Lloyd’s of London y Arch Insurance niegan la reclamación de 400 millones de euros de Nord Stream AG, argumentando que sus pólizas no ofrecen cobertura por las explosiones submarinas de 2022 que rompieron los gasoductos de gas natural en el mar Báltico porque los daños fueron infligidos por “un gobierno”. Pero “el argumento de los demandados es prima facie irrelevante”, dice un experto en Derecho del mar.
Una versión de este artículo fue publicada originalmente en CovertAction Magazine aquí.
Nord Stream AG interpuso el mes pasado una demanda de 400 millones de euros contra la británica Lloyd’s of London y Arch Insurance, con sede en las Bermudas, ante el Tribunal Superior de Londres por negarse a pagar una indemnización por las explosiones submarinas que destrozaron el gasoducto Nord Stream 1, que transportaba gas natural de Rusia a Alemania por el fondo del mar Báltico.
La defensa escrita a la demanda, presentada en nombre de las aseguradoras Lloyd’s y Arch Insurance, fue hecha pública la semana pasada por el ingeniero sueco Erik Andersson, quien dirigió la única expedición privada de investigación (en la cual yo participé) a los cuatro lugares donde se produjeron las explosiones de los gasoductos Nord Stream. En dicho documento se afirma que “los demandados se basarán, entre otras cosas, en el hecho de que los Daños causados por la Explosión sólo podían haber sido infligidos (o, al menos, era más probable que así fuera) por un gobierno o bajo sus órdenes”.
Said Mahmoudi, jurista experto en Derecho del Mar, Derecho Internacional del Medio Ambiente, usó la fuerza, organizaciones internacionales e inmunidad de los Estados, cree que la postura de los demandados «carece de fundamento».
«El argumento de los demandados es prima facie irrelevante si no se puede demostrar que los daños han sido causados por un gobierno determinado que ha participado directamente en una guerra en la zona», afirmó el Dr. Mahmoudi. «La carga de la prueba en este caso recae, en mi opinión, sobre el demandado».
Quien perpetró el sabotaje al Nord Stream, que se erige como el mayor acto de sabotaje industrial de la historia y el misterio geopolítico más apremiante del siglo, es de gran trascendencia para una futura decisión judicial. Los primeros reportajes en los medios de comunicación culparon a Rusia sin pruebas.
El fiscal jefe de la investigación sueca dijo que la creencia de que Rusia era responsable “no era lógica”, mientras que los investigadores alemanes han “descartado” la relevancia de los buques rusos observados cerca de la escena del crimen. Ni un ápice de los datos obtenidos durante nuestra expedición independiente a los lugares de las explosiones (incluidas imágenes submarinas de drones, vídeos e imágenes de sonar), implican a Rusia.
Los reportajes han atribuido la culpa a Estados Unidos o a Ucrania. Seymour Hersh, veterano periodista de investigación, reportó que buzos de la Marina de los Estados Unidos, en una operación de la CIA ordenada por el Presidente Joe Biden, colocaron las bombas en los gasoductos. Reportajes igualmente detallados de medios de comunicación alemanes afirman haber identificado al presunto financiador y a los aparentes miembros de una tripulación de seis personas “proucranianas” que supuestamente transportaron los explosivos y que operaban desde un yate de recreo de 50 pies llamado “Andromeda”.
Parece que, en caso de que Estados Unidos o el Reino Unido sean los culpables probados, las aseguradoras prevalecerán en los tribunales. Sin embargo, no se ha reportado con anterioridad si las aseguradoras se verían obligadas a cubrir los daños de las explosiones en caso de que el responsable fuera Ucrania, ya que los acusados podrían haber argumentado que el pequeño equipo de operativos proucranianos iba por su cuenta, sin que un gobierno les hubiera encargado específicamente la voladura de los gasoductos.
Pero, en al menos dos artículos de The Washington Post, que a menudo opera como empresa de relaciones públicas para los servicios de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos, afirman que “los atacantes no eran agentes clandestinos”, sino que “los implicados informaban directamente al general Valery Zaluzhny, el oficial militar de más alto rango de Ucrania, que fue puesto al mando para que el presidente del país, Volodymyr Zelensky, no se enterara de la operación”. (El énfasis añadido es mío).
Por lo tanto, los posibles saboteadores proucranianos no eran ni clandestinos ni particulares. Pero dado que el presidente de un Estado nación, en este caso, el presidente de Ucrania, supuestamente no estaba al tanto del ataque, ¿interpretaría el tribunal que “el Daño de la Explosion sólo pudo haber… sido infligido por o bajo la orden de un gobierno”? ¿O dictaminaría el tribunal que el sabotaje no fue un acto ordenado por el gobierno, sino que simplemente contó con el visto bueno del militar de más alto rango del país, aunque no de su presidente?
La respuesta, “no”, no ha sido previamente reportada.
