por la empresa Greenalia— en los términos municipales de Lopera, Arjona y Marmolejo, en Jaén. Estas primeras medidas, que se enmarcan en la macrocausa jurídica pionera en toda España impulsada por ambas organizaciones, buscan frenar la expansión caótica y especulativa de proyectos fotovoltaicos en tierras agrícolas de alto valor productivo.
“Esta causa va a comenzar con los proyectos de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, donde se están arrancando miles de olivos tradicionales para sustituirlos por placas de hierro y cristal, pero la vamos a escalar a todos los territorios de España donde haya previstas o construidas macroplantas solares en tierras de cultivo”, afirma Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.
Revisiones de oficio
Las primeras acciones judiciales, que se acaban de ejecutar y que se han financiado con las donaciones económicas de los ciudadanos, consisten en las revisiones de oficio —procedimientos administrativos— contra los proyectos de la Campiña Norte. Así, se ha presentado, ante el Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales —Autorizaciones Administrativas Previas, Autorizaciones Administrativas de Construcción y Declaraciones de Utilidad Pública— de las siete instalaciones fotovoltaicas y de las dos instalaciones de la infraestructura común de evacuación que comparten todas ellas.
Además, se ha registrado, en este caso ante la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, la solicitud de revisión de oficio de las autorizaciones ambientales unificadas —tramitación ambiental— de esas mismas instalaciones.
“Ambas solicitudes de revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales y ambientales, aprobadas por la administración autonómica, han sido instadas por SOS Rural y Ecología y Libertad por adolecer de vicios que las hacen nulas de pleno derecho”, explica Corbalán. En este sentido, existe un fraccionamiento ilegal de un megaproyecto —de 310 MW de potencia instalada y 560,15 ha— en varios, todos ellos con una potencia instalada de menos de 50 MW. "Se busca así evitar la competencia estatal en su aprobación sectorial, ya que un proyecto fotovoltaico con una potencia instalada superior a 50 MW es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)".
De igual modo, las organizaciones señalan que "existe un fraccionamiento artificial e ilegal de proyectos con carácter ambiental, con el que el promotor busca evitar una evaluación ambiental conjunta y tramitada por el procedimiento ordinario".
Información a las autoridades políticas
“Hemos informado a las autoridades políticas de las administraciones locales y autonómicas de todas las revisiones de oficio instadas”, concreta Corbalán, lo que implica que se ha comunicado a los alcaldes las consecuencias que tendrían para ellos la anulación de las autorizaciones administrativas de estos proyectos, en el caso de que decidan seguir adelante y conceder licencias —de obra y/o actividad— sin realizar el juicio previo de legalidad. Entre estas consecuencias, se encuentran la probable exigencia de responsabilidad patrimonial por parte del promotor a los ayuntamientos y la posible “toleración” de un presunto delito contra el medio ambiente. “Hemos solicitado a los consistorios que, a la vista de la nulidad de pleno derecho de todas las autorizaciones, procedan a suspender la tramitación de las licencias en sus respectivos municipios”, resalta Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
En cuanto a las autoridades autonómicas, se ha informado de que el supuesto amparo por las autorizaciones sectoriales y ambientales, cuya revisión se ha instado, puede constituir un ilícito penal contra el medio ambiente, por lo que se les ha pedido suspenderlas.
Acceso a los expedientes
De igual manera, las organizaciones anuncian que se han presentado dos escritos, ante los ayuntamientos de Arjona, Lopera y Marmolejo, para que, en caso de no haberse procedido a la terminación de los expedientes de licencia —de obras y/o actividad—, se tenga en cuenta a Ecología y Libertad como interesada para que pueda participar en esos expedientes y ser conocedora de su tramitación. En caso contrario, si ya se hubieran concedido las licencias, se solicita el acceso a Ecología y Libertad a los expedientes administrativos íntegros tramitados para la concesión de licencias. Asimismo, se ha solicitado acceso al expediente sectorial íntegro, de información pública, tramitado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía respecto a los nueve proyectos.
“Si los políticos no ponen remedio a la expansión caótica de la energía fotovoltaica, y vemos que no lo hacen, vamos a llegar hasta el final con las acciones legales para que sienten precedente, para que creen jurisprudencia, de manera que sea el juez quien determine que este avance descontrolado y especulativo no puede seguir así”, sentencia Corbalán.