El juez Peinado, encargado de la investigación contra Begoña Gómez por tráfico de influencias, tuvo en sus manos el mayor caso relacionado con Venezuela que se ha instruido en España: el blanqueamiento de capitales de PDVSA, la petrolera de Nicolás Maduro bajo sospecha de gravísimos casos de corrupción para sostener el régimen chavista. Sin embargo, sus errores arruinaron el caso. Según publicó Libertad Digital en febrero de 2020 (un diario alineado con la derecha de este país y nada prosanchista), “la tardanza del magistrado Peinado en remitir la causa al completo a la Audiencia Nacional ha provocado descoordinación en la investigación y que se hayan practicado diligencias de investigación nulas por su parte, ya que desde junio no tiene competencia. Además, no se ha informado a la Audiencia Nacional de la práctica de otras pesquisas en la causa provocando errores en la instrucción”.
Este medio de comunicación tituló en aquella ocasión: “La investigación de PDVSA no avanza porque el Juzgado 41 de Madrid no envía todo el sumario a la Audiencia Nacional”. Y añadía: “El magistrado Juan Carlos Peinado todavía no ha remitido todas las piezas de la causa” a la Audiencia Nacional. La investigación concluyó que el retraso del magistrado a la hora de instruir el sumario se debió a que acumuló “numerosas peticiones de las partes sin contestar o sin incorporarlas a la causa”, añade el citado diario digital. Todo ello pese a que la Fiscalía Anticorrupción solicitó un año antes remitir una comisión rogatoria a Venezuela pidiendo información y los antecedentes penales de todos los investigados por esta macrocausa. Las mismas fuentes apuntaron que los investigadores habían realizado "importantes avances" para esclarecer los hechos, con numerosos interrogatorios de la Fiscalía a implicados incluso en Estados Unidos que han identificado los delitos originarios en Venezuela que precedieron al blanqueo de capitales en nuestro país. “Sin embargo, todos estos avances en la investigación aún no pueden incorporarse a la causa normalmente para continuar la instrucción y fijar nuevos objetivos, ya que están pendientes informes policiales, escritos y recursos” que el magistrado del Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla no ha remitido a la magistrada Tardón de la Audiencia Nacional.
“Dicha diligencia tardó casi un año en hacerse efectiva por parte del magistrado. Actualmente, Venezuela ya ha recibido la petición de información por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y queda saber si el régimen de Nicolás Maduro decide contestar a esta petición información y colaborar con las autoridades españolas. La trama corrupta de PDVSA es internacional y muy compleja. La investigación afecta a Miami y Houston en Estados Unidos, Venezuela, Suiza, Andorra, los países bálticos o España”, según Libertad Digital.
Anticorrupción siempre creyó que el que fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, Nervis Villalobos, era “pieza esencial” de un sistema de defraudación y apropiación del patrimonio de la petrolera y de otras empresas públicas de Venezuela como Corporación Eléctrica S.A. “La Fiscalía atribuyó a este ex alto cargo de Hugo Chávez hacer de España un territorio de blanqueo de capitales procedentes de delitos de defraudación, apropiación y corrupción ocurridos en Venezuela”, publicó en su día Libertad Digital.
“Junto a Villalobos fueron investigados en esta causa, el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, el yerno del opositor venezolano y exalcalde de Caracas exiliado en España Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, así como Rafael Ernesto Reiter, exgerente de Prevención de PDVSA, y la mujer y uno de los hijos de Rincón, magnate venezolano residente en EEUU”.
Mientras todo esto ocurría, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, trataba de sacar adelante el caso e imputaba al magnate venezolano Raúl Gorrín. El dueño del canal Globovisión fue citado a declarar. Sin embargo, las fuentes consultadas por Libertad Digital concluyeron que existían “pocas posibilidades de que se presente en España por miedo a ser detenido”. Gorrín era una de las personas más buscadas por Estados Unidos por delitos de corrupción y blanqueo de capitales, siempre según las mismas fuentes consultadas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gorrín estaba “acusado de nueve cargos de blanqueo por haber pagado millones de dólares en sobornos a dos altos cargos venezolanos para realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el régimen venezolano”.
Según El Confidencial, Peinado llegó a tener hasta a 40 personas investigadas en la causa. “En concreto, el juez comenzó a rastrear más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal con mercantiles pertenecientes a la mencionada trama. Algunas de estas últimas estarían vinculadas, según los primeros indicios que barajó el magistrado, a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que de momento no ha venido a España para declarar en la causa. El instructor investigó si estos convenios, que podrían esconder sobornos previos, habilitaban a las sociedades para extraer el crudo y comercializarlo”. También indagó “si las mercantiles eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que estas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material en Europa, según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, encargada de impulsar el procedimiento”. ¿Por qué Peinado se retrasó tanto en la investigación? ¿Se podría haber llegado al fondo del asunto si hubiese puesto el sumario en manos de la Audiencia Nacional cuando este órgano jurisdiccional se lo pidió? Preguntas que quedaron sin respuesta. Lo único cierto es que hoy el juez admite a trámite hasta la última querella que le llega del mundo ultraderechista para tumbar a Begoña Gómez y de paso a Pedro Sánchez, contentando a aquellos que en su día quisieron crucificarlo en la prensa de la caverna por no haber sido diligente en la persecución de la corrupción del régimen de Maduro. Curioso cuanto menos.