Agreal era un medicamento que decía aliviar el malestar que genera la menopausia en las mujeres. Sin embargo, sus efectos secundarios han arruinado la vida de muchas de ellas. El «caso Agreal» continua, puesto que la defensa de estas afectadas denuncia las dificultades que están teniendo a lo largo del procedimiento judicial, la información falsa sobre el medicamento que aún existe (a pesar de haber sido retirado del mercado hace 15 años), y la falta de información que permita, por un lado alertar a los usuarios de este tipo de productos; pero también, la necesidad de crear un registro donde puedan ayudar a las afectadas.
En este documental que publicó la televisión pública vasca se explica de manera detallada la problemática tan grave de Agreal.
Se analiza el caso de una usuaria, que sufre temblores como consecuencia de la ingesta del medicamento que tomó desde 1996 hasta 2005, que fue cuando el médico le llamó para avisarle de que habían retirado el producto de las farmacias. Fue cuando Isabel comenzó a tener temblores que le impiden llevar una vida normal.
El abogado Francisco Almodovar ha explicado en varias ocasiones la dificultad que supone enfrentarse a las grandes farmaceúticas.
La Asociación Agreal Luchadoras de mujeres afectadas por el medicamento que fabricó en su día Sanofi, tiene un proceso ante la Audiencia Nacional donde han reclamado la protección de sus derechos fundamentales contra el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el propio laboratorio Sanofi.
En el escrito de conclusiones preparado por la defensa, que se está llevando a cabo desde el despacho Almodóvar y Jara, insisten en que hubo muchas irregularidades en el proceso que finalmente terminaba en la venta del producto denunciado. Y además, se denuncia que las irregularidades habrían continuado también después del proceso de venta, puesto que comenzaron a darse problemas graves de salud a las consumidoras, y no resultó fácil retirarlo del mercado.
Según la defensa de las mujeres afectadas, las irregularidades se estarían manteniendo a día de hoy, ya que «la Aemps no quiere modificar y actualizar la nota informativa de febrero de 2007 que exoneraba a Agreal injustamente y contra toda evidencia científica como muy poco después demostraría la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)», según nos informan desde el despacho Almodovar y Jara.
Precisamente, nos explican que esa nota fue clave en los juicios posteriores a la retirada del tratamiento y fue utilizada por Sanofi para convencer sobre sus intereses a los jueces, como le recordaron a la Audiencia Nacional las denunciantes.
Informe de un comité de expertos que resultó desmentido por la Comisión Europea
Otra estrategia fue la creación, por parte de la Aemps, de un comité de expertos de cinco sociedades de médicos a las que la Agencia llamó para analizar el asunto de los daños de Agreal, según la defensa. Nos informan de que «ese comité, de cuyos participantes sólo ha trascendido el nombre del médico Vicente Baos, emitió un informe, de apenas dos hojas, sin firma y con conclusiones vagas, en el que venían a decir que los daños que sufrieron las mujeres no tenían relación con la ingesta del medicamento,
lo que por supuesto también fue utilizado por Sanofi en todos los juicios pese a que poco después la Agencia Europea de Medicamentos y la Comisión Europea indicaron todo lo contrario.»
Se ha facilitado a la Audiencia Nacional un dossier con información científica elaborado por
la propia Sanofi Francia y, que según los abogados, ha sido ocultado por Sanofi Aventis España y la Agencia de Medicamentos. «Ese dossier contiene la información sobre la
falta de seguridad de Agreal que Sanofi reconoció en su momento a la Agencia Europea de Medicamentos», nos explican. Esta información clave habría permaneció en secreto, según las denunciantes, hasta que Agreal Luchadoras lo reclamó a la EMA a través del Defensor del Pueblo Europeo.
Según los abogados de las afectadas, «es indiscutible que Sanofi sabía que Agreal podría causar graves daños a sus consumidores a largo plazo (más de tres meses) pero prefirió callar y contó con el beneplácito de las agencias reguladoras de medicamentos y las sociedades médicas del ramo».
Desde la asociación insisten en señalar que «el fraude continúa porque con toda esta información basada en las evidencias científicas (pruebas) se sigue sin reconocer la realidad y sin actualizar la nota informativa de la Aemps con la información de la EMA, que incluye el dossier mencionado. Inventaron un comité para crear un informe que originó una nota informativa que no se actualiza, se utiliza en juzgados por Sanofi y, además, va en contra de la literatura científica que la propia Sanofi crea. La Agencia de Medicamento continúa dándolo por bueno y el laboratorio lo sigue utilizando en juzgados para mentir a los jueces» afirman.
Se espera que tanto la Administración sanitaria como la propia farmacéutica Sanofi responda al escrito de conclusiones de las denunciantes. Las afectadas tienen como objetivo, además de esclarecer los hechos, evitar que a otras consumidoras de pueda ocurrirles lo mismo. Pero también quieren crear un registro de afectadas, que aún hoy tras quince años de retirada del fármaco del mercado, no existe. Exigen el reconocimiento de sus daños sufridos y que la Agencia de Medicamentos anule las conclusiones del citado comité de expertos, así como anular la nota informativa de 2017.
Piden, además, que los médicos y la sociedad en su conjunto sean debidamente informados de lo sucedido.
