Entre septiembre y octubre de 2020, tras su aprobación en mayo, se realizó el grueso de contrataciones para la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. Se contrató a un total de 1.025 personas (825 tramitadores, nivel C1 y 200 gestores nivel A2). Se trataba de un programa de 12 meses, ampliable hasta, máximo, los 3 años.
Para la cobertura de esos 1.025 puestos iniciales, se hizo un llamamiento a las bolsas de empleo de las subdelegaciones de Gobierno de cada provincia. De ellas, por orden de nota, se incorporó a opositores que no habían logrado aprobar la totalidad del proceso selectivo de la Administración General del Estado (AGE). Fueron contratados como interinos. Los únicos funcionarios de carrera que se adscribieron al servicio fueron los jefes de sección en todas las provincias y servicios centrales.
Ante el gran volumen de trabajo de las tramitaciones, incrementado por las reclamaciones y revisiones, se hicieron nuevas contrataciones para reforzar este último aspecto: unos 200 efectivos más en el último semestre de 2023.
Sin embargo, ya terminaba el plazo legal para que las primeras 1.025 personas en plantilla finalizasen su contrato. El responsable de Administración del Estado del sindicato USO, José Joaquín Castro es contundente al afirmar que esas plazas «deberían haberse cubierto mediante una Oferta de Empleo Público. Sin embargo, la que se publicó en julio de 2023, que establecía la creación de esas 1.025 plazas en el futuro proceso selectivo que se convocase en AGE, establecía también que ‘las plazas que se encuentren ocupadas por personal temporal al amparo del programa de gestión del Ingreso Mínimo Vital, podrán mantener su situación hasta la resolución de los procesos selectivos para su cobertura definitiva’». Es decir, el gobierno de Sánchez trató de «legalizar» su contratación con una «simple mención en el BOE».
Transparencia nula
El sindicato, ante el fin del programa en 2023, solicitó a través del Portal de Transparencia, sin éxito, conocer los siguientes aspectos relativos al IMV:
- Nº de solicitudes totales por año (2020, 2021, 2022 y 2023).
- Nº de gestores y tramitadores en cada Dirección Provincial.
- Pendencia de expedientes sin resolver en cada Dirección Provincial.
- Nº de gestores y/o tramitadores contratados entre los años 2022 y 2023 en cada Dirección Provincial.
En realidad, Transparencia estuvo dando largas. Un mes después de presentar dicha solicitud, se recibió como respuesta que necesitaban un mes más para recabar toda la información. Después, una notificación de tramitación en la que se advierte que, si en un mes no hay respuesta, debe entenderse denegado el derecho a la información.
No hubo respuesta por parte del Portal de Transparencia. El 24 de mayo de 2024, se volvió remitir una solicitud de acceso a dicha información al mismo órgano, el cual dio la misma respuesta de ampliación de plazo de un mes para recabar la información.
Muchas de las provincias llevan un retraso de entre 6 meses y 1 año en la tramitación y resolución de expedientes del IMV. Al poco personal para gestionar tamaña prestación, hay que sumarle los continuos cambios normativos y de instrucciones que llegan desde los servicios centrales, además de que también se ha cambiado en este tiempo el aplicativo informático para tramitarlos.
Además de la falta de información que hay en esta prestación clave para las familias en situación de vulnerabilidad, no se facilitan datos reales ni se muestra transparencia con las decisiones que se han tomado para darle forma al IMV desde que nació, en 2020.
Por otro lado, las 1.025 plazas ya están convocadas por turno libre. Esto genera preguntas muy importantes como qué va a pasar con esta prestación hasta la incorporación de los titulares definitivos. ¿Va a cesar la Administración de forma masiva al personal interino que ha cubierto esas funciones durante casi cuatro años? ¿Quién se encargará de la formación del personal de nuevo ingreso si la gestión y tramitación del IMV ha recaído en personal interino?
Lo que demuestra una vez más es que el Estado español se ha convertido al fraude de ley que supone el abuso de la contratación temporal en la Administración General del Estado. Por más que haya sentencias del TJUE, el gobierno Sánchez continúa abusando de una figura que ya ha sido declarada ilegal y por la que España va a ser sancionada por la Comisión Europea.