Recientemente el líder de ERC, Oriol Junqueras, echó un jarro de agua fría al gobierno de Pedro Sánchez cuando dejó clara la existencia de serias dificultades para acordar los presupuestos de 2026. Unos días antes, Carles Puigdemont, al mismo tiempo que exigía el inmediato traspaso de las competencias en materia de inmigración, algo impensable para el ejecutivo central, pedía a sus cuadros cierta “mesura” a la hora de “someter a sus rivales” y los medios afines al conservadurismo empezaron a hablar de la apertura del diálogo con el PP y la ruptura con el PSOE. El trasfondo de estas manifestaciones obedece a las presiones de los independentistas catalanes para que se ejecute íntegramente la ley de amnistía. Moncloa, mientras tanto, presiona a Conde-Pumpido para que se dé prioridad a los recursos de amparo. Algo difícil de hacer cuando en Génova exigen la salida del presidente de la corte de garantías a la hora de negociar la renovación de los cuatro jueces cuyo mandato caduca a finales de año. La medida de gracia sigue siendo el objetivo de los soberanistas que quieren recuperar sus derechos ciudadanos a cambio de garantizar el mandato de Sánchez. Ya no se cortan y reconocen que lo que está en juego no es otra cosa que la “autoamnistía”.
En Waterloo reconocen que la obsesión del expresident, Puigdemont, sigue siendo su vuelta a Catalunya “con alfombra roja” y sin tener que dar cuenta de responsabilidades penales ante el Supremo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía tardará un tiempo para pronunciarse sobre la ley de amnistía. Pero los juristas señalan que, ahora mismo, nadie puede predecir el pronunciamiento de la corte después del informe demoledor en contra de la representación de la Comisión Europea que criticó, en el plenario del mes de julio, aspectos de la LOA. Pedro Sánchez parece haber perdido su capacidad de influencia en Bruselas ante un colegio de comisarios claramente inclinado a la derecha. Se ha quedado solo y las consecuencias son evidentes. Y de eso son conscientes en el soberanismo catalán que recuerdan que votaron a favor de la investidura del socialista a cambio del perdón colectivo.
El expresidente de la sala de Lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, que no ha perdido su influencia entre sus compañeros, cree que están ganando la batalla, pero todavía queda por comprobar lo que dice el Constitucional. A pesar de la sentencia que avala la ley, quedan por resolver catorce recursos de las comunidades autónomas, de los tribunales superiores de justicia catalán y madrileño y de los juzgados de primera instancia. Fuentes próximas a Conde-Pumpido señalan que los recursos de amparo no se resolverán hasta que se hayan pronunciado sobre estas demandas y eso puede tardar, como poco, un año.
Demasiado tiempo para los soberanistas. Junqueras estaría dispuesto a aceptar el indulto que está preparando el gobierno para aligerar su situación y la de los condenados, pero ese no es el caso de Puigdemont porque ni siquiera ha sido juzgado. Está en busca y captura en territorio nacional y en fuentes jurídicas se deja claro que hasta que no haya entrega, juicio y condena, no se le podrá aplicar la medida de gracia gubernamental. Y a eso no está dispuesto el inquilino de Waterloo quien teme que el presidente del Constitucional termine su mandato sin haber resuelto su amparo y aplicarle la amnistía. En este sentido su entorno presiona para provocar un bloqueo en las negociaciones sobre la renovación y así evitar la salida de la única persona que creen capaz de aglutinar los votos necesarios para lograr ese amparo de manera urgente. Núñez Feijóo ya ha avisado de la existencia de esta maniobra, de que el PSOE quiere mantener a toda costa a Conde-Pumpido al frente del Constitucional porque “el ejecutivo necesita sostenerlo como escudo frente a las causas judiciales abiertas que afectan al Gobierno, al PSOE y a familiares del propio Sánchez”.
A todo esto, hay que añadir otro inconveniente. Hasta ahora, el interlocutor socialista con Waterloo era Santos Cerdán que había logrado un dialogo fluido con el entorno de Puigdemont. Pero ya no pertenece al Partido, ha sido desposeído de sus funciones y ya ni siquiera es militante. De momento, Sánchez no ha dado muestras de haber designado a su sucesor en las reuniones de Ginebra que, recordemos, se llevan a cabo con la presencia de un mediador internacional. Y las demandas de Junts se quedan sin respuesta. Hay quien señala que el diálogo se está encauzando en Barcelona, y que es el propio president de la Generalitat, Salvador Illa, quien está llevando el peso de las negociaciones en nombre de Sánchez.
Nada de esto está confirmado y, mientras tanto, en el Congreso, los siete diputados de Junts siguen manteniendo una postura beligerante que prácticamente bloquea todas las iniciativas que presenta la izquierda. Y a esto hay que sumar las advertencias de ERC por lo que el gobierno progresista se está quedando sin los apoyos suficientes para sacar adelante sus iniciativas, la más urgente es la de los presupuestos para dotar de recursos públicos tal y como se ha puesto de manifiesto con la catástrofe que ha asolado una importante superficie del patrimonio forestal de este país. Se necesitan actualizar esos recursos y para ello se requiere una nueva norma presupuestaria que no saldrá adelante sin el apoyo de los que invistieron a Sánchez va a hacer ahora dos años.
Y de ellos dos agrupaciones, las de los soberanistas catalanes, ponen todo tipo de excusas para oponerse a las iniciativas progresistas. La realidad es que no se sentirán satisfechos hasta que a sus dirigentes no se les borre todas sus responsabilidades penales por el procès. Y eso va a tardar un tiempo en el que, como se acaba de comprobar, juegan muchos factores. Tal vez sea ésta la situación que deberá tener en cuenta Pedro Sánchez para seguir manteniendo su idea de agotar la legislatura.