«Si esto es cierto y el tribunal acepta que las explosiones han sido ordenadas y organizadas por un militar ucraniano de alto rango, incluso sin el conocimiento del presidente, entonces los daños son atribuibles a Ucrania, y el Estado de Ucrania será responsable de los daños», dijo el Dr. Mahmoudi. «El desconocimiento de Zelensky sobre esta operación no tiene ningún efecto sobre la cuestión de la responsabilidad del Estado».
Otro aspecto fascinante de la demanda es la cuestión de las sanciones contra los gasoductos. “En caso de que se determine que los Demandados son responsables de pagar una indemnización y/o daños y perjuicios”, afirma el escrito de defensa, “los Demandados se reservan su posición en cuanto a si cualquier pago de este tipo estaría prohibido por cualquier sanción económica aplicable que pueda estar en vigor en el momento en que se requiera realizar cualquier pago de esta índole.”
Se plantean las siguientes interrogantes: En caso de que en el futuro se impongan sanciones contra Nord Stream 1, incluso si estas sanciones entraran en vigor después de que la demanda ya hubiera sido presentada, ¿podrían las aseguradoras quedar libres de responsabilidad?
«En tal caso, la orden del tribunal no puede ejecutarse por el momento debido a las nuevas sanciones», explicó el Dr. Mahmoudi, «pero el tribunal aún puede decidir una indemnización que se pagará cuando se levanten las sanciones en [el] futuro.»
No se ha reportado anteriormente que el tribunal pueda dictaminar que los demandados deben cumplir las obligaciones de indemnización de la póliza una vez que se hayan levantado las sanciones futuras.
Aun así, las aseguradoras podrían hacer maniobras para protegerse utilizando sanciones posteriores como pretexto para eludir el pago. En 2021, dieciséis compañías de seguros retiraron su apoyo al Nord Stream 2, según un documento filtrado de la administración Biden. Al parecer, las aseguradoras se vieron presionadas ante la amenaza de EE.UU. de “examinar a las entidades implicadas en actividades potencialmente sancionables.” Tanto Lloyd’s como Arch Insurance figuran como compañías que se acobardaron ante las amenazas.
El actual entorno jurídico y geopolítico del orden mundial “basado en normas” liderado por Estados Unidos puede ser propicio para los acusados: Occidente sanciona Nord Stream 2, dejándolo sin cobertura de seguro, y posteriormente lo destruye junto con su gasoducto hermano, Nord Stream 1. Entonces Occidente puede, con carácter retroactivo, imponer una sanción a Nord Stream 2. Entonces, Occidente podría, con carácter retroactivo, sancionar a Nord Stream 1 antes de una sentencia judicial que obligue a las grandes aseguradoras occidentales a pagar unos 400 millones de euros.
Al mismo tiempo, la dinámica del pleito es potencialmente incómoda para Occidente. Al parecer, dos gigantescas aseguradoras occidentales se verán obligadas legalmente a pagar cuantiosas indemnizaciones si no pueden demostrar que el sabotaje al Nord Stream fue ordenado y ejecutado por un gobierno. El escrito de los demandados hace referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no menciona un posible autosabotaje ruso. Esto podría verse como una admisión de que una nación occidental, y no Rusia, es la autora del ataque.
Dado que la póliza de seguro parece cubrir el “terrorismo” pero no la “guerra”, la indemnización del demandante sólo sería posible si el atentado se considerara lo primero. Sin embargo, aunque el seguro sólo cubra el terrorismo, hay que distinguir entre cuando está implicado un Estado y cuando no lo está, algo que no se ha reportado anteriormente.
«Aunque el sabotaje sea un acto de terrorismo, el autor del acto puede ser un Estado o una entidad privada», afirma el Dr. Mahmoudi. «Si es una entidad privada, la compañía de seguros es la única fuente para la indemnización de los daños; si un Estado es responsable del acto terrorista, teóricamente, son tanto la compañía de seguros como ese Estado los que tienen la obligación legal de indemnizar los daños».
Tanto el demandado como el demandante en el caso parecen argumentar que la obligación de probar que el ataque fue ordenado por un gobierno recae en la otra parte. Por regla general, la carga de probar que una póliza de seguro es aplicable y, por tanto, cubre los daños, suele recaer en el asegurado. Para argumentar lo contrario (que es el demandado quien debe probar que la póliza no cubre los daños), el demandante se basa en la estipulación de que “en caso de conflicto de interpretación entre las Condiciones Generales y las condiciones específicas del seguro… debe prevalecer siempre la interpretación más amplia posible en beneficio del Asegurado”, según el escrito jurídico del demandante.
El Dr. Mahmoudi lo confirma.
«El orden normal de argumentar cómo se ha producido el daño no es aplicable en estos casos. No es un equipaje asegurado que se daña durante el viaje en avión y el demandante debe demostrar que el daño no existía antes y se ha producido durante el viaje», dice el Dr. Mahmoudi. «Es la aseguradora la que tiene la obligación de demostrar que se aplica una de las excepciones del contrato de seguro, y no al revés».
