El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado, tal como se preveía, la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal. A falta de una información más amplia, ha trascendido que el magistrado entiende que para admitir a trámite una querella hace falta algo más que simples recortes de prensa, tal como hizo el PP cuando incluyó en su denuncia una noticia del periódico digital The Objective sobre dos supuestos anónimos que acudieron a Ferraz, sede del PSOE, con bolsas cargadas con dinero, concretamente 90.000 euros.
La doctrina de Pedraz choque directamente con la del juez Peinado, que desde el mes de abril viene investigando a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios solo con recortes de prensa aportados por una querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Nos encontramos, por tanto, ante dos interpretaciones distintas de la ley. La del juez Peinado, que desprecia los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los que se descarta que Gómez haya cometido delito alguno, y la de Pedraz, totalmente opuesta, al entender que no bastan simples informaciones periodísticas para levantar una querella medianamente sólida, sino que es preciso fundamentar la denuncia en indicios de racionalidad mediante testimonios o pruebas documentales. Nada de eso se encontraba en la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal, una elucubración como ya han denunciado juristas de reconocido prestigio. El mismo Borja Sémper, que fue el encargado de interponer la querella, se mostró dubitativo cuando los periodistas le preguntaron si creía que la iniciativa de Génova iba a prosperar. Desde ese momento, la mayoría de los prebostes populares se han limitado a decir que la querella era solo el principio, y que le tocaba al juez Pedraz investigar. Pues no. El magistrado ha puesto en su sitio la última campaña de propaganda del Partido Popular, que una vez más ha quedado en evidencia. Cabe preguntarse ahora si esta enésima querella fake no tendrá un efecto bumerán para los populares, es decir, si no se han pegado un tiro en el pie en su intento de judicializar la política. De momento, las encuestas del CIS revelan que la estrategia dura ayusista, es decir, el lawfare judicial, no lleva a ninguna parte a las huestes de Génova 13, más que a perder décimas en la intención de votos de los españoles.
En un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que la pasada semana informó en contra de la admisión del escrito de los populares. La querella del PP contra el PSOE por presunta financiación se dirigía contra el PSOE, el empresario Víctor de Aldama y Koldo García (ex asesor del otrora ministro socialista José Luis Ábalos), entre otros, por presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho, informa Europa Press.
El escrito se presentó ante el juzgado que dirige Santiago Pedraz porque se enmarca en las pesquisas secretas que dirige esta sede judicial por un presunto fraude de IVA de más de 182 millones en el sector de los hidrocarburos. Los populares basaron su querella en la información publicada el pasado 10 de octubre por The Objective. El objetivo último, de acuerdo con estos testimonios, sería que a través de la intermediación de De Aldama con Koldo García la empresa Villafuel consiguiera el título de operador en el sector de hidrocarburos, que finalmente obtuvo.
Para el PP, “la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político” es un indicio bastante importante como para “iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos”. No lo entiende así el juez Pedraz, que ha liquidado la querella por la vía rápida.
No obstante, apuntaba también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el caso Koldo y a la existencia de “un aforado” (el exministro José Luis Ábalos) que, alegaban, podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.