La derecha judicial ha traspasado la línea roja del respeto a las instituciones democráticas de este país. Espoleada por algunos de sus miembros más radicales como es José María Macías que piensa llevar la batalla de su recusación hacia los límites más intolerables, ha decidido instrumentalizar al Tribunal Supremo para que sus jueces más afines amenacen al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, con la posibilidad de procesarle “por prevaricación”.
Según publica un medio de comunicación conservador, el Supremo ha lanzado “recados sobre la posibilidad de investigar resoluciones del Constitucional si responden al producto de una voluntad que se convierta de forma irrazonable en normatividad”. La frase se puede interpretar de una sola manera: los jueces de la sala de Lo Penal advierten que van a estar vigilantes sobre las resoluciones que afectan a la ley de amnistía y sobre el juego de mayorías y minorías en el seno de la corte de garantías. Y, como no les gusten los resultados, el choque va a tener graves consecuencias. El daño a las instituciones judiciales de este país será irreparable.
El último gesto que ha enfurecido los ánimos de la derecha judicial ha sido la decisión de la cúpula del TC de aligerar el debate sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. La mano derecha de Conde-Pumpido, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, se ha hecho cargo de la ponencia sobre el recurso presentado por el Partido Popular. El objetivo es sentenciar antes del verano. La mayoría progresista quiere evitar lo que considera una estrategia dilatoria contra las resoluciones sobre los recursos, sobre todo los de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Por eso, el bloque progresista en el órgano de garantías (7 de los 12 magistrados) no va a detener los trabajos para la ponencia del primero de estos fallos, el relativo al recurso presentado por el PP, a pesar de que se han presentado nuevas impugnaciones contra el auto que dejó fuera de las deliberaciones sobre dicha ley al magistrado José María Macías por falta de imparcialidad, entre otras la del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Y aquí es donde reside el actual enfrentamiento con el Tribunal Supremo. El sector conservador está revisando con lupa todas las decisiones, incluidas las de las impugnaciones presentadas contra la decisión de apartar a Macías por si se encuentra el mínimo resquicio que permita acusar a los magistrados de un delito de prevaricación, resoluciones contrarias a la ley a sabiendas. Imposible de acudir a este argumento con la designación de Montalbán como ponente porque se ha cumplido la norma rigurosamente. La vicepresidente sustituye a Macías al que le correspondía elaborar la ponencia sobre el recurso de los populares. Montalbán, perteneciente al bloque progresista, se hace cargo en aplicación del turno previsto para los relevos y estará al frente de un equipo de seis letrados del tribunal, todos ellos elegidos por la mayoría progresista. El propósito de estas decisiones es que exista un primer proyecto de sentencia en un plazo de tres meses. Todo con arreglo al reglamento y la ley del TC.
Paralelamente, el magistrado conservador, Ricardo Enríquez, está elaborando otra ponencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo. Los jueces conservadores esperan que sea diametralmente opuesta a la que elabore Montalbán. Sólo que hay dos matices a tener en cuenta. El recurso del Partido Popular abarca más aspectos de la ley mientras que la cuestión de inconstitucionalidad que estudia Enríquez sólo se refiere al delito de malversación de caudales por lo que prevalecería la sentencia del recurso del PP sobre la cuestión planteada por el TS.
Pero es que hay más. La ley del TC señala que, si una ponencia es rechazada por el pleno, se deberá reconsiderar con un nuevo ponente. Los argumentos de Ricardo Enríquez no serán asumidos por la mayoría del pleno y habrá que volver a empezar todo el proceso. Y esa otra circunstancia que los jueces del Supremo analizarán para encontrar el pretexto que les permita la apertura de una investigación judicial contra el mismísimo Conde Pumpido. ¿No lo han hecho con una autoridad como es el fiscal General del Estado? Ese proceso abrió la caja de pandora y ahora es muy difícil echar marcha atrás tal y como se está comprobando con la actuación del magistrado Ángel Hurtado.
Pero es que, además, los jueces conservadores del Supremo no quieren cerrarla. Están dispuestos a todo con tal de acabar con el controvertido asunto de la ley de amnistía, incluso con “advertencias” de por medio a pesar de que saben perfectamente, porque se les supone conocedores al dedillo de las leyes españolas, que la ley del Tribunal Constitucional es tajante: sus resoluciones "no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”.
El malestar de los jueces del Supremo con el Constitucional viene de hace unos meses cuando se dictó la sentencia sobre los Eres de Andalucía. La dureza que se emplea en el fallo contra la jueza instructora, la Audiencia de Sevilla y el propio TS no sentó nada bien en los despachos de la plaza de la Villa. A partir de ahí, la estrategia de la derecha judicial es simple: hacer de contrapoder a las actuaciones de un organismo que consideran dominado por la izquierda con especial énfasis a su presidente, Conde-Pumpido
La bipolarización entre ambas instituciones es evidente. Pero esa “guerra fría” al menos sólo es eso: una guerra fría. Ninguna de las dos partes ha pasado a la ofensiva. Pero el Supremo amaga con hacerlo y si eso ocurre estaremos ante una situación insólita. Se supone que la corte de garantías está por encima de las instancias judiciales, incluso de la más alta de ellas. Pero el Supremo hace caso omiso a la ley. Ni siquiera traslada a sus sentencias las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es la máxima autoridad judicial de la UE.
El asunto se puede complicar si hay “choque de trenes” porque está en juego la credibilidad de dos instituciones, una la representativa del poder judicial y la otra la máxima expresión de la interpretación de las leyes desde el punto de vista constitucional. Si ambas se enfrentan, entonces sí que habrá que cuestionar el Estado de Derecho en España.