Una treintena de colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos se han dirigido a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, así como a la Comisionada de Restauración de Ecosistemas y el responsable de la Oficina Técnica de Doñana, instándoles a comenzar de forma inmediata la implementación de las acciones contempladas en el Marco de Actuaciones para Doñana para la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas. Las organizaciones reclaman al MITECO coordinar una respuesta con las distintas administraciones competentes con el fin de activar un corredor de emergencia que asegure el abastecimiento de agua potable y salubridad en los más de 20 asentamientos onubenses.
Los colectivos consideran que la situación podría mejorar sustancialmente mediante repartos periódicos de agua en camiones cisternas,como ya se hizo durante la pandemia de COVID–19 en el municipio de Lepe. Asimismo, consideran que la solución a corto plazo pasaría por la instalación de los módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica, como recoge el Marco de Actuaciones para Doñana. Además, señalan que deben asegurarse las condiciones de salubridad de estos asentamientos mediante la retirada periódica de residuos que se acumulan en los mismos.
Las organizaciones señalan la alarmante inacción de empresarios y administraciones ante los asentamientos de chabolas, donde viven entre 2.000 y 3.000 personas migrantes que trabajan en el sector de los frutos rojos de Huelva.
Ya en 2020, Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, señaló, después de visitar los asentamientos de las personas trabajadoras en Huelva, que las condiciones de vida “rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado”.
Esta situación se agrava en verano, con altas temperaturas y falta de agua potable, obligando a los habitantes a desplazarse varios kilómetros para conseguir agua y alimentos. En los últimos días, voluntarias de la Asociación La Carpa han estado distribuyendo garrafas de agua en los asentamientos. Sus activistas señalan que la situación es dramática e inhumana.