A principios de este año, la noticia de un hombre de 45 años que contactó, manipuló, abusó y ofreció a una niña de 12 años por redes sociales conmocionó a la opinión pública. Lo que parecía un caso aislado era, en realidad, el reflejo de un fenómeno creciente y extremadamente preocupante: la explotación sexual infantil en entornos digitales.
Ese caso no fue una excepción. Las redes sociales, las aplicaciones de citas y los videojuegos online se han convertido en el terreno de caza de los nuevos agresores. Lejos de los estereotipos del desconocido en una furgoneta, hoy los explotadores sexuales de menores se esconden tras perfiles falsos, pero también —y esto es lo más alarmante— tras cuentas reales y públicas.
Una violencia invisibilizada y normalizada
Según los datos del último informe presentado por diversas entidades expertas en infancia, psicología, derecho y ciberseguridad, en 2023 se registraron en España 4.896 denuncias por delitos cibernéticos contra menores. De ellas, 1.068 fueron por delitos sexuales. Pero los profesionales coinciden en que esta cifra es solo la punta del iceberg. La mayoría de las agresiones digitales no se denuncian, muchas veces por vergüenza, desconocimiento o miedo.
Lo más preocupante es que muchas conductas que deberían alarmar, están completamente normalizadas. Prácticas como el sexting (envío de imágenes íntimas entre adolescentes), el contacto con adultos a través de redes sociales o la difusión de fotos sin consentimiento son vistas como parte de la vida digital. Pero esas prácticas, cuando implican menores, pueden acabar fácilmente en sextorsión, chantaje o en redes de difusión de material de abuso sexual infantil.
La tecnología, lejos de ser neutra, actúa como facilitadora de estas violencias. El informe recoge que el 100 % de las víctimas encuestadas compartieron información o imágenes íntimas en Internet durante su infancia o adolescencia. Y que las herramientas de inteligencia artificial han disparado la producción de imágenes falsas hiperrealistas de menores, generadas sin su consentimiento y en muchos casos basadas en fotos públicas de redes sociales.
La infancia en peligro: abusos que ya no necesitan contacto físico
En 2024, se recibieron más de 67.000 denuncias por material de abuso generado mediante inteligencia artificial. Y sin embargo, cerca del 70 % de los y las jóvenes encuestadas no lo identificaban como un riesgo real.
No hace falta tocar para hacer daño
Uno de los grandes cambios es que ya no es necesario un contacto físico para que se produzca la violencia. El live streaming de abusos sexuales es una de las formas más extremas de explotación digital. Adultos que pagan desde cualquier lugar del mundo para ver, en directo, cómo se abusa de un menor en tiempo real. No hay grabación. No hay prueba. Solo un niño o niña sometido en el momento.
Estos actos se organizan, muchas veces, por redes criminales que actúan en países empobrecidos y facilitan las transmisiones desde entornos familiares. Pero también hay casos en España, donde familiares o personas cercanas actúan como facilitadores del abuso.
¿Quiénes son los agresores?
Según datos del Ministerio del Interior, el 93 % de los detenidos por grooming (captación sexual de menores online) son hombres. La franja de edad más común: entre 18 y 25 años. Pero el perfil es diverso. Muchos no ocultan su identidad. Muchos forman parte del entorno cercano del menor. E incluso se han detectado casos en los que los agresores son otros adolescentes o incluso hermanos mayores.
Además, se está produciendo un fenómeno preocupante: adolescentes que consumen material de abuso sexual infantil. El informe cita estudios donde los propios adolescentes reconocen haber compartido o visualizado contenidos sin entender la magnitud del daño. Y otros casos en los que chicos o chicas crean y difunden imágenes sexuales de otros menores.
Las encuestas realizadas en el marco del informe revelan una falta alarmante de conciencia. Solo un 23 % de los encuestados supo identificar correctamente todas las conductas que constituyen grooming. Menos del 35 % identifican como riesgo enviar imágenes íntimas a adultos. Y una mayoría no ve problemático reenviar imágenes sexuales de otros menores sin consentimiento.
Esto refleja una banalización de la violencia. Y un grave fallo en la educación digital y afectiva de nuestros jóvenes.
La legislación va por detrás
La legislación actual en España contempla como delito la producción, posesión o difusión de material de abuso sexual infantil. También sanciona el sexting no consentido, y se están tramitando nuevas leyes para incluir delitos como la creación de imágenes con IA o el consumo de "manuales pedófilos". Pero sigue siendo insuficiente.
Las aplicaciones de citas, por ejemplo, no verifican la edad de sus usuarios. Cualquier menor puede crear un perfil con solo cambiar su fecha de nacimiento. Así, adolescentes de 15 años están expuestos al contacto con adultos que buscan fines sexuales, sin ninguna barrera efectiva.
La explotación sexual digital de menores es ya una realidad cotidiana. No es un crimen del futuro: está ocurriendo aquí y ahora. En los móviles de nuestros hijos e hijas. En sus juegos online. En los perfiles de Instagram que siguen.
Proteger a la infancia en este nuevo escenario exige medidas legislativas urgentes, una implicación real de las plataformas tecnológicas y, sobre todo, educación: emocional, digital y afectiva. Enseñar a identificar los riesgos, a decir no, a pedir ayuda. Y enseñar a los adultos a escuchar, a supervisar y a proteger.
Porque el silencio y la ignorancia son los mejores aliados de los agresores.