Suicidios de los trabajadores de banca: la tragedia oculta del sector financiero español

En Diario16 publicamos hace un mes cómo un empleado del Banco Santander se suicidó por las fuertes presiones que recibió y por el supuesto acoso laboral, además de por movimientos internos tras la fusión con el Popular como, por ejemplo, retirarle la gestión de la principal cuenta de su sucursal.

Con la llegada del Santander la presión aumentó. a unos límites que muchos podrían calificar como de salvajes. Prácticamente todas las mañanas se organizaban una serie de multiconferencias con los directores de oficina y «si la tuya no iba bien, te ridiculizaban delante de todos tus compañeros. Frases como “os estamos midiendo,” “si esto no lo resolvemos por lo civil, lo resolvemos por…”. Por supuesto, este tipo de multiconferencias no son legales, pero tenían órdenes de no dejar nada por escrito. Comenzaron a repartir objetivos indiscriminadamente e imposibles de lograr, talleres en horario de tarde, reportes diarios por WhatsApp y presiones insoportables. A todo esto, hay que sumarle que a mi marido le trasladaron a su jefe a una sucursal al lado de la suya, por lo que se tenía que llevar todas las tardes despachando con él y con unas actitudes completamente tóxicas que comenzaron a poner en riesgo su salud. Era un machaque diario», afirmó la viuda a este medio.

Todas las personas tienen un límite y este director no pudo soportar más la presión cuando el día 22 de febrero, en la tarde noche, recibió un correo. Lo leyó y le dijo a su mujer: «¿Tú te crees que esto es normal?». Ese mensaje, según nos confirma la viuda de este director, decía lo siguiente: «Vas el último, ¿qué piensas hacer? Ese mismo día me dijo que el martes tenía una reunión en Madrid. Ya no pudo más. La reunión no existía. Se marchó por la tarde y ya no volvió», afirma la viuda quien añade la reacción que tuvieron en el Santander: «El mismo día 27 en que mi marido murió, llamaron los jefes chillando a la sucursal diciendo; “¿Dónde está este tío?”. Estaban desesperados porque tenía una firma, pero, claro, él no fue la firma». Además, el Santander inició una auditoría a las cuentas de la oficina.

Este caso no es el único. En León, en la antigua Caja España Duero, ahora integrada en Unicaja Banco, está en los tribunales el caso de una empleada que en el año 2016 se quitó la vida, lo que provocó un importante shock entre los empleados y empleadas de la entidad castellanoleonesa, tal y como publicó el diario digital iLeón en conversaciones con ellos. El suicidio de esta trabajadora coincidió con un momento en que se estaba ejecutando un Expediente de Regulación de Empleo, un escenario de enorme presión para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo tras la quiebra, nacionalización y venta a Unicaja. Además, en el departamento en que trabajaba esta empleada esa presión era superior, puesto que ella gestionaba la venta de inmuebles embargados por impago.

Tras el suicidio, la familia interpuso una querella penal contra su exjefe, que en el año 2019 continuaba trabajando en la entidad, y un ex compañero que, además, era representante sindical, por un acoso laboral que terminó con la muerte de la trabajadora. Según la denuncia el presunto acoso laboral prolongado que la habría llevado a problemas psicológicos y de ansiedad que habrían tenido como fatal desenlace que se ocasionara su propia muerte. Entre las conductas denunciadas estaban actitudes denigrantes que incluían amenazas de incluir a la trabajadora en el ERE o vejaciones con frases como «dame las putas previsiones» o «que no te enteras, que no puedes con esto», así como actitudes como excluirla de acciones tan cotidianas como tomar un café con sus compañeros.

Durante más de un año, tras la presentación de la denuncia, no se practicó ninguna diligencia en la investigación y sólo se reactivó por las insistentes quejas de la familia. Fue en noviembre de 2017 cuando, según publica iLeón,  una testigo refrendó la versión de la acusación y consideró como acoso las situaciones a las que se vio sometida la trabajadora. No obstante, los dos acusados negaron las acusaciones y enmarcaron todo lo ocurrido en una situación de estrés por el ambiente de tensión que vivía el banco. Fue sorprendente en este caso el silencio que mantuvo la Fiscalía, sobre todo si se tiene en cuenta la gravedad del delito denunciado.  

Entre las pruebas presentadas se encontraba un informe psicológico realizado un mes antes del suicidio de la trabajadora, documento en el que se requería atención psicológica a causa de la tensión en el trabajo y episodios de ansiedad. El Juzgado desestimó las peticiones probatorias solicitadas por la familia de la empleada: informes de inspección laboral sobre la situación de EspañaDuero. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas, el Juzgado de Instrucción nº 3 de León archivó la investigación y sobreseyó la causa porque, según se indica en el auto, «no resultan indicios suficientes para calificar como delito los hechos que han dado lugar a la denuncia» a pesar de estimar que las conductas denunciadas fueron abusivas, humillantes y ofensivas. Para el Juzgado estos hechos no justificaban un reproche penal, sino que eran merecedoras de una simple sanción disciplinaria.

Como es lógico, la familia recurrió una decisión judicial que, cuanto menos, fue escandalosa. Un familiar de la trabajadora indicaba a Diario16 que están inmersos «en un procedimiento judicial largo, doloroso y muy difícil de desarrollar por varios factores (poder de la otra parte y miedo a declarar la verdad)». Sin embargo, la Audiencia Provincial de León estimó el recurso y ordenó la reapertura de la investigación. En el auto se consideró que existían «serias posibilidades de que los denunciados hayan podido infligir a [la trabajadora] un trato degradante en el ámbito laboral, de modo que se ha podido seguir como resultado y en perfecta relación casual un menoscabo grave para su integridad moral». Por esta razón, la Audiencia instaba a la realización de nuevas pruebas para averiguar si los hechos denunciados eran constitutivos de delito.