La derecha judicial ya no se corta. En lugar de utilizar fundamentos jurídicos redactan autos y sentencias que se asemejan a las columnas de opinión política que estamos acostumbrados a leer en los medios de comunicación cercanos al conservadurismo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid emplea unos términos inadecuados en su resolución donde rechazan la querella presentada por la abogacía del Estado por el interrogatorio llevado a cabo por el juez Peinado en Moncloa. Es inaceptable que se plantee la posibilidad de multar a los querellantes por “fraude de ley” porque “han perturbado al poder judicial”. Hasta ahí podíamos llegar. En román paladín, los jueces vienen a decir que los representantes legales del presidente del gobierno son una “mosca cojonera”.
Está claro que un sector judicial está utilizando su potestad para derribar a un gabinete legítimamente constituido. Lo que acaban por sacar de sus casillas a todo analista que se precie es que este argumento sea utilizado por el PP que acusa a Pedro Sánchez de instrumentalizar a la abogacía del Estado, una institución que precisamente está para eso, para defender a la administración pública. Y si alguien tiene alguna duda, añadir que en el mismo auto se señala que el juez había acudido a Moncloa para interrogar a Sánchez como esposo de una investigada. Siendo así, cabe preguntarse por qué no lo citó en su despacho del juzgado. Ya se está cometiendo una flagrante irregularidad por mucho que los jueces del TSJM no quieran entrar en ese juego. Es precisamente por eso por lo que intervino la abogacía del Estado.
Los expertos coinciden en que tres de los últimos autos dictados por los jueces son rebatibles desde el punto de vista judicial porque no utilizan fundamentos con arreglo a la ley sino argumentos políticos. Uno, el de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo en contra de la ley de amnistía donde, al final, solo se atreven a declarar fuera de la norma que regula la medida de gracia el delito de malversación después de utilizar argumentos descalificadores de una norma aprobada por el poder legislativo lo cual supone una intromisión, precisamente lo que ellos mismos advierten que está haciendo el ejecutivo en el poder judicial.
El segundo es el auto en el que admiten a trámite la querella presentada por un grupo de asociaciones de extrema derecha, consecuencia de la denuncia presentada por la pareja de la presidenta de la CAM, Alberto González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid por revelación de secretos, en la cual no hablan claramente de imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero utilizando tal ambigüedad que ha dado origen a un cúmulo de informaciones sesgadas por parte de la derecha mediática en las que pide que dimita. Está claro. Se mezclan todo tipo de argumentos para atacar políticamente donde más duele al ejecutivo progresista. Al menos, los jueces que dictaron este auto deberían de haber aclarado algunos de sus extremos para evitar las consecuencias de su fallo. Pero no ha sido así.
Y, por último, están las contradicciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de las que ya se ha hablado aquí repetidamente, y concretamente en el caso del juez Juan Carlos Peinado. Por mucho que intenten convencernos los jueces de la alta instancia de que no lo es, esta es una instrucción prospectiva. Es una causa general. El instructor ha desobedecido un primer auto de la Audiencia de Madrid en el cual se le ha dicho, por activa y por pasiva, que se olvide del asunto del rescate del grupo Globalia, propietaria de la aerolínea Air Europa. Peinado sigue preguntando a los testigos que cita sobre este asunto y lo tiene prohibido. La respuesta de sus superiores es darle un “ligero tirón de orejas”. En otras circunstancias se le habría llamado al orden anulando parte de la instrucción. En cambio, los magistrados del TSJM la emprenden contra los querellantes por prevaricación, delito que se define como la toma de decisiones a sabiendas de que son injustas, contrarias a la ley, porque” están perturbando el trabajo del poder judicial”.
La sensación es que un sector de la judicatura está instrumentalizando algunos procedimientos judiciales para perjudicar políticamente al ejecutivo. El caso más evidente es el interrogatorio a Pedro Sánchez en Moncloa. Al día siguiente, la grabación del acto fue filtrada a numerosos medios de comunicación, lo que buscan las organizaciones de extrema derecha, desde las políticas hasta las conspiranoicas pasando por grupúsculos antivacunas. No hace falta mas que acudir a sus páginas web para comprobar cuales son los resultados de esos dos minutos que para cualquier ciudadano corriente no sirven de nada, salvo para el juez, - “que cada uno extraiga sus propias consecuencias”- y para los ultras que exigen la dimisión de Pedro Sánchez.
Peinado tiene ahora de nuevo el control para seguir adelante durante varios meses. Pero en Moncloa están convencidos de que no hay ningún elemento delictivo, como dijeron los dos informes de la Guardia Civil, y por tanto siguen pensando que es cuestión de tiempo, mucho más del previsto inicialmente, pero el final del proceso solo puede ser el archivo. Lo que pasa es que, mientras tanto, la oposición sigue utilizando todo lo que ocurre alrededor de esta instrucción para desgastar al ejecutivo. Y todo tiene su explicación. Alberto Núñez Feijóo, en una cena electoral en junio de 2023, se comprometió con un sector de jueces y fiscales a dotarles de más poder cuando llegue a Moncloa. Y esta promesa sigue en firme según señalan en Génova. Cada vez que el presidente del Partido Popular contacta con jueces y fiscales integrantes de la derecha judicial les anima a seguir con esta estrategia. Porque como dice su “segundo en la sombra”, Miguel Tellado, lo importante es “derribar a Pedro Sánchez como sea, incluso utilizando la justicia”.
Es un método antidemocrático que está llevando a la sensación de que un sector de la judicatura ha decidido “ponerse el uniforme militar”. Es la nueva metodología. Ya no hacen falta generales uniformados para acabar con la democracia en un país. Les han sustituido algunos integrantes de la administración de justicia.