Las calles de Madrid se llenaron de voces reclamando el derecho a una vivienda digna el pasado 13 de octubre. Miles de personas, respaldadas por más de cuarenta colectivos, exigieron una solución para la crisis habitacional que afecta a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la movilización, el Gobierno regional, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha permanecido en silencio. Los organizadores califican esta falta de respuesta como "indignante" y denuncian que la gestión de Ayuso ha agravado la situación, priorizando los intereses privados sobre las necesidades de la ciudadanía.
Un grito colectivo en defensa de un derecho básico
La manifestación del 13 de octubre reunió a miles de madrileños y madrileñas comprometidos con la reivindicación de una vivienda accesible y asequible. La marcha, organizada por una amplia coalición de colectivos, planteó no solo la urgencia de la crisis habitacional, sino también la exigencia de un cambio de rumbo en las políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid.
Desde el aumento imparable del precio de los alquileres hasta la escasez de viviendas públicas, la situación actual obliga a muchos a vivir en condiciones precarias o incluso a abandonar la ciudad. Las políticas de vivienda de la Comunidad, afirman los organizadores, favorecen el negocio de unos pocos en detrimento de las necesidades de la mayoría. Por ello, han instado a Ayuso y a su equipo a escuchar a las familias afectadas y a implementar de inmediato las medidas que reclama la ciudadanía.
La respuesta de Ayuso: silencio y evasión
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha adoptado una postura evasiva ante la crisis habitacional. En lugar de tomar medidas concretas, Ayuso ha optado por negar la declaración de "zonas tensionadas" que permitiría regular los precios de alquiler en áreas críticas. A esto se suma la venta de viviendas públicas a fondos de inversión, el crecimiento de los pisos turísticos ilegales y la desclasificación de viviendas protegidas, que terminan convirtiéndose en propiedades al alcance solo de las clases altas. Los colectivos consideran que este enfoque "deja de lado a quienes más necesitan una solución".
Además, la situación en áreas específicas, como San Fernando de Henares, afectada por los daños de la línea 7B de Metro, y la Cañada Real, donde miles de familias llevan cuatro años sin acceso a electricidad, se ha convertido en símbolo de la falta de compromiso social del Gobierno autonómico. En estas zonas, la ausencia de medidas efectivas y la falta de un diálogo real han empeorado las condiciones de vida de muchas familias.
Ayuntamientos sin respuestas a una emergencia habitacional
Los colectivos señalan también la falta de implicación de muchos ayuntamientos madrileños, incluido el de la capital, que se han mostrado pasivos ante esta crisis. En lugar de adoptar políticas urbanísticas sostenibles y accesibles, los ayuntamientos continúan con su visión mercantilista de la vivienda y el suelo, destinándolos principalmente a proyectos que favorecen a grandes inversores. En palabras de los organizadores, “no es de recibo” que los municipios “solo vean el urbanismo como una vía de ingresos”, olvidando las necesidades de quienes residen en ellos.
Este enfoque urbano, centrado en maximizar beneficios en lugar de garantizar condiciones de vida dignas, se percibe especialmente problemático en el contexto de la emergencia climática. La adaptación de las ciudades al cambio climático se encuentra relegada, con prácticas que promueven la destrucción de espacios naturales y limitan las posibilidades de expansión de áreas verdes en los entornos urbanos.
Críticas a las medidas del Gobierno central: ayudas que benefician a los rentistas
Si bien el Gobierno central ha anunciado algunas iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda, estas no son suficientes para los colectivos de la marcha del 13 de octubre. Programas como el bono joven de alquiler, advierten, en muchos casos, terminan beneficiando a los grandes propietarios, que pueden incrementar los alquileres ante la demanda generada por las ayudas. Por ello, insisten en la necesidad de un parque de vivienda pública que realmente ayude a reducir los precios de manera estructural.
“Las subvenciones y bonos solo engrosan las arcas de los rentistas, no solucionan la raíz del problema”, enfatizan los organizadores. En su lugar, proponen una serie de medidas para afrontar la crisis habitacional, desde la recuperación de viviendas de la SAREB, hasta expropiaciones en casos de interés público y la reutilización de suelo público en proyectos como las operaciones Chamartín y Campamento.
Un decálogo de demandas y un compromiso de lucha
Para responder a esta situación, los colectivos presentaron un decálogo de demandas en el marco de la manifestación, que incluye desde la regulación de los alquileres hasta la clausura de pisos turísticos ilegales. Además, piden la conservación del patrimonio natural y la reparación de derechos básicos vulnerados, como el acceso a electricidad en la Cañada Real y soluciones para los afectados por la línea 7B del Metro.
Estas organizaciones, decididas a mantenerse en la lucha, han convocado a la ciudadanía madrileña a participar en futuras movilizaciones. Tras una asamblea de evaluación celebrada el 22 de octubre, los colectivos han anunciado su compromiso de continuar con las protestas, programando nuevas acciones para las próximas semanas. “La vivienda es un derecho, no un negocio”, afirman con determinación, reiterando que el apoyo popular es esencial para alcanzar los cambios que tanto necesitan las familias madrileñas.
“Madrid necesita soluciones, no excusas”
El mensaje que lanzan estas organizaciones es claro: no es suficiente con anuncios vacíos o medidas insuficientes. La situación exige un cambio de rumbo decidido y comprometido, que priorice el derecho de todos a una vivienda digna por encima de los intereses especulativos. En una ciudad como Madrid, donde la precariedad y los elevados costes habitacionales han alcanzado niveles alarmantes, la presión social continuará creciendo hasta que se implemente un verdadero cambio.
La manifestación del 13 de octubre marca el comienzo de una nueva etapa en la lucha por la vivienda. Los colectivos organizadores confían en que el Gobierno de Ayuso, junto con los ayuntamientos y el Gobierno central, se sensibilicen ante las demandas de la ciudadanía y asuman su responsabilidad para con las personas que más lo necesitan. La batalla por la vivienda en Madrid sigue en marcha, y con ella, la esperanza de una ciudad más justa y habitable.