Una de cada cuatro personas en España considera que la vivienda es uno de los problemas principales del país, según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El porcentaje de población preocupada por el acceso a una vivienda en condiciones dignas no ha hecho más que aumentar en los últimos años, de la mano de la subida continuada de los precios del alquiler y de la venta y las dificultades para encontrar una vivienda asequible. En los últimos meses, parte de la población se ha manifestado para reclamar soluciones, y desde la administración y los partidos políticos se han propuesto diferentes salidas para esta crisis.
Entre las causas del problema, uno de los grandes señalados es el incremento del alquiler turístico de la mano de plataformas como Airbnb, que han operado en los últimos años en un contexto de escasa regulación. En su último estudio, publicado en abierto en la revista Cities, el catedrático de los Estudios de Economía y Empresa Francesc González Reverté y el investigador Pablo Díaz Luque, del grupo Nuevas perspectivas en turismo y ocio (NOUTUR), adscrito a la unidad de investigación sobre management y gobernanza, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), parten de esta relación tensa entre turismo y vivienda para ir más allá y estudiar las posibles soluciones al problema. Y, tras analizar las motivaciones de las personas arrendadoras de viviendas turísticas, señalan que una parte podría estar dispuesta a compartir su propiedad bajo alguna fórmula de alquiler social.
“Cuando el acceso a la vivienda se ve restringido a la oferta del sector privado, cualquier actor extra que compita por la vivienda en el mercado, como las plataformas de alquiler turístico, lo tensiona más y deriva en situaciones de desigualdad social”
La crisis de la vivienda en España
El problema del acceso a la vivienda no es responsabilidad exclusiva del turismo, sino que tiene causas estructurales. "Es el resultado de dejar el acceso a la vivienda, casi en exclusiva, en manos del sector privado, de la ausencia de políticas sólidas de vivienda social y de la falta de suelo para uso residencial en áreas urbanas con demanda creciente", explica Francesc González. "En ciudades turísticas con un mercado de la vivienda tensionado, el alquiler temporal turístico ejerce una presión extra que termina por generar el aumento de los precios de alquiler, el incremento general del precio de la vivienda y, en los casos más graves, el desplazamiento residencial de personas que son apartadas del mercado de compraventa y de alquiler".
Durante décadas, las políticas en materia inmobiliaria en España han favorecido la propiedad por encima del alquiler y han limitado la oferta de vivienda protegida. De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), menos de un 20 % del parque inmobiliario del país está en alquiler y apenas un 2,7 % es alquiler social. Esta última cifra contrasta con la media de la Unión Europea y la OECD (cercana al 8 %) y, sobre todo, con la de algunos países con políticas sólidas de vivienda protegida, como los Países Bajos, Austria o Dinamarca, donde el alquiler social supera el 20 % del parque de vivienda.
El resultado es que alrededor del 24 % de la población está en riesgo de exclusión en materia de vivienda en España y 4,6 millones de personas viven en hogares con condiciones inadecuadas, según el observatorio Housing Rights Watch. En este contexto, la entrada en escena de las plataformas de alquiler turístico temporal desde principios de los 2000 no ha hecho más que incrementar la tensión. "En situaciones donde el acceso a la vivienda se ve prácticamente restringido a la oferta del sector privado, cualquier actor extra que emerja y compita por la vivienda en el mercado, como las plataformas de alquiler turístico, lo tensiona más y deriva en situaciones de desigualdad social que requieren políticas específicas para reducirlas, tanto desde el punto de vista del turismo como del urbanismo", añade Pablo Díaz Luque.
Motivar a los propietarios de vivienda turística
El problema actual de la vivienda no tiene una solución única. Para los investigadores de la UOC, las propuestas que se han planteado hasta ahora, bajo diferentes visiones e ideologías, van encaminadas a un aumento del parque de vivienda protegida en alquiler, a subvenciones que faciliten el acceso a la vivienda que ofrece el sector privado, a la liberalización del suelo y al impulso de la construcción para aumentar la oferta, así como al desarrollo de políticas de control de los precios y de deducciones fiscales con mayores garantías a los arrendadores. En su estudio, sin embargo, proponen una alternativa diferente: motivar a las personas propietarias de viviendas turísticas para apostar por unos usos más sociales.
Las motivaciones de carácter económico, como incrementar los ingresos, mejorar la calidad de vida o ganar autonomía económica, son las más habituales entre quienes ofrecen sus viviendas a través de plataformas de alquiler turístico. Sin embargo, tal y como se desprende del estudio de González Reverté y Díaz Luque, estas conviven con otras motivaciones, como conocer a gente nueva, compartir vivencias y estilo de vida con los visitantes, o incluso combatir la soledad. Teniendo esto en cuenta, algunas personas arrendadoras, si se dieran las condiciones adecuadas, estarían dispuestas a abandonar el alquiler turístico y a ofrecer su vivienda bajo alguna fórmula de alquiler social.
"En general, la predisposición a destinar el piso en formato de alquiler social o protegido es media-baja entre el conjunto de personas propietarias analizado. Sin embargo, es interesante destacar que existen diferencias según sus intereses. Las personas cuya motivación principal es económica están más predispuestas a cambiar a alquiler social si les sigue dando ingresos mediante contratos subvencionados. En cambio, quienes tienen motivaciones de carácter social —como conocer gente o compartir experiencias— son algo más reacios, pero consideran la opción de alquiler social siempre que les siga aportando beneficios derivados de socializarse", subraya González Reverté.
"La principal conclusión de nuestro estudio es que existe potencial para que esas pequeñas propietarias con su vivienda en alquiler turístico la ofrezcan en alguna modalidad de vivienda social", añade Pablo Díaz Luque. "Una segunda conclusión es que las motivaciones de carácter social nunca actúan en solitario, sino que siempre van acompañadas del factor económico. Esto nos lleva a la tercera conclusión: la concienciación social o altruista que puedan tener las personas propietarias no conduce a nada si no va acompañada de políticas de subsidio para la conversión de su vivienda en alquiler social".
"Nuestra posición es reflexionar sobre una tercera vía ante el problema de la vivienda temporal que exige la negociación entre actores en lugar del conflicto y la confrontación, para así aprovechar los recursos —las viviendas— de elevado valor social potencial", concluye González Reverté. "Para poder pasar de una situación hipotética ideal —el potencial que ofrecen las personas propietarias— a una de real —transformar las viviendas a alquiler social—, hacen falta políticas de intervención sólidas".