Hasta 130 organizaciones ecologistas, de derechos humanos, diversas plataformas y colectivos han enviado hoy una carta al presidente Pedro Sánchez en la que exigen el fin de las relaciones comerciales con Enlight Renewable Energy, una empresa energética israelí que opera en el Estado español, a pesar de promover la ocupación de tierras palestinas.
La empresa Enlight Renewable Energy tiene proyectos energéticos en territorio ilegalmente ocupado en Palestina y Siria. En el caso de España, en el año 2022 construyó el parque eólico GECAMA, en Castilla-La Mancha, el más grande del Estado y que ha obtenido financiación para su hibridación con energía fotovoltaica y almacenamiento energético. En la actualidad Enlight Renewable Energy está tramitando la obtención de un permiso para instalar una planta de almacenamiento energético con baterías de litio en el municipio de La Fueva (Huesca), proyecto rechazado frontalmente por los habitantes y las autoridades de la zona y denunciado por Amigas de la Tierra y otras organizaciones.
Después de 21 meses de genocidio, no sólo son las empresas armamentísticas el problema de la violencia y la ocupación sobre el pueblo palestino. Empresas energéticas como esta forman parte de un entramado que sustenta la ocupación ilegal de tierras palestinas, en connivencia con el propio Estado de Israel.
Según juristas de Derecho Internacional, “no es factible para los terceros estados diferenciar entre la economía de Israel y la economía de la ocupación”. La empresa denunciada es la constructora del proyecto eólico israelí de más envergadura, que se encuentra sobre territorio ocupado en los Altos del Golán, zona de gran interés militar. A su vez, abastece a asentamientos ilegales, por lo que no hay duda de la relación entre sus intereses comerciales y los de la ocupación. Enlight colabora al menos desde 2011 con el ejército israelí (IDF), por ejemplo mediante la instalación de un parque fotovoltáico en una de sus bases aéreas.
En la carta, también dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las organizaciones firmantes reclaman al Gobierno que respete el Derecho Internacional, ya que al permitir la presencia de esta empresa en territorio español está incumpliendo sus obligaciones internacionales. La Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 insta a los países a “abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel” que puedan afianzar su presencia ilegal en territorio ocupado palestino. La Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció en el mismo sentido, en una resolución que el propio Gobierno apoyó.
Asimismo, las organizaciones piden que se revisen las relaciones comerciales con todas las empresas israelíes, ya que todas en algún grado pueden estar facilitando el genocidio, la ocupación y el apartheid.
Las organizaciones cierran el escrito con la petición unánime que desde hace meses está solicitando la sociedad civil de imponer de forma inmediata el embargo de armas a Israel, que incluya el fin de la compraventa de armas y su tránsito por territorio español. Denuncian que “mientras el presidente Sánchez es aplaudido por sus discursos a favor del pueblo palestino y por su reconocimiento del Estado de Palestina, medidas cosméticas frente a la gravedad de la situación, el Gobierno sigue vendiendo y comprando armas y permitiendo el tránsito de buques cargueros por los puertos españoles”.
Adriana Espinosa, portavoz de Amigas de la Tierra, ha declarado: “El Gobierno tiene el deber de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil y de cumplir con el mandato de la Corte Internacional de Justicia para no ser cómplice de la ocupación israelí en tierras palestinas. No debería recaer en la ciudadanía la supervisión del cumplimiento del Derecho Internacional y la denuncia constante de las violaciones que los diferentes estados europeos siguen cometiendo. Sin embargo, seguiremos denunciando la complicidad ante el genocidio y exigiendo medidas contundentes para el alto al fuego y frenar la impunidad israelí”.
Marina Gros, portavoz de Ecologistas en Acción, ha añadido: “Especialmente desde las federaciones de Aragón y Castilla-La Mancha nos oponemos a que la transición energética sea perpetrada en nuestros territorios por empresas que promueven la ocupación en tierras palestinas, con proyectos que han sido rechazados por la ciudadanía. Exigimos que los pueblos participen para que su soberanía y su integridad sean respetadas. Necesitamos una planificación y dimensionamiento de las renovables y el almacenamiento energético que tenga en cuenta las necesidades de los territorios y sus capacidades, así como un ámbito de exclusión para que empresas cómplices del genocidio no puedan operar dentro del Estado español”.