En la legislación española las competencias de las instituciones están claramente delimitadas. Por eso que el Tribunal Supremo se haya puesto a confeccionar sentencias utilizando argumentos políticos y, además, de escaso peso, no sólo está generando indignación en la sociedad civil sino también en instancias como el Tribunal Constitucional que le está enmendando la plana. Por ello la derecha se apresura a desautorizarlo al decir que está al servicio de Moncloa y que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, se encuentra “al borde del abismo bolivariano”.
Dos de sus magistrados, Tolosa y Espejel, claramente vinculados al PP, acusan a la mayoría de “intentar suplantar al Supremo” con las sentencias sobre los ERE de Andalucía. Nunca nadie se atrevió a llevar a cabo una campaña de desprestigio como la que estamos asistiendo ahora. Habría que recordar a la derecha que hace dos años, la mayoría de los miembros del TC habían sido designados por el PP. Estos se atrevieron a provocar una grave crisis cuando anularon una decisión parlamentaria que se estaba debatiendo. Y todavía se puede ir más lejos. Un presidente de la corte de garantías, entre 2008 y 2011, Francisco Pérez de los Cobos, era militante del Partido Popular y entonces Esteban González Pons que ahora lanza numerosos ataques contra Conde-Pumpido defendía que el titular de la magistratura podía tener carné de su partido. El enfrentamiento entre TC y TS, ahora, es profundo porque se vuelve, otra vez, a cuestionar una decisión política por parte de la judicatura y eso, según los magistrados de la corte de garantías, es inconstitucional.
El TC está utilizando un argumento contundente a la hora de amparar a los condenados de los ERES andaluces. El Supremo “criminalizó” parte de la actividad política de los altos cargos de la Junta de Andalucía a la vez que ratificaron condenas procedentes de instancias inferiores, como la Audiencia de Sevilla, sin argumentos suficientes. La discrepancia viene de lejos, pero confirma lo que dijeron las defensas en los numerosos juicios que se han celebrado sobre este asunto. No es cierto lo que dice el coordinador del PP, Elías Bendodo, de que doscientos jueces hayan dicho lo mismo.
Los magistrados que instruyeron y condenaron se basan en informes elaborados por los “expertos” de la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado. Ninguno de esos peritos pertenece a la judicatura. Ni siquiera tienen conocimientos en Derecho. Son auditores contables y, el que más, es titulado en Economía. Por supuesto, para ellos, todas las partidas aprobadas obedecían a un plan para subvencionar personas físicas y jurídicas en una situación de crisis económica y eso dio lugar al monumental desfalco al carecer de un control adecuado en las partidas de gasto. Y esa tesis fue la que utilizó la jueza instructora para elevar las acusaciones a la Audiencia Provincial que no quiso estudiar otra alternativa más que la propuesta por Mercedes Alaya.
Pero si algo caracteriza al estado de derecho es que si unos jueces se equivocan están los superiores para enmendarlos. Y ahí tenía mucho que decir el Tribunal Supremo, y no lo dijo. Porque hay que saber distinguir un acto político como es la aprobación parlamentaria de unos presupuestos, de otro administrativo, su ejecución. Los jueces entendieron que los culpables, desde los presidentes de la Junta hasta directores generales encausados, habían incurrido en un delito de prevaricación por poner en marcha y perpetuar el sistema desde la creación de los anteproyectos de presupuestos. A diez de ellos, además, les atribuyeron malversación por participar en el reparto ilegal de dinero o, al menos, por no evitar que se hiciera de forma descontrolada.
El Constitucional destaca el desconocimiento de los jueces del sistema político andaluz al señalar que, ya desde el anteproyecto de presupuestos, se estaba haciendo evidente la irregularidad basándose en los informes de los peritos que, repetimos, podrían tener mucha idea de contabilidad, pero escasa o nula de derecho. Porque si se hubiese visto alguna irregularidad contable sólo hacía falta acudir al parlamento y haberlo denunciado allí. Pero la cámara autonómica aprobó las cuentas sin advertir nada contrario a la ley. “Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, no puede ser constitutivo del delito de prevaricación. Son actos dictados por el poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía y su contenido no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial”. Así lo señala el Constitucional que acusa al Supremo y a la Audiencia de Sevilla de “haberse excedido de la función que jueces y tribunales tienen atribuida”. Y encima, la corte de garantías les reprocha su falta de razonamientos extraídos de la Constitución cuando asegura que “los órganos judiciales no han argumentado suficientemente” los delitos cometidos por uno de los recurrentes al que le dieron el amparo: “la resolución judicial carece del desarrollo argumental constitucional”, explica el TC en una de sus resoluciones.
Y a partir de ahí vuelve ese viejo debate sobre la separación de poderes. Está claro que, en sus sentencias, el TC acusa al TS de entrar en el terreno de los poderes ejecutivo y legislativo. Y hay quien señala que esto está ocurriendo con demasiada frecuencia. Y se habla abiertamente de la existencia de una conducta casi golpista en jueces próximos a la derecha judicial. Por eso el auto de Marchena sobre la amnistía no ha sorprendido a nadie. También se entra en el terreno político todavía más descaradamente que en los ERES andaluces. Ya se está esperando a ver lo que el Constitucional señala sobre estas resoluciones porque se espera un nuevo enfrentamiento.
Claro que la derecha judicial siempre dirá que el TC es una institución al servicio de Moncloa olvidándose de que las instancias judiciales, desde las audiencias provinciales y tribunales superiores territoriales hasta la Audiencia Nacional y Supremo se han nutrido, en los últimos años, de magistrados conservadores elegidos discrecionalmente por un Consejo General del Poder Judicial cuya trayectoria ha sido cuestionada y cuyas funciones deberán ser revisadas si lo que se pretende es una justicia profesional, neutral y al servicio de la ciudadanía.