En dos años, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha llevado a los tribunales al ejecutivo de Pedro Sánchez en ocho ocasiones. Tres de ellas se refieren al reparto de menores inmigrantes, la última ante el Tribunal Supremo, y las otras dos en el Constitucional argumentando que en ese reparto no se ha incluido a Catalunya y Euskadi lo que supone una discriminación a juicio de la administración autonómica madrileña. El trasfondo de esta estrategia es claro. La instancia judicial en la que ponen sus esperanzas los miembros del equipo de la lideresa madrileña es el Supremo porque corresponde a la sala de Lo contencioso Administrativo la resolución de algunas de esas demandas. Y esa sala la controlan los conservadores cuyos jueces se han convertido en una especie de oposición judicial con sentencias controvertidas como es la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de memoria democrática alegando conflicto de intereses ya que su marido, el exjuez Baltasar Garzón, es el titular de un despacho de abogados especializado en la defensa de los derechos humanos. Eso entre otras extravagantes resoluciones como es la de la anulación del nombramiento de la exministra de Trabajo, Magdalena Álvarez, como presidenta del Consejo de Estado “por no haber podido acreditar ser una jurista de reconocido prestigio”.
La sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo es una instancia polémica. Los conservadores dicen que su presidente, Pablo Lucas, es progresista pero la realidad es bien distinta. Sus resoluciones distan mucho de acercarse a la lógica jurídica. Por eso no es de extrañar que el gobierno de la Comunidad de Madrid la utilice con frecuencia para dirimir sus diferencias con la administración central. Pero no es la única. La derecha confía en que su minoría en el Tribunal Constitucional logre sacar adelante sentencias favorables sobre la inconstitucionalidad del decreto de reparto de menores extranjeros no acompañados por una presunta invasión de competencias autonómicas. Además, en la corte de garantías hay tres recursos más de la administración regional: vivienda, amnistía y modificación de la ley de Extranjería.
En la sala de Lo Contencioso Administrativo están estudiando las demandas presentadas contra la condonación de la deuda pública. El razonamiento es el de siempre. La propuesta del gobierno central favorece a Catalunya. El objetivo último es dotar a este territorio de una “financiación singular” que en el PP consideran similar a la de los conciertos fiscales vasco y navarro. Otro de los recursos presentados hace referencia al contrato para la creación de un servicio estatal de captación, fidelización, sensibilización y formación de familiares interesados en el acogimiento de menores tutelados. El gobierno de Díaz Ayuso cree que este contrato, aprobado por el ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, invade sus competencias. Por eso, y al mismo tiempo que acude al Supremo, presentará un recurso ante el Constitucional por considerar que “las atribuciones que se arroga el gobierno central a través del programa que quiere poner en marcha el Ministerio de Juventud e Infancia no son materia de gestión estatal y, en consecuencia, la formalización de ese contrato constituye una intromisión, e incluso interferencia, en las competencias autonómicas unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional”
Ninguna de estas demandas ha tenido la repercusión pública que la presentada en contra de la pretensión del gobierno de declarar “lugar de memoria histórica” el edificio de la puerta del Sol, sede de la presidencia de la CAM. Ese edificio fue la sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista y está reconocido que allí se practicaron torturas por parte de la Brigada Político Social. Incluso asesinatos camuflados como suicidios como son los casos de Tomás Centeno, Cristina García Granda, o Enrique Ruano Casanova. Por esa razón, organizaciones memorialistas han pedido a la secretaría de estado de Memoria Histórica que se catalogue la casa de Correos como “lugar de memoria”.
Díaz Ayuso se opone porque, según sus justificaciones, pretende “preservar la neutralidad y pluralidad”. El gobierno regional elaboró una ley que impide la declaración gubernamental y la colocación de una placa que recuerda las torturas infligidas en el recinto que ocupa. El ejecutivo recurrió la iniciativa legislativa y la corte de garantías ha resuelto suspender el artículo 4 de la ley 8/2024 de “medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid” en la cual figura la prohibición. El recurso, que lleva la firma personal de Pedro Sánchez, argumenta que la norma imposibilita la aplicación de la ley de Memoria Democrática. En concreto, entiende que podría vulnerar la competencia estatal para "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales". De momento, la corte de garantías ha ordenado a la CAM que no impida la colocación de la placa mientras resuelve el conflicto de competencias planteado por la administración regional.
Está claro que Isabel Díaz Ayuso pretende judicializar sus diferencias con el gobierno central. No basta con insultar y desacreditar públicamente a Pedro Sánchez y oponerse a las iniciativas de la izquierda con todos los medios a su alcance. El instrumento más eficaz es el de los tribunales de justicia, tal y como ha podido comprobar con la estrategia que llevan a cabo las asociaciones de extrema derecha. De momento en Sol no llegan a tanto, a utilizar la vía penal. Un mínimo de rigor institucional lo impide, pero no hay problema en acudir a la de Lo Contencioso Administrativo del Supremo y la Audiencia Nacional sabiendo que en, su seno, hay numerosos magistrados simpatizantes con su política dispuestos a sentenciar en su favor.
No ocurre lo mismo en el Constitucional donde los conservadores se encuentran en minoría. Pero muchos de los recursos presentados tardarán un tiempo en resolverse y en Sol creen que, para entonces, habrán logrado cambiar la correlación de fuerzas de una institución judicial que acusan de “estár al servicio del gobierno socialcomunista bolivariano”