Pfizergate
Pfizergate es el término que hace referencia al nombre que se le ha dado al escándalo protagonizado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen y el CEO de la compañía farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, durante la gestión de la contratación de compra de viales contra el Covid-19 en la pandemia.
El escándalo se refiere a la relación personal, con conversaciones privadas, mantenida entre la presidenta y el CEO. Una serie de mensajes entre ellos, que supuestamente habrían contenido información relevante sobre la compraventa de los millones de viales con dinero público de todos los europeos, que supuestamente, fueron eliminados.
En el año 2021, hace ya cuatro años, nos encontrábamos en plena pandemia del Covid-19 y ante el reto de los gobiernos de abastecer a sus poblaciones de vacunas que pudieran frenar los contagios y evitar las muertes, según se anunciaba en ese momento. Se producían problemas de suministro con algunas compañías, como AstraZeneca, que posteriormente fue retirada en nuestro país por los problemas que surgieron tras su administración.
En ese momento, Von der Leyen puso en marcha su negociación personal con Bourla, "para asegurar más dosis de los viajes de Pfizer" en la UE, según su versión de los hechos. Esas negociaciones habrían incluido mensajes de texto, llamadas personales, actuando de manera absolutamente contraria a las normas europeas de transparencia.
El Tribunal de Cuentas de la UE emitió un informe donde criticó duramente este proceder por parte de la presidenta de la Comisión. Al igual que lo hizo la defensora del pueblo europeo, quien señaló al gabinete de Úrsula tras la negativa a presentar esos mensajes.
En aquel momento se negociaba un contrato por valor de 35.000 millones de euros provenientes de las arcas públicas europeas, para el suministro de 900 millones de vacunas contra la covid-19, con opción de compra de otros 900 millones más.
Varios grupos políticos del Parlamento Europeo -entre ellos el socialista S&D, los Verdes y una parte de Renovar Europa- pidieron a la Comisión que hiciera públicos los mensajes cuando se destapó el caso.
"La transparencia no es un lujo, es una obligación democrática. Cuando la Comisión Europea, bajo el mandato de Ursula von der Leyen, se niega a hacer públicos los mensajes de texto o redacta en gran medida los contratos de vacunas, envía un mensaje peligroso: que el secreto empresarial puede prevalecer sobre el interés público", comentó la eurodiputada de Los Verdes Tilly Metz a Euractiv.
El diario estadounidense The New York Times, junto a otros medios, solicitaron acceso a estos mensajes, alegando el deber de transparencia de la Comisión Europea en las negociaciones que han llevado a cabo en nombre de la ciudadanía europea, y con el pago de dinero público. Pero la Comisión Europea se negó a entregar esta información, diciendo que no tenían por qué mantener ese tipo de mensajes.
"Esos mensajes se tendrían que haber publicado hace mucho tiempo. Cuando las decisiones afectan a la salud de millones de personas, el secretismo no puede prevalecer", comentó Shari Hinds, responsable de integridad política de la UE en la ONG Transparencia Internacional. "En términos más generales -y cruciales- los grandes acuerdos públicos no se deben hacer a través de mensajes privados, sino mediante procesos oficiales que garanticen la responsabilidad democrática", ha añadido.
Ambigüedad sobre la existencia de los mensajes
En un primer momento, desde la Comisión se mantuvo la ambigüedad sobre la existencia de los mensajes. Pero Bourla lo admitió en una entrevista en 2021. El ejecutivo europeo tardó más tiempo en reconocerlo. Según el directivo, esos intercambios fomentaron una confianza mutua decisiva para cerrar el trato (La Gaceta)
Fue el pasado mes de noviembre de 2024, cuando el abogado que representa a la Comisión, reconoció que sí existían y que se habían producido en "canales privados". Y en ese sentido, han tratado de justificar que no es de aplicación la normativa de transparencia de las instituciones europeas, al tratarse de ámbito personal y privado.
Sentencia del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea
Hoy, 14 de mayo de 2025, hemos conocido que el Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia contra la Comisión Europea, concluyendo que Bruselas ha incumplido las normas de transparencia al no haber proporcionado esos mensajes solicitados.
