El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso manda señales que alertan sobre un retroceso en las políticas del agua en la región, dicen varias organizaciones ecologistas, "promoviendo un mayor consumo del agua y apoyando políticas contrarias a los municipios madrileños y a la consecución de los objetivos de la legislación". La actual tramitación de una nueva "ley ómnibus", que modifica 131 artículos de diez leyes, entre ellos, diversos que favorecen los intereses empresariales y económicos de sectores con consumos suntuosos e insostenibles del agua, es una de ellas. La otra, la participación en la cumbre entre los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia para tratar “las graves consecuencias de las próximas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura”.
Según los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, "este encuentro de gobiernos regionales del Partido Popular advierte de los prejuicios que supondrá para sus economías el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y, por ende, de la reducción de agua trasvasada a los territorios levantinos. Nada nuevo en las exigencias de los territorios receptores del trasvase. Pero resulta sorprendente en el caso de la Comunidad de Madrid, cuyos municipios ribereños del Tajo (Aranjuez, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Estremera) vienen padeciendo desde hace 44 años la reducción de caudales (y la merma en posibilidades de desarrollo social, ambiental y económico) debido a las transferencias de agua que se realizan hacia el Levante".
Según el anuario de estaciones de aforos, dependiente del CEDEX, el caudal medio en el río Tajo a su paso por Aranjuez ha descendido en casi un 80% desde la entrada en funcionamiento del trasvase, teniendo un caudal medio en los últimos diez años de 7,7 m3/s (ver gráfico). Este exiguo caudal reduce al mínimo los usos y actividades ligadas al agua en los municipios madrileños por los que discurre el río Tajo. Y dicen que hay que tener en cuenta que, en detrimento de los intereses de estas poblaciones, mediante el trasvase Tajo-Segura se ha desarrollado en el Levante español un modelo de agricultura insostenible con graves efectos sociales y ambientales en ambas cuencas, incluso con repercusiones directas en el colapso del Mar Menor.
Cabe destacar, además, que los caudales ecológicos que el Plan Hidrológico del Tajo establece (y que son cuestionados por el gobierno madrileño) son una medida esencial para alcanzar los objetivos legales del buen estado en el río Tajo. Por ello, la legislación española incorpora la obligación de establecerlos en los planes hidrológicos. El río Tajo era el único gran río que carecía de estos caudales, motivo por el que el Tribunal Supremo dio la razón a las organizaciones ecologistas, en 2019, anulando parte del anterior Plan Hidrológico. "Es decir, el gobierno madrileño, al criticar la implantación de los caudales ecológicos en el río Tajo está cuestionando la aplicación de las leyes y de las sentencias judiciales", comentan.
Ley ómnibus para eliminar trabas a un mayor consumo de agua
El anteproyecto de Ley de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, la nueva ley ómnibus que tramita actualmente el gobierno de Díaz Ayuso, modifica varios artículos de leyes "para favorecer actividades que generan grandes consumos de agua, desregulando medidas que proferían un mayor control o, directamente, intentado eludir las competencias conferidas constitucionalmente a la Administración General del Estado", señalan.
"En primer lugar, hay que destacar que la ley ómnibus modifica la Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas para eximir del procedimiento de evaluación ambiental la construcción de campos de golf. Esta medida, al eliminar el control previo administrativo y ciudadano, favorecerá la implantación de una actividad, no exenta de polémica en décadas pasadas por el gran impacto. Esta situación tiene su correlación en la negación sistemática del Canal de Isabel II en ofrecer información sobre el consumo de los campos de golf madrileños, desoyendo incluso al Defensor del Pueblo".
Por otro lado, la ley ómnibus, mediante la modificación de la Ley 17/1984 reguladora del abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad de Madrid, consideran que "pretende declarar los regadíos como infraestructuras hidráulicas de interés regional, con el objetivo de puntear al Ministerio para la Transición Ecológica en la autorización preceptiva. Acogiéndose al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, al declarar de interés una infraestructura, su autorización pasa a ser competencia exclusiva del Gobierno regional. Es decir, se está pretendiendo eliminar los controles estatales sobre un recurso escaso como es el agua para favorecer la implantación de actividades con graves daños ambientales, como puede ser el caso de la plantación de pistachos de Sancorganic S.L, en Valdetorres del Jarama".
Por último, la futura ley, mediante la modificación de la Ley 2/2007 por la que se regula la garantía del suministro eléctrico de la Comunidad de Madrid, "va a agilizar la implantación de centros de datos, actividad que necesita ingentes cantidades de agua para sus circuitos de refrigeración. De acuerdo con datos de DGTL Infra (responsable de infraestructuras de centros de datos) el consumo diario promedio de agua de un sólo edificio de centro de datos es de aproximadamente 24,9 millones de litros de agua al año. Actualmente hay hasta 59 proyectos previstos en la región.
Ante estas situaciones, los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura han llamado a realizar "una profunda reflexión al Gobierno regional, especialmente ante la reducción en las aportaciones de agua que está suponiendo el cambio climático. Estas políticas regionales que favorecen y estimulan la demanda de agua suponen un error que puede tener consecuencias a medio plazo en la calidad de vida de la ciudadanía madrileña y en la calidad de nuestros ríos".