Aunque este lunes está prevista una nueva reunión del plenario del Consejo General del Poder Judicial, todo parece indicar que no habrá “fumata blanca” y que, tres días después, será el presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Castán, el encargado de leer el discurso de apertura del año judicial con el Rey presidiendo a su izquierda, y con la presencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A estos dos últimos les tiemblan las piernas por los previsibles ataques que, con toda seguridad, recibirán de Marín Castán en nombre de los jueces. Y encima, García Ortiz está pendiente de la resolución de la sala de admisión del Supremo quien decidirá, esos mismos días, si le procesa por un delito de revelación de secretos. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Goyena, instructor de la denuncia del novio de Díaz Ayuso, González Amador, entiende que pudo incurrir en este delito al difundir datos confidenciales sobre su situación fiscal. Desde luego, se les presenta un otoño difícil, una vuelta de las vacaciones con muchas incertidumbres porque se desconocen las consecuencias del ataque de la derecha judicial contra el gobierno y su fiscal general.
Si García Ortiz ve cercana su imputación penal, a Félix Bolaños no se le acaban los quebraderos de cabeza. El primero de ellos tiene que ver, aunque de forma indirecta, con la participación de Marín Castán. No es que haya algo contra el presidente de la sala de Lo Civil del Supremo. Todo lo contrario. Este magistrado ya fue muy comedido el año pasado cuando le tocó hacer lo mismo que en la presente apertura del año judicial. Entró de puntillas en los asuntos más espinosos uno de los cuales, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, vuelve a estar en la mente de todos los presentes.
Se ha logrado renovar a los miembros del CGPJ, pero las críticas apuntan al error cometido por los dos partidos mayoritarios porque se limitaron a repartirse las vocalías, diez para cada uno, olvidándose de la presidencia. Y ahora las diferencias entre ambos sectores impiden tal designación. La derecha judicial está jugando muy fuerte porque sabe de la importancia del cargo. El nuevo presidente deberá cubrir un centenar de plazas en los tribunales superiores, setenta de las cuales corresponden al TS. Y también deberá proponer una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial.
Una reforma que se antoja fundamental. La derecha no va a ceder en su pretensión de que sean los más de 5.000 jueces en activo los que elijan directamente a los miembros de su órgano rector dentro de cinco años relegando a un segundo plano el protagonismo que hasta ahora ha tenido el parlamento en el proceso de designación. Y mientras logran tal objetivo no quieren perder el control del Consejo. No van a permitir lo que quiere la izquierda, potenciar la comisión disciplinaria para revisar las actuaciones de los jueces que están actuando al límite de la prevaricación. Tampoco están dispuestos a que se reforme el sistema de acceso a la carrera judicial. Quieren mantener la Escuela Judicial tal y como está con un cuestionado método de formación de los futuros magistrados.
La derecha judicial está ganando la batalla al gobierno progresista. Ha conseguido paralizar la ejecución de la ley de amnistía. La sala de Lo Penal del Tribunal Supremo exprime al máximo la norma para aplazar la resolución de los recursos presentados por los abogados de los condenados del procès a los que se les ha negado el perdón por los delitos de malversación. Lo que haga falta con tal de ganar tiempo porque mientras no hayan concluido ese trámite los defensores no podrán presentar los correspondientes recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta demora implica consecuencias políticas y eso es lo que más preocupa a Bolaños como responsable de todo el entramado judicial de este país.
En cuanto a García Ortiz, todo parece indicar que la sala de admisión del Supremo aceptará la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de imputarle un delito de revelación de secretos. Llegado ese momento arreciará la campaña mediática para forzar su dimisión. Una campaña de escaso recorrido porque García Ortiz cuenta con el apoyo de Moncloa y por mucha presión que se meta al ejecutivo, el fiscal general del Estado parece tener garantizado el puesto. Otra cosa serán las decisiones que tome. En la sala de Lo Contencioso del Supremo están pendientes de resolver varios recursos. Aunque modificó la metodología empleada para nombrar a Dolores Delgado fiscala de sala de Memoria Democrática, tal y como le exigió la instancia, ésta debe proceder, ahora, a dar su visto bueno. Y ahí sigue estando Pablo Lucas, el candidato de los conservadores a presidir el Consejo General del Poder Judicial cuestionado por los progresistas por tal motivo: por ser el ponente de las sentencias que han llenado el camino de piedras en la singladura de la fiscalía general del Estado que ni siquiera tiene capacidad para acometer la reforma del ministerio público mediante la elaboración de un nuevo estatuto fiscal.
Con la posibilidad de acabar sentado en el banquillo de los acusados y atado de pies y manos en su gestión, la derecha judicial tiene entre las cuerdas a García Ortiz. Es un signo más de la batalla emprendida contra Pedro Sánchez. Pero no es la única. Habrá que ver lo que determinan los superiores del juez Juan Carlos Peinado sobre sus cuestionadas actuaciones en el caso de Begoña Gómez. De momento la cosa no pinta nada bien. La Audiencia Provincial de Madrid, que es la que tiene que decidir, ha aplazado la resolución para finales de septiembre. Mientras tanto, el titular del juzgado número 41 podrá seguir haciendo y deshaciendo en la instrucción muy cuestionada por los expertos jurídicos.
Y hay más, habrá que ver cómo terminan las denuncias por delito fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, González Amador, las posibles demandas que se presentarán contra los familiares de Núñez Feijoo en Galicia, y las nuevas redacciones de las sentencias de los ERES de Andalucía que debe elaborar la Audiencia de Sevilla por mandato del TC. Todos ellos, frentes abiertos en esa lucha de la derecha judicial contra el gobierno de Pedro Sánchez en la que, de momento, se sienten ganadores.