Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha decidido suspender de forma temporal la publicación de anuncios políticos en ambas plataformas, según el anuncio oficial realizado esta semana.
Esta medida se aplicará inicialmente hasta el final del año, pero podría extenderse según los avances del marco regulatorio y las revisiones internas. También se enmarca en la presión de reguladores y legisladores en Europa, especialmente tras la entrada en vigor de leyes como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), que incrementan los controles sobre las grandes tecnológicas.
La decisión llega en un contexto de creciente escrutinio global hacia las plataformas digitales por su papel en la difusión de desinformación, campañas de manipulación política y la influencia indebida en procesos electorales democráticos.
Meta afirma que busca preservar la integridad del discurso político online, minimizando el riesgo de abusos relacionados con publicidad dirigida que pueda vulnerar derechos o fomentar la polarización social.
Según ha explicado la compañía, el cambio en sus permisos, consistirá en que no se permitirá la emisión de anuncios con contenido político, electoral o social, incluyendo campañas de partidos, candidatos, iniciativas legislativas y temas polémicos como derechos civiles o medio ambiente.
Meta dice que mantendrá la publicidad comercial y de otros contenidos no relacionados con política para no afectar su modelo de negocio principal. La medida se aplicará a nivel global, aunque se ajustará conforme a legislaciones locales y posibles nuevas normativas.
Impacto para anunciantes y campañas:
Los partidos políticos, organizaciones cívicas y activistas deberán replantear sus estrategias digitales y buscar canales alternativos para comunicarse con el electorado.
Expertos alertan que esta suspensión puede reducir la capacidad de difusión de mensajes políticos relevantes, pero también podría limitar la circulación de mensajes abusivos o nativamente segmentados para manipulación.
Por su parte, organizaciones de defensa de derechos digitales y grupos anti-desinformación valoran la medida como un paso positivo aunque temporal, instando a Meta y otras plataformas a implementar cambios estructurales más permanentes y transparentes.
Desde el sector tecnológico se señala que la publicidad política es solo una parte del problema y que se requieren mecanismos más amplios de control de contenido nocivo y verificación de hechos.
En comparación, otras plataformas como Twitter o TikTok mantienen políticas variables respecto a anuncios políticos, lo que genera un ecosistema digital fragmentado en regulación y prácticas.