La detención de un presunto cabecilla de un fraude en la concesión de subvenciones por valor de 100 millones de euros, tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Bucarest (Rumania) ha permitido desenmascarar a una una organización criminal presuntamente vinculada a la mafia. Según fuentes de la investigación, el sospechoso, un ciudadano italiano, dirigía un grupo criminal dedicado al fraude sistemático relacionado con la financiación de la UE.
Fue detenido el martes 4 de febrero de 2025 en el Aeropuerto Internacional Henri Coanda de Bucarest cuando intentaba huir de Rumanía y puesto en prisión preventiva por el Tribunal de Bucarest, a petición de la Fiscalía Europea. Otros dos presuntos miembros de la organización criminal fueron puestos bajo control judicial.
Según la investigación, los miembros del grupo criminal utilizaron dos empresas italianas para participar en licitaciones para obtener financiación de la UE, organizadas por las autoridades públicas de Rumanía, en el ámbito de la construcción y rehabilitación de la distribución de agua potable y del sistema de alcantarillado, como socios de empresas rumanas o como terceros patrocinadores.
Una de la empresas bajo prohibición antimafia de las autoridades italianas
Una de las empresas investigadas había recibido previamente una prohibición antimafia de las autoridades italianas, que la excluye de obtener contribuciones públicas, según el Código Antimafia italiano.
Los sospechosos participaron a través de empresas italianas en 18 licitaciones por valor de 240 millones de euros de financiación de la UE, financiadas por el Programa Operativo de Grandes Infraestructuras (LIOP) 2014-2020. Consiguieron ganar ocho licitaciones, como socios o patrocinadores de empresas rumanas, por valor de más de 100 millones de euros.
Para demostrar su capacidad financiera y su experiencia en proyectos similares, habrían presentado documentos falsos, incluidos balances que certificaban que las empresas italianas tenían una facturación media anual de más de 50 millones de euros, cuando en realidad la facturación era 30 veces inferior. También presentaron contratos para la ejecución de obras en Irak que, según las pruebas, no se correspondían con la verdad.
Además, según la investigación, las dos empresas no realizaron ninguna obra ni prestaron ningún servicio, sino que los contratos fueron ejecutados por las empresas rumanas con las que estaban asociadas, sin ninguna contribución de las firmas italianas.
Las autoridades nacionales informaron a la Fiscalía Europea del caso tras sospechas de posibles irregularidades graves y fraude. La investigación contó con el apoyo de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Rumana (Directia Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane) y de la Estructura de Apoyo de la Fiscalía Europea en Rumanía. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) también llevó a cabo una investigación complementaria, en cooperación con la Fiscalía Europea.
Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes.
La Fiscalía Europea es la Fiscalía independiente de la Unión Europea. Su función es investigar, perseguir y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.