Los sindicatos UGT y CCOO han emitido un comunicado conjunto en el que valoran positivamente algunos de los avances incluidos en el último borrador de reforma de la Ley de Dependencia, pero advierten de que el texto aún contiene vacíos y elementos preocupantes que deben corregirse durante su paso por el Parlamento.
La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, propone una serie de cambios en la Ley 39/2006, con el objetivo de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y reforzar la profesionalización del sector. UGT y CCOO consideran que el nuevo planteamiento introduce avances necesarios, aunque no suficientes, y han hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que introduzcan mejoras clave antes de su aprobación definitiva.
Un sistema de copago más justo y común en todo el Estado
Uno de los puntos más destacados por las organizaciones sindicales es la inclusión de un marco común de copago en todo el país. Hasta ahora, cada comunidad autónoma aplicaba criterios distintos, lo que generaba desigualdades en el acceso a los servicios. La reforma propone establecer unas reglas compartidas que regulen lo que deben pagar las personas beneficiarias, avanzando así hacia una mayor equidad.
El cuidado de calidad pasa por empleo digno y servicios públicos fuertes
Este cambio cumple con uno de los compromisos adquiridos en el Plan de Choque del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), firmado en 2021 entre el Gobierno y los agentes sociales.
Más garantías de empleo de calidad para cuidar mejor
Otro avance que destacan UGT y CCOO es el refuerzo de la calidad del empleo en el sector de la dependencia. La nueva redacción obliga a que todas las empresas, públicas y privadas, cumplan con unos ratios mínimos de personal tanto en tareas auxiliares (limpieza, cocina, etc.) como en atención directa. Además, todo el personal deberá contar con la formación profesional adecuada, algo que hasta ahora no siempre se cumplía.
Para los sindicatos, esta mejora laboral es también una garantía de calidad para las personas usuarias, ya que los cuidados solo pueden prestarse de forma adecuada si quienes los realizan tienen condiciones dignas.
Aspectos preocupantes que deben cambiarse
Pese a estos avances, UGT y CCOO advierten de varios retrocesos que deben corregirse. Uno de los más graves es la eliminación de la atención sanitaria en las residencias. El nuevo texto elimina la obligación de que estos centros ofrezcan atención médica, algo que los sindicatos consideran inaceptable: “Quitar esta parte debilita la atención integral y pone en riesgo la salud de los residentes”, han señalado.
También critican la flexibilización de la ayuda económica al cuidado familiar, que en su forma actual podría fomentar el empleo precario y no regulado. UGT y CCOO consideran que esta prestación debería mantenerse solo en contextos rurales donde no haya alternativa profesional disponible.
Además, denuncian que el texto no incluye ningún compromiso firme de financiación pública suficiente, algo que consideran fundamental para que el sistema funcione. A día de hoy, España destina apenas el 0,8 % del PIB al sistema de dependencia, frente al 1,5 % o 2 % que dedican otros países europeos. Los sindicatos exigen que se eleve esa cifra y que la financiación se reparta por igual entre el Estado y las comunidades autónomas.
Un paso adelante que aún necesita mejoras clave
UGT y CCOO coinciden en que esta reforma puede suponer un cambio positivo si se corrigen los elementos mencionados. Valoran el trabajo hecho hasta ahora por el Ministerio, pero advierten de que no se puede dejar pasar la oportunidad de mejorar un sistema esencial para cientos de miles de personas.
“El empleo digno y los servicios públicos fuertes son la mejor garantía para que el derecho a ser cuidado no dependa del bolsillo, ni del lugar donde se viva”, concluyen los sindicatos. Ahora la responsabilidad recae en el Parlamento, que tendrá que decidir si el nuevo modelo de dependencia da prioridad a la calidad o perpetúa desigualdades y precariedad.