En la carrera judicial de este país existen tres categorías de profesionales que imparten justicia: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. En varias ocasiones se ha llamado “magistrado” a un juez que no ha sido ascendido. Para ser juez es preciso estar en posesión del título de licenciado en derecho y superar una oposición durísima de 350 temas memorizados. Tras esto, los elegidos tienen que pasar por la Escuela Judicial por un periodo aproximado de dos años. Para ascender de juez a magistrado o bien hay que superar unas pruebas selectivas o por antigüedad, es decir, por tiempo en servicio activo. También existe la posibilidad de ingresar directamente en la categoría de magistrado mediante un concurso-oposición en lo que se llama “el cuarto turno” cuyas plazas se reservan para juristas de reconocido prestigio.
En cuanto a la categoría de magistrado del TS sólo se puede acceder mediante designación del Consejo General del Poder Judicial. En la etapa en que presidió el órgano Carlos Lesmes, durante el mandato de Mariano Rajoy al frente del gobierno, esas designaciones se llevaron a cabo de manera discrecional, incluso en un momento en el que el CGPJ había caducado. El gobierno tuvo que acabar con este estado de cosas mediante un decreto que limitó esa competencia. El Supremo se convirtió en un coladero de la derecha judicial. Y es que este sistema es anacrónico. Aprovechando el anteproyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras fiscal y judicial, el ministro Félix Bolaños ha adelantado la posibilidad de acabar con dicho sistema lo que pone, de nuevo, en pie de guerra a las asociaciones profesionales de signo conservador.
Sólo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia pide abiertamente acabar con esta distinción salvo en el caso del Supremo. Porque ocurre que cuando un juez asciende a magistrado normalmente acaba por cambiar de destino con los problemas personales que ello supone y más en una profesión muy necesitada de conciliación familiar. En 2009 se modificó la ley orgánica del Poder Judicial para eliminar la obligatoriedad del traslado forzoso al producirse el ascenso. Ahora, la derecha judicial ha propagado el bulo de que el ministro, Félix Bolaños, quiere retornar al antiguo sistema, la reintroducción del traslado forzoso para jueces al ascender a la categoría de magistrado.
En su departamento desmienten que se haya efectuado esa propuesta. Lo que ocurre es que el sector conservador de la judicatura quiere mezclarlo todo con un solo propósito: cargarse el anteproyecto que Bolaños pretende que se empiece a tramitar en la próxima primavera. Porque no quieren, bajo ningún concepto, que prospere la idea de que los llamados jueces sustitutos pasen a formar parte del cuarto turno y entrar “por la puerta de atrás” en la judicatura, tal y como dicen ellos. No es que no les guste la propuesta de Bolaños, es que quieren seguir manteniendo el coto cerrado en que han convertido la judicatura.
La situación de los jueces sustitutos es preocupante. Desde hace años vienen haciendo la labor de reemplazar a los titulares de los juzgados que, o bien por excedencia o baja por enfermedad, tienen que abandonar provisionalmente su puesto de trabajo. El problema es que cuando regresan a la plaza de la que son propietarios el “sustituto” no tiene derecho a nada. Ni siquiera a cobrar la prestación por desempleo. Se queda a la espera de nuevo destino si es que sale alguna plaza vacante. El juez sustituto se ve sometido al mismo régimen de incompatibilidades que sus compañeros de carrera por lo que no pueden ejercer otra labor profesional, incluso cuando no están en activo. Y eso lleva a muchos a abandonar pasando a trabajar en los despachos privados que los acogen con las manos abiertas conscientes de su preparación y experiencia. El anteproyecto pretende arreglar esta disfunción incorporando a los jueces sustitutos al cuarto turno lo que acabará con su interinidad.
El anteproyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras fiscal y judicial consiste, esencialmente, en dotar de medios económicos a los aspirantes a ocupar una plaza en las carreras fiscal y judicial. Para ello se regulan las llamadas becas SERE que deberán suponer, al menos, el importe del SMI durante cuatro años. Se limita la actuación de los llamados “preparadores” que suelen ser jueces y fiscales en activo o retirados y que, además, muchos cobran en negro. La norma convierte el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones que contará con distintas delegaciones, con el fin de reducir la brecha de oportunidades derivada del lugar de residencia.
Al margen de la modificación de los sistemas de acceso el anteproyecto propone una serie de interesantes reformas en lo que se refiere a la dinámica interna de jueces y fiscales. Hay una nueva regulación referida a la composición y elección de los miembros de la comisión de ética del Consejo General del Poder Judicial con el fin de asegurar la diversidad de perfiles. De esta forma, cinco miembros serán jueces o magistrados, elegidos por la carrera, y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral. Pero donde la derecha judicial pone el grito en el cielo es en el nuevo sistema de elección de las salas de gobierno de los principales tribunales. A partir de ahora, las candidaturas deberán ser individuales y se emitirá un solo voto por elector. Se prohíbe el sufragio delegado, se introduce la posibilidad del voto telemático y se reduce el mandato de cinco a tres años.
El sistema actual ha quedado obsoleto, pero está siendo muy bien aprovechado por las asociaciones judiciales conservadoras. En las últimas elecciones celebradas a finales del año pasado, la APM se hizo con la práctica totalidad de los integrantes de las salas de gobierno gracias a la delegación del voto que ahora se prohíbe. Se quiere acabar con este sistema porque las salas de gobierno tienen gran importancia en el nuevo esquema judicial al ser las gestoras de la marcha de la instancia, sobre todo porque se encargan del reparto de las causas.
Son cambios necesarios porque la dinámica de la carrera judicial ha quedado anticuada. Data del siglo XIX y ha llegado la hora de acometer su modernización. Lo que pasa es que ésta va a contar con la firme oposición de la todopoderosa derecha judicial. Veremos si llega a buen fin.