Lo veníamos advirtiendo. El PP estaba jugando con fuego y se ha quemado. Y con ellos, toda la derecha judicial. Los últimos acontecimientos han servido para una cosa. Para que los socios del gobierno progresista preparen una renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial por las bravas, incluyendo, también, una purga en el Tribunal Supremo. En Bruselas entienden la excepcionalidad de esta situación: que, en este país, se está abusando de los tribunales de justicia con el pretexto de que está en peligro su independencia, inexistente desde el mismo momento en el que un presidente del CGPJ, afortunadamente dimitido, que fue alto cargo del PP, Carlos Lesmes, utilizó a la institución para colocar a los jueces más afines en los puestos clave, sólo en el TS setenta y cinco nuevos magistrados incondicionales y otros tantos en las instancias superiores territoriales cuyas sentencias han generado, en ocasiones, gran sorpresa por la falta de lógica judicial y porque no se ajustaron a la legislación vigente. Vaya un ejemplo: recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en contra de la fijeza de tres empleados públicos sin haber pasado por la oposición desoyendo lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia del pasado 22 de febrero en la cual los jueces comunitarios apuntaban que la solución al problema era hacer fijos a los trabajadores en cuestión, porque ni siquiera la opción de hacerles indefinidos no fijos era suficiente, debido a que esta modalidad contractual seguía siendo temporal a ojos de los magistrados comunitarios.
Expertos juristas no dejan de asombrarse ante las decisiones de algunos jueces contrarias a las resoluciones de sus superiores. Que un Tribunal Superior de Justicia de Madrid no tenga en cuenta la jurisprudencia del TJUE es el colmo de los desatinos. Y todavía lo es más que un juez, como el titular de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, haya admitido a trámite una denuncia basada en informaciones periodísticas cuando el Tribunal Supremo ha dejado bien claro que una demanda semejante debe de apoyarse en más indicios. “No sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación”, sentenció en su día el alto tribunal.
O todavía peor, que unos jueces malagueños hayan decidido poner en libertad a un conocido narcotraficante marroquí, peligroso capo de una mafia que amenazó a la heredera del trono de Holanda y al primer ministro del país. Todo ello sin perjuicio de las repercusiones reputacionales que han supuesto acciones como la imputación de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ahora archivada, o la de la exalcaldesa de la localidad granadina de Maracena, también sobreseída, o las acciones llevadas a cabo por el juez Santiago Alba que le han supuesto la pena de prisión por llevar a cabo una campaña de desprestigio contra una compañera, Victoria Rosell. Mientras tanto un excompañero suyo ha admitido a trámite una querella presentada por sus abogados contra los periodistas que investigaron las acciones por las que fue condenado a prisión.
Y todo ello sin contar con la utilización política del Consejo General del Poder Judicial que lleva casi cinco años y medio caducado. Los vocales designados en su día por el PP se dedican a confeccionar informes que no están autorizados a elaborar en contra de las leyes que se discuten en el Parlamento. A nadie extraña, ya, que el propio Partido Popular tenga bloqueada la renovación. Ni siquiera a Bruselas.
Por todo eso se va a pasar de las intenciones a los hechos. El Consejo General del Poder Judicial no ha tomado cartas en el asunto de las denuncias de parcialidad expuestas por amplios sectores de la ciudadanía. Ello se debe a que permanece bloqueado y no hay manera de que el Partido Popular acepte llegar a un acuerdo ni siquiera con la mediación de Bruselas. Por lo tanto, ese será el primer objetivo. Se pongan como se pongan en la Comisión Europea se va a cambiar el sistema de designación de los veinte vocales. Y no habrá sitio para los candidatos de la derecha. Se elegirán por mayoría simple en el Congreso de los Diputados. Para cumplir con la Constitución, se dejará hueco para el Senado, pero siempre asegurando la composición mayoritaria de la cámara baja. Y el perfil del nuevo presidente, que hay que recordar lo es también del Tribunal Supremo, será el de un jurista progresista poco dispuesto a hacer concesiones a la derecha.
Se cambiará toda la estructura de la institución reformando la ley orgánica del Poder Judicial, reduciendo sus competencias. Se elaborará un nuevo sistema de designación de magistrados del Tribunal Supremo y de las instancias superiores territoriales, así como de la Audiencia Nacional. En el Estatuto Fiscal se reforzará la figura jerárquica del fiscal general del Estado y habrá una nueva normativa en materia disciplinaria para evitar las desobediencias que últimamente están proliferando en la carrera.
Sobre el TS se barajan varias fórmulas para jubilar a los magistrados de mayor edad y mas proclives a la derecha conservadora. El sistema que se piensa utilizar es parecido al que, en su día, llevó a cabo el ministro de Defensa del primer gobierno de Felipe González, Narcís Serra, con los mandos del ejército, lo que se llamó “modernización de la institución”. Una especie de “pase a la reserva” de los jueces y magistrados más controvertidos.
Puede parecer una decisión radical pero no existe otra alternativa tal y como está la situación actual en la judicatura. Se sabe que se va a contar con la radical oposición de la derecha que, incluso, acudirá a Bruselas donde también es muy probable que la Comisión Europea, de composición mayoritariamente conservadora, ponga reparos a la radical reforma que se piensa llevar a cabo. Se utilizará el argumento del ataque a la independencia de los jueces. Una independencia que la izquierda considera inexistente. Sobre todo, porque los desatinos cometidos últimamente ni siquiera han sido estudiados por el CGPJ. Su comisión disciplinaria ha mirado para otro lado. Se pretende acabar, de una vez por todas, con el secuestro del poder judicial.
