La Fiscalía ha apelado hoy la decisión del juez instructor, Peinado, emitida el pasado 3 de septiembre, que permite a la UCO revisar siete años de e-mails de la esposa del presidente, alegando vulneración de derechos fundamentales.
La polémica surge a raíz de una instrucción del juez Juan Carlos Peinado, que el 3 de septiembre autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a analizar la correspondencia electrónica de la cuenta oficial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018 hasta hoy. La Fiscalía considera que esta medida judicial es “absolutamente desmesurada”, sobre todo dada la cantidad y el periodo de los correos a investigar.
Argumentos de la Fiscalía: El Ministerio Público fundamenta su recurso en la posible infracción de derechos constitucionales: subraya que la medida afecta “indudablemente” tanto a la intimidad como al secreto de las comunicaciones y al derecho al entorno virtual personal. Además, sostiene que una decisión de este alcance debería haberse tramitado mediante un auto motivado —que es formal y permite mayor control jurídico— y no una simple providencia, que es un instrumento procesal de menor entidad.
Consecuencias inmediatas en el proceso: La presentación del recurso de la Fiscalía supone que la Audiencia Provincial de Madrid debe resolver antes de que pueda llevarse a cabo la medida de análisis de los correos electrónicos de Begoña Gómez. En la práctica, la revisión de los emails queda en suspenso hasta que la Audiencia se pronuncie sobre el recurso tanto de la Fiscalía como de la defensa de Begoña Gómez; el juez instructor no puede ejecutar la medida mientras esté pendiente de decisión.
Respecto al tiempo de resolución, según fuentes judiciales, la media para responder a recursos de este tipo en la Audiencia de Madrid oscila entre tres y cinco meses, ya que no se trata de un caso con presos ni medidas urgentes, por lo que no tiene carácter prioritario en el calendario del tribunal. No obstante, podría tratar de impulsarse el proceso dada su relevancia pública.