El Consejo General del Poder Judicial ha decidido, por fin, acabar con la precaria situación que se vive en los tribunales superiores de justicia con la convocatoria de 48 plazas de magistrados del Supremo, de las instancias judiciales territoriales, Audiencia Nacional y audiencias provinciales. Es la primera megaconvocatoria, de las dos que cubrirán las 102 vacantes de puestos de libre designación antes del próximo verano. Las 54 restantes se dejan para enero próximo. A diferencia de la época en que el organismo lo presidía Carlos Lesmes, ya no será la comisión permanente la que designe discrecionalmente a estos miembros de la carrera judicial, sino que será una comisión de calificación la encargada de proponer los candidatos para cubrir las plazas. La paradoja es que el que preside esa comisión es José Antonio Montero Fernández miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, APM, que logra, de esa manera, hacerse con uno de los puestos clave del nuevo consejo del que van a depender los perfiles profesionales y personales de los nuevos jueces que formarán parte del Tribunal Supremo.
En esta primera tanda serán 11 los destinos para la sala de Lo Contencioso Administrativo y 6 para la sala de Lo Social. Además, deberán proponer al nuevo presidente de la Audiencia Nacional, y los de los tribunales superiores de Justicia de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya y València, las presidencias de las salas de lo Contencioso Administrativo de los TSJde Andalucía, Canarias, Cantabria, Rioja y País Vasco, las presidencias de las Salas de lo Social de los TSJ de Andalucía (sede de Sevilla), Cáceres y Extremadura y los titulares de las audiencias provinciales de Ávila, Álava, Barcelona, Burgos, Guipúzcoa, Girona, Huesca, Lugo, Murcia y Teruel. En resumen, casi una cincuentena de puestos clave en el poder judicial que pueden acabar en manos de la todopoderosa asociación conservadora que preside María Jesús del Barco, cuya beligerancia hacia la izquierda es evidente.
La buena noticia es que entre los vocales que van a formar parte de esta comisión se encuentran magistrados de tendencia progresista. Se recuerdan los orígenes de Ricardo Bodas, miembro de la sala cuarta de Lo Social del TS. Fue un conocido abogado laboralista en los años 70 y 80 del siglo pasado, muy vinculado a Comisiones Obreras, y director general de Relaciones con la Administración de Justicia en uno de los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Un cargo que también ocupó otro de los vocales, Ángel Arozamena, durante el mandato de Zapatero, entre 2007 y 2009. Es de los pocos vocales del CGPJ no vinculados a asociación profesional. Esther Rojo, presidenta de la Audiencia Provincial de València, la instancia que ordenó al instructor la reapertura de la causa contra la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, es miembro de la APM. Y, por último, completa la comisión la fiscala Inés Herreros que fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales y se la considera muy próxima a la exministra Dolores González y al actual fiscal general, García Ortiz.
Por lo tanto, aparentemente, la composición mayoritaria es progresista, tres, frente a dos conservadores miembros de la APM. Lo que pasa es que el que va a tener mayor poder de decisión es el presidente. Y Montero Fernández se significa por su total identificación con los postulados de la APM. Además, habrá que tener en cuenta la no adscripción del juez Arozamena. En el Consejo General del Poder Judicial todavía queda el mal recuerdo de Enrique Lucas, un vocal del anterior mandato que habiendo sido elegido a propuesta del PNV no se posicionaba con los progresistas y en algunas fundamentales votaciones, como la del informe en contra de la amnistía, se puso del lado de los conservadores. De ahí que sea muy difícil saber lo que harán estos “versos sueltos” en esta comisión cuyo trabajo va a ser el más importante de este nuevo consejo junto a la que deberá elaborar el informe que se debe presentar al parlamento sobre la reforma del poder judicial donde se propondrá la nueva fórmula de elección de los vocales.
La APM, de momento ya ha ganado una importante batalla colocando a Montero Fernández al frente de la comisión que deberá cubrir las 102 vacantes de jueces y magistrados de las instancias superiores, donde realmente se toman las decisiones más importantes en materia judicial. Los conservadores se la juegan en la otra comisión. Y ahí, de momento, no ha habido acuerdo. Como tampoco lo hay en la persona que deberá sustituir, a partir del 4 de noviembre, al presidente de la sala de Lo Penal del TS, Manuel Marchena, que se jubila. Los conservadores apuestan por Andrés Martínez Arrieta quien todavía no se ha pronunciado sobre su candidatura. Frente a el se encuentra su compañera de sala Ana María Ferrer, apoyada por los progresistas de Juezas y Jueces para la Democracia.
La comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial es fundamental para el futuro de las altas instancias. Durante la época en que el organismo lo presidió Carlos Lesmes todos los expertos reconocen que se abusó en la colocación de jueces afines a la derecha judicial. El gobierno decidió, en marzo de 2022, mediante un decreto, limitar los nombramientos durante el tiempo en que el organismo estuviese en funciones. La medida generó un importante colapso en las instancias, sobre todo en el Tribunal Supremo, con más de 50 plazas vacantes que no se podían cubrir. La falta de medios fue denunciada por el propio TS en algunas de cuyas salas, concretamente en las de Lo Contencioso Administrativo, Social y Militar, tuvieron que suprimir secciones por falta de efectivos. El ministerio de Justicia resolvió parcialmente esta anomalía reforzando las unidades con jueces y secretarios, los ahora llamados LEAJS, en comisión de servicio.
Con el CGPJ renovado, las consecuencias del decreto quedan sin efecto. Pero se han tomado todo tipo de cautelas para evitar los destinos discrecionales. El grave problema es el perfil de los jueces que ejercen sus funciones en estas instancias, escogidos, durante muchos años, entre miembros cercanos al conservadurismo lo que ha generado enfrentamientos con los poderes ejecutivo y legislativo. Se busca un equilibrio a la hora de seleccionar los miembros de la carrera judicial más adecuados para ejercer estas funciones. No es, tal y como dice el PP, un intento de apoderarse del poder judicial. Ni mucho menos. La idea es compensar los perfiles respetando la profesionalidad y el currículo de los candidatos.
Lo que ocurre es que la todopoderosa Asociación Profesional de la Magistratura intenta hacerse con el control de estos nombramientos colocando a sus afiliados. Hay que tener en cuenta que sólo el 55,5% de los 5.408 jueces en activo pertenecen a alguna de las seis asociaciones reconocidas. Y de ellas, la APM cuenta con 1.355 miembros. Aun siendo una afiliación considerable y evidentemente mayoritaria, no se puede considerar suficiente como para pretender controlar la alta judicatura de este país.