Podrá parecer que el Consejo General del Poder Judicial ha cogido velocidad de crucero. Nada más lejos de la realidad. Es cierto que, al menos, han logrado desbloquear los nombramientos de 67 de las 100 plazas de mandos en las instancias superiores que se encontraban vacantes desde que el parlamento aprobó el decreto de marzo de 2022 que prohibía la provisión de plazas mientras el órgano de gobierno de los jueces estuviese en funciones. Algo es algo. Pero siguen sin llegar a un acuerdo en torno a las dos presidencias clave: las de la sala de Lo Penal, y lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ocupan, provisionalmente, los dos candidatos de los conservadores, Andrés Martines Arrieta y Pablo Lucas.
Los vocales de la derecha judicial no tienen prisa porque la falta de acuerdo les permite a dos de sus candidatos ocupar los puestos indefinidamente, al menos hasta que cumplan la edad de jubilación dentro de dos años. Y las candidatas de los progresistas, Ana Ferrer y Pilar Teso, están vetadas. Ya lo fueron cuando la primera de ellas presentó su candidatura a la presidencia del CGPJ y del TS. Las consideran demasiado próximas a su “bestia negra”, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al que consideran el verdadero estratega de la izquierda judicial, y más concretamente a su asociación Juezas y Jueces para la Democracia.
Oficialmente, la lucha por estas dos presidencias se reduce a una cuestión de paridad. Los progresistas creen que deben ocuparlas mujeres y los conservadores consideran que la ley sobre igualdad debe cumplirse con la totalidad de los cien puestos a cubrir. Y en tal sentido argumentan que el 46,67 de los nombramientos han sido para mujeres en esta última tanda. El fondo es bien diferente. Aunque a Martínez Arrieta y a Lucas los miembros de la carrera judicial les consideran “moderados” lo cierto es que el primero ha sido la “mano derecha” de Manuel Marchena, el anterior presidente ultraconservador que sigue mandando en la sombra. Y a Pablo Lucas, la izquierda no le perdona sus sentencias en contra de las decisiones del gobierno progresista, entre otras la designación por el fiscal general del Estado de Dolores Delgado como fiscala de sala encargada de Memoria Democrática, y la de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, esta última “por no ser una jurista de reconocido prestigio”. Pablo Lucas fue el autor del fallo que paralizó, cautelarmente, la exhumación y el traslado de los restos de Franco y el que obligó a incluir los toros en el bono cultural joven. Formó parte del comité asesor de la cátedra de Buen Gobierno de la Universidad de Murcia donde compartió asiento con Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la fundación ultraderechista Hay Derecho, cuyo recurso tumbó el nombramiento de Valerio. Razones suficientes para que los vocales progresistas rechacen su nombramiento.
Los miembros progresistas de la comisión en la que se están negociando estos nombramientos, José María Fernández Seijo, y Esther Erice Martínez comunicaron, en el último momento, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en esos dos casos y en otros siete más, entre ellos el presidente de la sala Militar del Supremo, una de las dependencias más necesitadas de refuerzos a pesar de que se han logrado cubrir siete vacantes en esta última tanda de designaciones.
De todas maneras, la presidenta del consejo, Isabel Perelló considera un éxito haber logrado acuerdos como el de la Audiencia Nacional. Su nuevo titular es un conservador, Juan Manuel Fernández, presidente del Tribunal Superior de Navarra y vocal del anterior CGPJ a propuesta del Partido Popular. Este partido apostó por Enrique López, exconsejero de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no ha logrado su propósito. Además, se ha logrado un buen acuerdo para ambas partes en el reparto de los cuatro presidentes de sala. Manuela Fernández Prado se hará cargo de la de Apelación, Alfonso Guevara, Penal, Ramón Gallo, Social, y Fernando Ruiz-Piñeiro, Contencioso Administrativo. También hubo acuerdo en dos salas del Supremo, Concepción Uresti en Social, e Ignacio Sánchez en la primera de lo Civil, y en cuatro presidencias de tribunales superiores de justicia. En total ya se han cubierto casi dos terceras plazas de las cien vacantes lo que se considera un triunfo en un organismo tan bipolarizado. Los expertos creen que la mediación de la presidenta Perelló está siendo determinante.
Pero el pleno del consejo sigue muy dividido en los asuntos más controvertidos. No hubo acuerdo para presentar un informe sobre la forma de elección de los vocales cuando los actuales terminen mandato, y no se debate sobre la queja formal presentada por el fiscal general del Estado contra el registro de las dependencias de Fortuny dictaminado por el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado. Tampoco se analizan otras actuaciones controvertidas como es la del titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, en la instrucción en la que tiene imputada a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Los vocales rehúyen todos los asuntos que pueden acabar en enfrentamiento. Comisiones como la de asuntos disciplinarios apenas dan señales de vida y, afortunadamente, todavía no han tenido que entrar en elaborar dictámenes de proyectos de ley aprobados en los consejos de ministros.
Ya no se puede hablar de bloqueo, pero lo que sí está claro es que el reparto que acordaron los negociadores del PP, Esteban González Pons, y PSOE, Félix Bolaños, implica la imposibilidad de sacar adelante el trabajo que tiene encomendado el órgano de gobierno de los jueces. El empate entre progresistas y conservadores, y la obligación de tomar las decisiones importantes por mayoría cualificada de trece vocales, aplaza los temas más controvertidos que son claves para la necesaria democratización de la carrera judicial