La Abogacía del Estado ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo para que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sea citado a declarar en el proceso de investigación por la filtración de correos electrónicos entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Esta petición se realiza en el marco de una causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que busca aclarar el origen de la filtración y los bulos difundidos alrededor del caso.
La defensa de García Ortiz sostiene que Rodríguez fue el primero en filtrar parcialmente las comunicaciones entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador, propagando además un bulo que vinculaba a la Fiscalía con una oferta de pacto hacia el empresario, información que posteriormente fue desmentida. La gravedad del asunto llevó al fiscal general a solicitar formalmente la declaración de Rodríguez ante el juez Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa, bajo la acusación de "difundir información falsa que altera la interpretación de los hechos”.
La primera filtración y la maquinaria de propaganda
El núcleo de esta controversia se encuentra en la afirmación de que Miguel Ángel Rodríguez compartió de manera intencionada un extracto de un correo del fiscal Julián Salto, agregando una interpretación que, según la Abogacía del Estado, tergiversaba la realidad. La información original sugería que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y que este acuerdo había sido posteriormente revocado desde altas instancias del Ministerio Público, algo que resultó ser falso según la Fiscalía.
A raíz de estas afirmaciones, la Abogacía del Estado sostiene que Rodríguez “propagó un bulo” sobre la actuación de García Ortiz, posiblemente en un intento de desviar la atención de las acusaciones contra la pareja de Ayuso. La solicitud de declaración de Rodríguez se suma a la intención de citar a varios periodistas que difundieron esta versión para verificar si accedieron a los correos antes de que los propios investigados tuvieran conocimiento de ellos.
Un “bullying mediático” contra el fiscal general
La narrativa impulsada por Rodríguez no se limita a la filtración inicial. La Abogacía del Estado afirma que, al difundirse la noticia, el jefe de gabinete de Ayuso activó una red de contactos mediáticos con el objetivo de consolidar la idea de que el fiscal general había actuado de forma irregular. Las publicaciones en redes sociales y declaraciones incendiarias de Rodríguez han llegado al punto de una amenaza directa, ya que, tras la petición del fiscal general para que sea citado, Rodríguez reaccionó en la plataforma X (antes Twitter) con el mensaje: “Fiscal General: si me llamas a declarar vas a ir pá’lante!!!”.
Fiscal General: si me llamas a declarar vas a ir pá’lante!!!
— MÁR (@marodriguezb) November 12, 2024
Este comentario, sumado a otros mensajes en los que Rodríguez asegura que figuras del entorno del Gobierno, como Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, también van a “ir pá’lante”, ha desatado una fuerte reacción, considerándose en algunos círculos como un intento de intimidación. No es la primera vez que Rodríguez utiliza este tipo de mensajes, dado que antes de que el Supremo admitiera la causa contra el fiscal general, ya había insinuado la futura imputación de García Ortiz en sus redes sociales.
¿Propagación de bulos o estrategia política?
La figura de Miguel Ángel Rodríguez en esta investigación es controvertida. Más allá de su papel como jefe de gabinete, Rodríguez es un veterano de la comunicación política, conocido por su estilo agresivo y polémico. La Abogacía del Estado ha destacado que la primera “revelación de secretos” fue realizada precisamente por Rodríguez y no por la Fiscalía, como se había sugerido inicialmente. En su informe, argumenta que esta filtración tenía un componente político, y subraya que Rodríguez “propagó información manifiestamente falsa”.
La información preliminar de marzo señalaba que la Fiscalía habría ofrecido un acuerdo a González Amador para resolver su caso de fraude fiscal, una acusación que el propio fiscal desmintió en su momento. Sin embargo, según fuentes del caso, Rodríguez mantuvo la versión de que García Ortiz intervino personalmente para evitar el pacto, lo que ayudó a consolidar la narrativa de que la Fiscalía estaba actuando de manera partidista.
Suspensión de la revisión de documentos incautados
Además de la declaración de Rodríguez y los periodistas implicados, la Abogacía del Estado ha pedido a la jueza instructora, Ángel Luis Hurtado, que se suspenda temporalmente el análisis del material intervenido en los dispositivos del fiscal general y de la Fiscal Jefe de Madrid. La razón es que consideran que esa información es "altamente sensible" y su manipulación sin una resolución clara de los recursos interpuestos podría provocar “un perjuicio irreparable”.
La defensa de García Ortiz insiste en que su primer comunicado en marzo no violó ninguna norma de confidencialidad, ya que la información publicada por los medios se encontraba en el dominio público. Aún así, ante la duda, la Abogacía del Estado ha solicitado que se aclare la cadena de acontecimientos y que se verifique si la primera filtración provino realmente de Rodríguez, como sugieren los indicios.
Tensiones entre la Comunidad de Madrid y el Estado
Este enfrentamiento entre el fiscal general y el jefe de gabinete de Ayuso es visto por muchos como una extensión de la batalla política entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo central. Las acusaciones cruzadas sobre el uso de la Fiscalía y el sistema judicial como herramientas políticas no son nuevas, pero la escalada de declaraciones y amenazas ha dejado ver las tensiones subyacentes en la relación entre ambas administraciones.
En medio de este conflicto, la Abogacía del Estado pretende exponer la diferencia entre una filtración destinada a informar de los hechos y una supuesta manipulación de la verdad con fines políticos. Los próximos movimientos en el Tribunal Supremo serán decisivos para esclarecer la veracidad de las acusaciones y para determinar el papel que ha jugado cada uno de los implicados en la difusión de los correos y la generación de los bulos.
Este caso sigue revelando hasta qué punto la comunicación política puede intervenir en los procedimientos judiciales, y cómo el abuso de las filtraciones afecta no solo a la percepción pública, sino también al funcionamiento de las instituciones de justicia. Mientras tanto, la expectación crece: la comparecencia de Rodríguez ante el Tribunal Supremo podría ser clave para arrojar luz sobre quién y cómo se difundió la información del caso que afecta a la pareja de Ayuso.