El Tribunal Supremo ha ratificado que Carles Puigdemont no podrá beneficiarse de la ley de amnistía en lo que respecta al delito de malversación. La Sala de Apelación ha respaldado este jueves la interpretación del juez Pablo Llarena, instructor del caso del procés, quien ya había rechazado aplicar la amnistía al expresidente catalán y a sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Según el alto tribunal, el tipo de malversación que se les imputa queda fuera de la medida de gracia porque supuso un beneficio económico para los encausados.
La decisión da vía libre a Puigdemont para llevar el caso ante el Tribunal Constitucional. De hecho, este órgano ya ha empezado a tramitar recursos de otros líderes independentistas a quienes tampoco se les ha aplicado la amnistía, como Oriol Junqueras o Raül Romeva.
La resolución judicial no sólo afecta a los tres dirigentes independentistas, sino que también desestima los recursos presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Esta última había criticado con dureza la postura de Llarena, a la que calificó de “artificiosa” y alejada del espíritu de la ley. La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde sostuvo que la interpretación del Supremo estaba generando una aplicación “errática” de la norma pactada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes.
¿Qué dice exactamente la ley?
La clave de la controversia se encuentra en el artículo 1.4 de la ley de amnistía. Este artículo señala que no se considerará enriquecimiento personal —y por tanto sí sería aplicable la amnistía— cuando el desvío de fondos públicos no tenga como objetivo un beneficio patrimonial individual.
Sin embargo, los magistrados del Supremo han considerado que esa redacción no es tan clara como defienden las defensas de los encausados. Según el tribunal, la ley deja espacio para interpretaciones y, en este caso, han optado por la más restrictiva: entender que sí hubo un beneficio económico indirecto, al haberse cargado a las arcas públicas un gasto que, a juicio del Supremo, deberían haber asumido personalmente.
La Sala de Apelación, compuesta por los magistrados Vicente Magro, Susana Polo y Eduardo de Porres, ha sostenido que hay una contradicción en el propio texto legal que debía ser aclarada. Los jueces han insistido en que no basta con atender a la voluntad política de quienes aprobaron la ley, sino que hay que ceñirse al contenido jurídico de la norma y a su aplicación rigurosa.
¿Dónde ven el beneficio económico?
Uno de los puntos más debatidos ha sido el concepto de “beneficio patrimonial”. El tribunal sostiene que este no se refiere únicamente a ganar dinero de forma directa, sino también a no gastar recursos propios cuando debían haberse gastado. En palabras de los magistrados: “Un sujeto se beneficia patrimonialmente cuando incrementa su patrimonio, pero también cuando evita un perjuicio económico gracias a una acción ilícita”.
En este caso, el Supremo entiende que los líderes del procés promovieron un referéndum ilegal, lo impulsaron personalmente, y utilizaron fondos públicos para pagar los costes. Al no haber sufragado esos gastos de su propio bolsillo, concluye el tribunal, se beneficiaron patrimonialmente, lo cual excluye la posibilidad de aplicar la amnistía.
Carles Puigdemont ha respondido con dureza a la resolución a través de la red social X (antes Twitter). “La decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta”, escribió el líder de Junts. También añadió que el Supremo está “retorciendo” la interpretación del delito de malversación para evitar la aplicación de la amnistía.
La sentència del Tribunal Suprem de desestimar l'aplicació de la Llei d'Amnistia no és cap sorpresa, ni en el fons ni en la forma. La decisió confirma l'actitud de rebel·lia contra el poder legislatiu i la rebequeria davant d'una llei que no els agrada, i que els porta a retorçar… pic.twitter.com/AkKTXFssLg
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 10, 2025
El secretario general de Junts, Jordi Turull, fue aún más contundente en sus declaraciones, acusando a los jueces de seguir un “guion de persecución prevaricadora” contra el independentismo.
#LaTogaNostra segueix impertorbable amb el seu guió de persecució prevaricadora contra el MHP @KRLS i l’independentisme en general.
— Jordi Turull i Negre (@jorditurull) April 10, 2025
Però no ens aturaran en el nostre compromís actiu amb la #independència de Catalunya i la denúncia d’aquests justiciers. pic.twitter.com/VSuUCXz8oO
El Constitucional, próxima parada
Con esta decisión del Supremo, la defensa de Puigdemont ya puede presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Su abogado, Gonzalo Boye, había argumentado además que el Supremo no era el órgano competente para decidir sobre la amnistía, ya que Puigdemont es diputado del Parlament y no eurodiputado, por lo que debería encargarse el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Supremo, no obstante, rechaza esta tesis y recuerda que los hechos imputados ocurrieron en parte fuera de Cataluña, como es el caso de la supuesta financiación a través del Diplocat. Esta conexión justificaría, a juicio del alto tribunal, la competencia del Supremo.
Aunque el Supremo ha cerrado la puerta a la amnistía por malversación, sí ha planteado una consulta al Tribunal Constitucional sobre otro delito imputado: la desobediencia. El tribunal ha expresado dudas sobre si esta conducta entra dentro de la amnistía, y ha decidido elevar la cuestión para que sea el Constitucional quien determine si debe aplicarse o no el perdón legal en ese caso.
Sin cuestión de constitucionalidad ni a Europa
Los jueces también han rechazado la posibilidad de plantear una cuestión de constitucionalidad sobre la propia ley de amnistía en relación con la malversación. Argumentan que no tienen dudas sobre su inaplicabilidad a este delito y, por tanto, no procede esa vía legal. Del mismo modo, descartan por ahora acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otra de las vías que había planteado la defensa.
Con este nuevo paso judicial, la ley de amnistía sigue sumida en una aplicación fragmentada y sujeta a interpretaciones diversas. El caso de Puigdemont, por su peso simbólico y político, se ha convertido en el centro del debate. Mientras tanto, los independentistas insisten en que se está desvirtuando el sentido de una norma que fue pactada precisamente para cerrar heridas y superar el conflicto político catalán. El debate, lejos de apaciguarse, promete continuar.