El pasado mes de julio la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) inició la búsqueda de varias fosas comunes en el lugar conocido como El Rellán, dentro del término municipal de Grau (Asturias). Cuando aparecieron los primeros restos humanos se personó en el lugar la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1, acompañada por la policía judicial. Dando cumplimiento a la obligación dictada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal el juzgado se hizo cargo de los restos, así como de las evidencias balísticas. Se trató de algo bastante inusual ya que la mayoría de los Juzgados incumplen su deber y se niegan a llevar a cabo actuaciones con respecto a las fosas del franquismo, a las que están obligados.
A raíz de la investigación y del conocimiento de que se estaba llevando a cabo la exhumación, la ARMH y el ayuntamiento de Grado han recogido información de 25 familias que podrían tener a un ser querido en alguna de esas fosas. Entre ellas hay hijas o hijos nonagenarios que tienen la necesidad de que las actuaciones se lleven a cabo con urgencia. Para facilitar el proceso, la ARMH ha puesto a disposición de la Justicia toda la información que ha recogido, con el fin de que las pruebas genéticas se lleven a cabo a la mayor celeridad posible.
Pero las semanas han ido transcurriendo sin novedad y el pasado mes de diciembre la ARMH contactó con el Juzgado para conocer cómo se encontraba el procedimiento. Y en la respuesta de la juez titular se dice: “Visto el contenido del escrito remitido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica hágase saber por medio de la presente resolución que las diligencias se encuentran archivadas, por sobreseimiento provisional, hasta que se reciba el informe forense”.
Viendo que el informe forense es lo que retrasa la resolución del sobreseimiento provisional, la ARMH ha dirigido por registro un escrito al Ministerio de Justicia exigiéndole celeridad en este tipo de actuaciones que afectan a personas de muy avanzada edad, que llevan demasiados años esperando a dar con los restos de sus seres queridos. No se trata de la primera vez que un juzgado interrumpe la exhumación de una fosa común y tras el transcurso de unos meses decide que no va a llevar a cabo ningún tipo de actuación al respecto. “Entendemos que el Ministerio de Justicia debería crear un protocolo de actuación para este tipo de casos, algo que agilice las decisiones y tenga en cuenta por cuestiones humanitarias que si el juzgado puede permitirse el paso del tiempo hay mucho familiares que no”, explica Marco Antonio González, vicepresidente de la ARMH. “Cuando encontramos restos humanos acudimos a denunciarlo al juzgado o al cuartel más cercano y lo hacemos con la idea de que se judicialice y se lleven a cabo actuaciones que garanticen los derechos de las familias, pero a veces nos encontramos con situaciones que añaden complicaciones y retrasos a algo que ya es suficientemente complicado y muy urgente”, concluye.