Los demandados sostienen que hay una distinción entre “poder soberano” y “gobierno”, alegando que si los saboteadores eran agentes de un gobierno, no deberían ser considerados responsables. Pero parece excesivamente difícil, si no imposible, para el equipo jurídico de las aseguradoras demostrar que el ataque fue planeado y llevado a cabo bajo la orden de un mero poder soberano y no de un gobierno. De hecho, incluso convencer a un juez de que los saboteadores actuaron únicamente en nombre de una potencia soberana no tendría ninguna influencia en una próxima resolución judicial, según la interpretación del Dr. Mahmoud de la aplicación del derecho internacional a este caso, lo que no se ha reportado anteriormente.
«No hay diferencia entre “poder soberano” y “gobierno” en este contexto», afirma el Dr. Mahmoudi. «Son lo mismo y, como tales, diferentes de los actos/agentes privados y comerciales».
Nord Stream AG no es sólo una empresa rusa; es un consorcio internacional en el que la rusa Gazprom tiene una participación del 51%, además de empresas energéticas alemanas, francesas y holandesas. En otras palabras, para evitar una obligación de indemnización colosal, es probable que se obligue a las aseguradoras occidentales a demostrar que una nación occidental destruyó infraestructuras críticas valoradas en unos 10.000 millones de euros, el 49% de las cuales eran propiedad de empresas occidentales.
Alemania es uno de los tres países que llevan a cabo una investigación sobre el sabotaje, y dos de sus propias empresas energéticas tenían participación en Nord Stream 1. (Suecia y Dinamarca son los otros dos, pero ambos cerraron en febrero sus investigaciones sin desenmascarar al autor).
En un escenario así, en el que los acusados se ven obligados a demostrar la responsabilidad del atentado para prevalecer en los tribunales, ¿qué recursos legales tienen las aseguradoras? ¿Pueden demandar a Alemania, Suecia y/o Dinamarca por no revelar los resultados de sus investigaciones sobre el sabotaje? Del mismo modo, ¿puede el demandante demandar a los mismos países por ocultar los resultados de sus investigaciones?
La respuesta, “no”, no se ha reportado previamente.
«Ninguno de estos Estados tiene obligación legal de revelar los resultados de sus investigaciones», explica el Dr. Mahmoudi. «El litigio entre Nord Stream AG y la aseguradora es de naturaleza puramente comercial, aunque el demandante sea principalmente estatal».
¿Y los inversores? ¿Podrían los inversores, que potencialmente perdieron miles de millones, demandar a alguno o a todos los países investigadores?
Según el Dr. Mahmoudi, la respuesta a esta «interesante pregunta jurídica» no está nada clara. Citó jurisprudencia como precedente legal, pero calificó cualquier acción legal como una «posibilidad remota» para los inversores y la describió como un «procedimiento largo e incierto».
«Un Estado cuyos ciudadanos sean accionistas mayoritarios de una empresa puede demandar ante el Tribunal Internacional de Justicia a otro Estado que sea responsable de grandes pérdidas financieras para esos ciudadanos como consecuencia de una decisión nacional que infrinja el derecho internacional», dijo el Dr. Mahmoudi.
Deben cumplirse algunas condiciones. Un Estado debe aceptar conceder a sus nacionales el derecho a demandar, y esta protección sólo puede otorgarse a sus propios ciudadanos, aunque no hay obligación por parte del Estado de hacerlo. «Por lo tanto, los ciudadanos de Alemania, Suecia y Dinamarca no pueden contar con esta posibilidad», dijo el Dr. Mahmoudi.
«Por el bien de sus propios nacionales, los Estados son normalmente reacios a implicarse en disputas tan costosas y que exigen tantos recursos», añadió.
No obstante, la disputa legal entre Nord Stream AG y las aseguradoras occidentales refleja el enorme engaño que rodea al sabotaje al Nord Stream en su conjunto. Para Dinamarca, Suecia y Alemania, admitir que el autor es Estados Unidos o Ucrania, o ambos actuando de forma concertada, sería humillante. Y si alguno de esos tres países investigadores atribuyera el sabotaje a Ucrania, equivaldría a admitir que el país al que apoyan en el conflicto con Rusia cometió un acto de guerra contra ellos. Si se descubriera que Estados Unidos es el autor, significaría que el supuesto garante de la seguridad europea ha ejecutado un ataque contra sus protectorados. Decir la verdad sería mortificante.
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Jeffrey Brodsky es el único periodista que ha viajado a los cuatro lugares donde se produjeron las explosiones del sabotaje del Nord Stream. Escribe la columna «Un americano en España» en Diario16plus.com. Sus artículos han aparecido en revistas y periódicos de Estados Unidos y Europa. Encuéntrale en @JeffreyBrodsky5 o www.jeffrey brodsky.com o en Substack.