- Puede encontrar pulsando aquí el texto completo del comunicado de prensa
"Mediante un recurso basado en el Reglamento relativo al acceso a los documentos, Matina Stevi, una periodista que trabaja para el diario The New York Times, solicitó a la Comisión Europea que le diera acceso a la totalidad de los mensajes de texto intercambiados entre la presidenta Ursula von der Leyen y Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, entre el 1 de enero de 2021 y el 11 de mayo de 2022. La Comisión denegó dicha solicitud aduciendo que no tenía en su poder los documentos a los que esta se refería. La Sra. Stevi y The New York Times solicitaron al Tribunal General que anulara la decisión de la Comisión."
En su sentencia, el Tribunal General estima el recurso y anula la decisión de la Comisión.
El Tribunal General recuerda que el Reglamento relativo al acceso a los documentos tiene por objeto conferir, de la manera más completa posible, el derecho de acceso del público a los documentos que obran en poder de las instituciones. De este modo, y por regla general, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público. No obstante, cuando, en respuesta a una solicitud de acceso, una institución afirma que un documento no existe, se presume la inexistencia de este, en virtud de la presunción de veracidad de que goza esa declaración. A pesar de ello, esta presunción puede ser refutada sobre la base de elementos pertinentes y concordantes aportados por el solicitante.
En el presente asunto, el Tribunal General subraya que, a lo largo de todo el procedimiento, las respuestas proporcionadas por la Comisión en relación con los mensajes de texto solicitados se basan o bien en suposiciones, o bien en informaciones cambiantes o imprecisas. En cambio, la Sra. Stevi y The New York Times aportaron elementos pertinentes y concordantes que describen la existencia de intercambios —en particular en forma de mensajes de texto— entre la presidenta de la Comisión y el presidente y director ejecutivo de Pfizer, en el contexto de la compra de vacunas por la Comisión a la referida empresa durante la pandemia de COVID-19. De este modo, la Sra. Stevi y The New York Times han conseguido refutar la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados.
En una situación como la descrita, la Comisión no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados, sino que debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos. La Comisión no explicó en detalle el tipo de búsquedas que supuestamente se realizaron para encontrar esos documentos, ni especificó los lugares en que esas búsquedas se llevaron supuestamente a cabo. Por lo tanto, no proporcionó una explicación plausible para justificar que no estaba en posesión de los documentos solicitados. Además, la Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados se habían suprimido y, de ser así, si la supresión había sido voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta había sido sustituido en ese intervalo de tiempo.
Por último, la Comisión tampoco explicó de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas contra la COVID-19 no contenían información importante o que precisara de un seguimiento, cuya conservación debiera garantizarse.
- Puede consultar aquí el texto completo de la sentencia (disponible en inglés)
Puntos clave de la sentencia
- Obligación de transparencia: El tribunal afirma que el reglamento relativo al acceso a los documentos tiene por objeto conferir, de la manera más completa posible, el derecho de acceso del público a los documentos en poder de las instituciones. Por regla general, todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público, incluidos los mensajes de texto.
- Explicaciones insuficientes: La Comisión Europea no puede limitarse a afirmar que no posee los documentos solicitados; debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al tribunal entender por qué no pueden encontrarse esos documentos. En este caso, la Comisión no explicó en detalle qué búsquedas realizó ni especificó los lugares donde se llevaron a cabo.
- Presunción refutada: La periodista y el New York Times aportaron elementos pertinentes y concordantes que refutaron la presunción de inexistencia y de no posesión de los documentos solicitados.
- Falta de justificación sobre la eliminación: La Comisión no aclaró suficientemente si los mensajes de texto solicitados se habían suprimido y, de ser así, si la supresión fue voluntaria o automática, o si el teléfono móvil de la presidenta fue sustituido en ese intervalo de tiempo.
- Importancia de los mensajes: El tribunal también señala que la Comisión no explicó de manera plausible por qué consideró que los mensajes de texto intercambiados en el contexto de la compra de vacunas no contenían información importante o que precisara de un seguimiento, cuya conservación debiera garantizarse
La Comisión Europea puede ahora recurrir esta sentencia en el plazo de dos meses ante el TJUE.