El sector pesquero europeo, representado por la organización Europêche, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), ha solicitado a la Comisión Europea aclaraciones inmediatas sobre las recientes acusaciones, fruto de una investigación periodística de The Telegraaf ampliada por Euronews, de que fondos públicos se destinaron a financiar organizaciones no gubernamentales (ONG) con el objetivo de influir en la adopción del Pacto Verde. Europêche ha pedido también a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que, junto con la CE, inicie una investigación independiente "con el fin de proteger la integridad y la credibilidad de las instituciones europeas y garantizar plena transparencia e independencia en sus interacciones con ONG y otros actores interesados".
La organización muestra su profunda preocupación ante unas averiguaciones que considera "especialmente alarmantes por su impacto potencial en sectores como el pesquero, que ya enfrenta enormes presiones regulatorias y económicas". A su juicio, políticas vinculadas al Pacto Verde, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, "tienen consecuencias profundas para las comunidades pesqueras europeas, exigiendo medidas drásticas como el cierre adicional de caladeros tradicionales". Según Europêche, si se confirmara que se han utilizado fondos públicos para apoyar campañas destinadas a influir en estas políticas, tales acciones podrían haber comprometido la imparcialidad e integridad democrática del proceso de decisión dentro de la Unión Europea.
Incremento de campañas contra la pesca de fondo
A este respecto, el sector pesquero europeo apunta concretamente al "crecimiento en los últimos años de las campañas contra la pesca de fondo, lideradas por ONG que abogan por la prohibición total de un método de pesca legal, certificado y estrictamente regulado en Europa, en lugar de buscar mejoras o colaborar con el sector pesquero".
Para restaurar la confianza en el proceso de toma de decisiones, la investigación independiente solicitada por Europêche debería "identificar las organizaciones implicadas, sus objetivos y la financiación recibida". Este proceso debe, según el sector pesquero, esclarecer los hechos, determinar si se han producido vulneraciones de los principios democráticos y proponer medidas correctivas para evitar problemas similares en el futuro.
Hasta que se proporcionen estas aclaraciones, la organización aboga por "suspender cualquier decisión que pueda haber sido influida por estas prácticas presuntamente irregulares", ya que, en su opinión, "continuar implementando políticas adoptadas bajo un sistema potencialmente comprometido supone respaldar prácticas que las instituciones de la UE, particularmente la CE, critican habitualmente cuando ocurren en otros Estados o instituciones".
Según Javier Garat, presidente de Europêche y secretario general de Cepesca, “si se confirman estas acusaciones, representarían una grave vulneración de los principios democráticos y una traición a la confianza depositada en las políticas medioambientales europeas adoptadas en la legislatura anterior. Nuestros pescadores, que ya enfrentan enormes desafíos para adaptarse a las políticas del Pacto Verde, merecen procesos de decisión transparentes, imparciales y responsables. El sector –continua Garat–, que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria de Europa y a las economías costeras, no puede soportar el peso de políticas moldeadas por propuestas ambientales radicales impulsadas mediante esfuerzos de lobby no declarados”.
Por último, Europêche reitera su apoyo a la sostenibilidad medioambiental, pero subraya que "la formulación de políticas debe ser equilibrada, basada en evidencias y respetuosa con las realidades socioeconómicas de las comunidades europeas".
Grupos con sede en Alemania, España y Suecia
Al debate que el asunto ha suscitado en las instituciones europeas se une la voz de Tycho Vandermaesen, director de políticas de la Oficina de Política Europea de WWF, quien ha dicho que es "preocupante ver a algunos parlamentarios cuestionar la integridad de organizaciones de la sociedad civil respetables", en alusión al Partido Popular Europeo, pero ha señalado que una mayoría de eurodiputados "democráticos" habían apoyado la financiación continua de la UE a las ONG.
Ahora, está previsto que el Tribunal de Cuentas Europeo presente en junio un informe especial sobre dicho apoyo, pero su investigación se ha centrado en grupos con sede en Alemania, España y Suecia, no en las organizaciones con sede en Bruselas que están en el centro del actual revuelo político.