El pasado domingo se celebró una multitudinaria manifestación en Madrid en favor del derecho de la vivienda y en contra de los precios disparados del alquiler.
Uno de los principales puntos de indignación es el aumento vertiginoso de los precios del alquiler en las grandes ciudades, en particular Madrid y Barcelona. Según datos recientes, el coste del alquiler en la capital ha aumentado más de un 30% en los últimos cinco años, mientras que los salarios apenas han crecido.
Esta desproporción está empujando a muchas personas a situaciones de vulnerabilidad económica, con familias que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar una vivienda que, en muchos casos, no cumple con los mínimos de habitabilidad.
Esto es cierto, pero la realidad es que el problema es mucho más profundo que una cuestión de relaciones entre inquilinos y propietarios. La verdadera razón de esta crisis habitacional hay que buscarla en los salarios que perciben las clases medias y trabajadoras y que el actual gobierno es incapaz de adecuar a la realidad que debería imperar en la supuesta cuarta economía de la Unión Europea. Se ha intentado con las constantes subidas del salario mínimo, pero es inútil. La clase empresarial, que está viendo cómo los beneficios crecen, ha entrado en la dinámica de codicia corporativa y encuentra lagunas legales que les permiten seguir pagando salarios de miseria a los trabajadores.
La crisis de la vivienda se alimenta de la gravísima crisis salarial. Durante la época previa a la crisis de 2008, cuando ser mileurista era un estigma social, los españoles tenían acceso a viviendas de más de 300.000 euros con cuotas hipotecarias que oscilaban entre los 1.200 y los 1.500 euros mensuales. Esa cantidad, impensable hoy día, suponía una ratio de endeudamiento que no superaba el 35% de una familia de clase media y trabajadora. Ahora, los alquileres están más altos y los salarios más bajos. Eso sí, los beneficios empresariales disparados. Algo falla y la responsabilidad de que esto suceda es de la clase política.
La derecha y la tensión de los precios del alquiler
La derecha española lleva años autoproclamándose como la protectora de la Constitución de 1978. Eso es falso, sobre todo si se comprueban los datos oficiales y lo que señala el artículo 47 de la Carta Magna: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Casualmente, es en los territorios gobernados por las distintas derechas donde se concentra la mayor tensión en el precio de los alquileres.
Según ha publicado la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), los datos de diferentes organismos oficiales revelan que hay comunidades autónomas en las que la mitad de los ingresos familiares tienen que ser utilizados para el pago del alquiler. En Islas Baleares, Cataluña, Canarias y Comunidad de Madrid, la relación de sueldos (más bajos en Canarias, y elevados en Madrid) frente al alquiler, plantea un porcentaje de esfuerzo económico que va del 56,8% hasta el 50,7%. Tres de esos cuatro territorios están gobernados por la derecha.
La media nacional, que establece una renta media anual para 2023 de 34.821 euros, según datos del INE, plantea un esfuerzo económico para alquilar del 43,5%, con relación a los datos que recopilan los portales inmobiliarios, de 1.261 euros (vivienda media considerada de 97 metros cuadrados). Un dato que en sí mismo supera el tercio de los ingresos como tope aconsejable.
Hay determinadas comunidades autónomas, como País Vasco, que pese a presentar una renta media anual por hogar elevada, la segunda por detrás de la Comunidad de Madrid, presenta precios medios de alquiler más ajustados, por lo que el esfuerzo económico desciende al 38,4%. A la inversa sucede en Canarias, con sueldos menos elevados pero mayor precio del alquiler, lo que aumenta la tensión por el pago del alquiler, como en Islas Baleares, la región más tensionada del país.
Los datos de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso son demoledores en este sentido. El precio medio del alquiler ya está situado en 1.813,90 euros mensuales, lo que supone el 50,7% de los ingresos familiares. Hay que tener en cuenta que en Madrid se concentran las mayores fortunas de España, lo que provoca que la renta media familiar se dispare por la enorme brecha de desigualdad que existe. Sin embargo, es un hecho que en los barrios más humildes y en las ciudades dormitorio ya es muy complicado encontrar una vivienda digna de alquiler por menos de 1.000 euros mensuales.
El alquiler para una persona en solitario se vuelve imposible y mucho más para los jóvenes que se encuentran con una realidad de empleos precarios y salarios ínfimos, por más que sean indefinidos o fijos discontinuos.
La crisis de la vivienda no se soluciona sólo con la intervención del mercado del alquiler por parte del Estado. Es algo mucho más profundo que precisa de un verdadero pacto de Estado, no sólo entre la clase política (que lo hará ineficaz, absurdo y sin contenido), sino entre todos los actores de la sociedad implicados.
Si suben los salarios, se reforma de verdad el mercado de trabajo (y no con parches), si los empresarios no estuvieran presos de la codicia corporativa, entonces la crisis de la vivienda podría acometerse. Mientras no se empiece por el cimiento, nada servirá.