El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha comunicado el registro de la querella de la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación judicial y ha nombrado al magistrado Francisco José Goyena para encargarse del asunto. Pero, al mismo tiempo, ha dejado claro que la admisión a trámite no se decidirá hasta septiembre.
La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha establecido el 30 de ese mismo mes como fecha para resolver los recursos presentados contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez. Y mientras tanto, este mismo jueves seguían filtrándose informaciones interesadas sobre el caso como la de que Juan Carlos Barrabés, el empresario imputado después de haber sido interrogado como testigo, había revelado haber tenido una entrevista en solitario con el presidente del gobierno.
Y todo ello a la espera de que se filtre la grabación del interrogatorio del juez a Sánchez en la Moncloa. Esa grabación se ha convertido en la estrella de este circo mediático donde lo importante ya no son los aspectos penales sino el espectáculo que la extrema derecha está montando en torno a este asunto. Y, mientras tanto, los únicos que pueden parar semejante despropósito, los superiores de Peinado, dejan todo para septiembre “porque estamos de vacaciones”.
Agosto es inhábil a efectos judiciales. Sólo funcionan los juzgados de guardia y los trámites quedan paralizados. Oficialmente no hay nada que hacer hasta que no se inaugure el nuevo curso, algo que se hace en el acto solemne de apertura del año judicial que preside el rey. Se pierden treinta días de la manera más tonta. Todo por las dichosas vacaciones. En los sectores publico y privado ya hace años que se soluciona esta interrupción veraniega de la manera más sencilla: los empleados se turnan a la hora de disfrutar del descanso legal pero la actividad no se interrumpe. Sólo en la justicia se sigue practicando esta costumbre anacrónica.
En el artículo 183 de la ley orgánica del Poder Judicial se señala que “serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones.” Y este artículo es el que la izquierda parlamentaria quiere suprimir para que no se interrumpa la actividad en los juzgados durante el mes agosto. Y lo mismo se pretende en el periodo de navidades, que también fue declarado inhábil del 24 de diciembre al 6 de enero. La paradoja reside en que esta ampliación fue propuesta hace dos años por el PSOE y Unidas Podemos.
Sumar, su sucesora en el gobierno de coalición ahora propone lo contrario. Que se habilite el mes de agosto y el periodo de diciembre para que no se interrumpa la actividad judicial. Porque puede pasar lo que ha sucedido: que haya que esperar un mes por lo menos para saber si se admite a trámite una querella contra un juez por prevaricación judicial, o dos para pronunciarse sobre los recursos contra las decisiones del magistrado en torno a las imputaciones de la mujer del presidente, un empresario y el rector de la Universidad Complutense. Unas imputaciones que, a decir de los expertos, son irregulares. Begoña Gómez se negó a declarar porque desconoce cuales son sus acusaciones concretas. Barrabés y Goyache fueron interrogados en calidad de testigos haciéndoseles preguntas orientadas a su imputación algo que está terminantemente prohibido por la ley si se hace en sede judicial.
La querella presentada por la abogacía del Estado contra Peinado es muy clara: los servicios jurídicos que representan al presidente acusan al instructor del caso Begoña Gómez de abusar de sus funciones para forzar la declaración presencial de Sánchez como testigo en contra de sus derechos. La abogacía defiende que el juez decidió el interrogatorio mediante una"aplicación incorrecta de la ley". Para la abogacía, Peinado contravino la normativa que regula la declaración de un presidente y lo despojó de las garantíasque ofrece la Lecrim "sin explicación alternativa manifestada o manifestable". El fondo del asunto reviste una extrema gravedad ya que el juez rechazó una declaración por escrito argumentando que el asunto por el que iba a ser interrogado no tiene nada que ver con su actividad pública cuando él mismo, en sus autos, se había referido a que iba a investigar las actividades de Begoña Gómez “desde que su esposo había accedido a la presidencia del gobierno”. Más claro, agua.
Pero la gravedad del asunto no es esa. Es que Peinado está convirtiendo todo este asunto en un circo mediático que controla Vox quien hace y deshace en todas las actuaciones dejando en un segundo plano al resto de las acusaciones populares. Normal, si tenemos en cuenta que todas ellas no son mas que una correa de transmisión de la formación de Santiago Abascal. Vox es la acusación encargada de convocar a las escasas decenas de manifestantes que se citan en el juzgado o en Moncloa cuando se sabe que va a comparecer alguien socialmente relevante. Utilizan todo tipo de herramientas mediáticas para dar relevancia al asunto. Hablan con periodistas, filtran las grabaciones de los interrogatorios y los autos del juez. Y Peinado ni se inmuta a pesar de que antes de que se hiciese cargo del caso Begoña Gómez tenía verdadera alergia a los periodistas.
Ahora parece que le conviene esas filtraciones. Y tal vez por eso es por lo que no va a imputar al presidente Sánchez, aunque se lo pida el cuerpo. Porque sabe que entonces tiene que inhibirse en favor del Tribunal Supremo y allí las cosas estas de las filtraciones y los espectáculos mediáticos se manejan de diferente manera. Y eso lo saben también los de Vox. Es mejor seguir manteniendo el espectáculo mediático en los juzgados de la plaza de Castilla porque tanto el juez como las acusaciones de extrema derecha saben que el único recorrido que tienen con este feo asunto es el circo mediático.