El debate sobre la memoria histórica en España vuelve a escena con fuerza. Esta vez, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido llevar al Congreso una propuesta para reformar la ley de asociaciones con el objetivo de prohibir aquellas organizaciones que fomenten la apología del franquismo. En el centro de esta iniciativa se encuentra la Fundación Francisco Franco, que durante años ha defendido el legado del dictador y sus políticas, y cuya ilegalización ha sido un objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2020. La propuesta se debatirá en la Cámara baja la próxima semana, y su aprobación abriría la puerta a un nuevo capítulo en la política de memoria democrática del país.
La iniciativa de los socialistas responde a la necesidad de cumplir con la Ley de Memoria Democrática de 2022, que ya preveía la disolución de organizaciones que promovieran la exaltación del franquismo. No obstante, para llevar a cabo este proceso, se requiere una modificación de la ley de asociaciones, que permita a los tribunales intervenir y ordenar la disolución de estas entidades. Según el portavoz del PSOE, Patxi López, esta medida no solo busca "cerrar una herida que sigue abierta en la sociedad española", sino también "retratar a aquellos que solo hablan de las víctimas que les interesa", en clara referencia a las fuerzas conservadoras que critican el uso del pasado franquista como arma política.
La sombra del franquismo en la política actual
Uno de los aspectos más polémicos de la propuesta es su interpretación del término "apología del franquismo". Según el texto presentado por el PSOE, se considerará apología cualquier exaltación del golpe de Estado de 1936, la dictadura posterior o sus dirigentes, siempre que concurra humillación o menosprecio hacia las víctimas de ese régimen o una incitación al odio contra ellas. Este planteamiento sitúa a la Fundación Francisco Franco en el centro del debate, al ser una de las organizaciones que más ha promovido una visión positiva del régimen dictatorial.
Fundada en 1976, apenas un año después de la muerte de Franco, la fundación ha trabajado para preservar su legado, organizando actos, conferencias y publicaciones que defienden al dictador. Para muchos, su existencia representa una anomalía en la democracia española. Mientras que en otros países europeos las organizaciones que promueven el fascismo o el nazismo son ilegales, en España, hasta ahora, la Fundación Franco ha seguido operando con relativa impunidad.
Un debate que divide a la sociedad
La ilegalización de la Fundación Francisco Franco es un tema que polariza profundamente a la sociedad española. Por un lado, quienes apoyan la medida, argumentan que es necesario acabar con cualquier forma de exaltación de un régimen que se sustentó en la represión y la violación de los derechos humanos. Para estos sectores, la existencia de la fundación es una afrenta para las víctimas del franquismo y sus familias, que aún luchan por el reconocimiento y reparación de los crímenes cometidos durante la dictadura.
Por otro lado, los detractores de la reforma, principalmente representados por el partido Vox, argumentan que se trata de un ataque a la libertad de expresión y una imposición de una visión sesgada del pasado. En palabras de la exsecretaria de Vox, Macarena Olona, "prohibir la fundación es una muestra de sectarismo ideológico y una visión unilateral de la historia". Esta postura ha calado en ciertos sectores de la sociedad, que consideran que el debate sobre la memoria histórica debería enfocarse en la reconciliación y no en la confrontación.
El reto de la justicia histórica
El proyecto de ilegalizar la Fundación Francisco Franco es, en última instancia, una pieza clave dentro del esfuerzo más amplio por ajustar cuentas con el pasado franquista. Desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007, los sucesivos gobiernos han intentado dar pasos hacia una mayor justicia y reparación para las víctimas de la dictadura, aunque el camino no ha sido fácil.
La transición española fue un proceso único, pero también dejó muchas cuestiones sin resolver. Mientras que en países como Alemania e Italia se implementaron procesos de desnazificación y desmussolinización, en España, el pacto de silencio que marcó la transición permitió que muchas de las estructuras del franquismo permanecieran intactas. La Fundación Francisco Franco es un recordatorio de ese pasado no resuelto.
Con la reforma propuesta por el PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez busca cerrar uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de España. Sin embargo, la aprobación de la ley no garantiza una solución inmediata. La decisión final de ilegalizar la fundación recaerá en los tribunales, lo que puede prolongar el proceso y añadir un nuevo elemento de tensión política.
Un desafío para la democracia
La propuesta del PSOE no solo plantea un desafío legislativo, sino también un reto para la democracia española. En un momento en el que los discursos de extrema derecha y la nostalgia por regímenes autoritarios resurgen en Europa, la batalla por la memoria histórica se vuelve aún más crucial. La ilegalización de la Fundación Francisco Franco sería un paso simbólico, pero significativo, en el esfuerzo por construir una democracia plenamente reconciliada con su pasado.
Mientras tanto, el debate en el Congreso y en la sociedad seguirá siendo intenso. La reforma no solo busca hacer justicia a las víctimas del franquismo, sino también consolidar una narrativa democrática en la que no haya espacio para la exaltación de dictaduras.