Las organizaciones que en el Estado español llevan años trabajando para lograr que la economía europea deje de contribuir a la deforestación a nivel mundial y frenar así las crisis climática y de biodiversidad, agrupadas en la Alianza Cero Deforestación, han alertado de que el tiempo corre en contra para la adopción de todas las disposiciones que permitan la correcta aplicación del reglamento europeo contra la deforestación importada (Reglamento EUDR 2023/1115).
La principal medida que debe adoptarse a escala estatal es la aprobación de la ley que incorpore al ordenamiento jurídico español el Reglamento Europeo que, si bien es de aplicación directa, requiere que su régimen sancionador sea recogido en una ley de carácter estatal. Además, la ley debe detallar las competencias para los diferentes niveles de la administración en España, la AGE y las comunidades autónomas, incluyendo los sistemas de información y los planes de control e inspección y el intercambio de información entre ellas y con sus homólogos europeos.
El Anteproyecto de Ley de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR) de comercialización de productos libres de deforestación y del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 (FLEGT) se ha sometido a exposición pública hasta el 29 de julio, y debe, posteriormente a este trámite, entrar en el Congreso de los Diputados para su aprobación parlamentaria. Las organizaciones de la Alianza Cero Deforestación han presentado alegaciones para mejorar la ley mediante la concreción de medidas y evitando cualquier incertidumbre de protocolos de actuación o de productos a los que son de aplicación el EUDR (hasta el momento, soja, aceite de palma, cacao, café, caucho, madera, ganado vacuno y la mayoría de sus derivados), así como productos de la ganadería que hayan sido alimentados con alguno de ellos.
Asimismo, la alianza insiste en su llamamiento a la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez y de los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado. El reglamento EUDR es una ley europea de obligado cumplimiento, aprobada con una amplia mayoría en las instituciones comunitarias y con un apoyo muy grande por la sociedad civil. "Su tramitación en las Cortes debería ser rápida y exenta de polémicas y enfrentamientos partidistas, pues lo que está en juego es simple y llanamente una de las medidas que más pueden ayudar a frenar la deforestación de los ecosistemas más biodiversos del planeta: las selvas tropicales y ecuatoriales y la vulneración de los derechos humanos de quienes los habitan". La organización considera que detener esa pérdida forestal es imprescindible para hacer frente a la crisis climática y para frenar la extinción masiva de biodiversidad, las dos caras de la misma moneda: una crisis ecológica global que amenaza a nuestra sociedad y al conjunto de la vida en el planeta.