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Yolanda Díaz adelanta su reforma del subsidio por desempleo para llegar a los menores de 45 años sin reducir la prestación

La vicepresidenta primera rechaza la propuesta de Economía: “Ampliaremos la prestación por desempleo”

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El Ministerio de Trabajo descarta que se esté planteando un modelo de prestaciones por desempleo decrecientes con pagos más elevados al inicio del cobro del subsidio y menores después para facilitar la incorporación al mercado laboral, como pretende el Ministerio de Economía.

La vicepresidenta primera ha señalado esta mañana a las puertas de Congreso, antes de la apertura solemne de la XV Legislatura por Felipe VI, que ha dejado atrás la política de recortes y que rechaza la propuesta de Economía. “Ampliaremos la prestación por desempleo”.

Prestaciones por desempleo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha adelantado las líneas de lo que será de la reforma de los subsidios por desempleo que está preparando y contradicen lo dicho por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, este mismo lunes, y que los sindicatos rechazan. Además, se trata de un competencia exclusiva de la vicepresidenta segunda, lo que ha generado la primera fricción en ella coalición.

Según ha avanzado la Cadena SER, Yolanda Díaz pretende ampliar la cobertura de las prestaciones por desempleo, llegando a más beneficiarios y haciendo más compatibles los subsidios con la incorporación a un empleo.

Para menos de 45 años sin cargas

En concreto, el borrador de la reforma que ha elaborado Trabajo amplia el cobro del subsidio de 480 euros a los menores de 45 años sin cargas familiares, que estaban excluidos hasta ahora, lo que supone sumar a unas 150.000 personas más a la cobertura.

Además, fuentes del organismo aseguran que se rechaza implantar el modelo de prestaciones decrecientes que plantea el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, con pagos más elevados al inicio del cobro del subsidio y menores después para facilitar la incorporación al mercado laboral.

Para sustituirlo, Yolanda Díaz diseña un modelo según el cual se pretende hacer más compatible la aceptación de un empleo durante los primeros meses del mismo con seguir cobrando la prestación. Aunque no se conocen los detalles de este punto, la intención es ir más allá de las características actuales, que ya permiten el cobro de una parte proporcional de la prestación con un trabajo por cuenta ajena y a tiempo parcial.

Según desveló este lunes el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, en una conferencia organizada por EY, esta reforma se centrará, por un lado, en «potenciar» el acuerdo de actividad que todos los desempleados hacen con los servicios públicos de empleo «para que el apoyo que hace que la Administración para formarlos, darles un itinerario personalizado y facilitar su inserción en el mercado de trabajo tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas» de empleo.

El acuerdo de actividad, también conocido como compromiso de actividad, es el pacto escrito entre los servicios públicos de empleo y el trabajador en desempleo en el que se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes para incrementar la empleabilidad de este último.

Los agentes sociales reclaman negociar el desempleo

La negociación de la reforma de los subsidios de desempleo se encuentra encallada desde hace meses y acumula un retraso de un año respecto a los plazos comprometidos con la Comisión Europea en el Plan de Recuperación. Según este documento, la medida debería haber sido aprobada en el último trimestre de 2022. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, pero solo a nivel de simplificación de la estructura y de los criterios de acceso, sin llegar a negociar la medida con los sindicatos.

Para UGT y CCOO la reforma y ampliación de la protección asistencial por desempleo es una necesidad y un compromiso asumido, reiteradamente por sucesivos Gobiernos, e incluida en distintas ofertas electorales y acuerdos de legislatura, que aún no se ha materializado.

Esta reforma se ha incluido también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en su Componente 23, que recoge el compromiso de “la mejora del sistema de la protección por desempleo, en particular de los desempleados de larga duración, y los colectivos más vulnerables”, y constituye un asunto prioritario para los sindicatos.

Rechazo absoluto a la propuesta de Economía

El secretario de Estado pretende agravar los mecanismos de control a los desempleados ante un posible rechazo de ofertas. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura. 

Desde UGT y CCOO comparten sin duda la necesidad de reforzar el sistema de protección social en su conjunto, de manera que todos los colectivos que hoy carecen de rentas puedan encontrar prestaciones económicas y sociales adaptadas a su situación particular, con itinerarios de inserción laboral o social, según se precise en cada caso. Sin embargo, esta mejora de la protección social en sentido genérico no debe acometerse confundiendo los distintos niveles de protección que ya existen. 

La revisión que necesariamente haya de acometerse en cada uno de los ámbitos de protección debe realizarse preservando los diferentes objetivos de cada uno de ellos, distinguiendo los propios de la protección por desempleo de aquellos que tienen una finalidad claramente vinculada a una garantía de renta mínima, con componentes relevantes de asistencia social como el IMV.

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