Sobre el auto en el que se avala parcialmente la inaudita instrucción judicial del juez Peinado en el caso Begoña Gómez se han escrito ríos de tinta. Pero de lo que apenas de ha hablado es del historial de sus autores, los magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta instancia, y la superior, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tienen fama de dictar resoluciones controvertidas, escasamente cercanas a la realidad social. Pero la que componen María del Rosario Esteban Meilán, Jesús Berges de Ramón y Jesús Gómez Angulo se gana la fama del conservadurismo. La última ha sido la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía aprovechando una sentencia que condenaba a cuatro años de cárcel a un manifestante por los delitos de desórdenes públicos y atentado a los agentes de la autoridad durante los incidentes ocurridos tras una concentración celebrada el 16 de octubre de 2019 en la madrileña Puerta del Sol para protestar contra las condenas a dirigentes catalanes que promovieron el procés. O sea que los jueces se acogieron al dicho coloquial de “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid” llevaron a cabo lo que tenían tantas ganas de hacer: utilizar la toga para soltar una acción en contra de la amnistía. Ni el fiscal ni el abogado defensor del condenado habían pedido la aplicación de esa ley, pero los jueces se acogen al informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial pese a no tener competencias para emitirlo y hacerlo cuando llevaban más de cinco años con el mandato caducado.
Hay que matizar que en esta sentencia no interviene la magistrada Rosario Esteban que no formaba parte del tribunal. En esta ocasión los jueces eran José Sierra Fernández, Enrique Bergés de Ramón y Jesús Gómez-Angulo. Sobre este último, que participó en la resolución que rechaza el archivo de la causa contra Begoña Gómez, hay que señalar que es hermano de un conocido militante del Partido Popular. Juan Antonio Gómez Angulo fue diputado del PP en la Asamblea de Madrid y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Es amigo personal de José María Aznar y ha ocupado altos cargos como presidente del Consejo Superior de Deportes, presidente de la comisión de trabajo para el fomento y la protección de la tauromaquia y teniente de alcalde del ayuntamiento madrileño. Además, la sobrina del juez, hija de Juan Antonio, Paula Gómez-Angulo, es concejala del Ayuntamiento de Madrid.
El ponente del auto en el que se rechaza el archivo de la instrucción de Peinado es Enrique Bergés de Ramón. También fue el ponente de la anterior resolución en la que se ordenaba al juez que cerrase sus investigaciones sobre el rescate de Globalia. El instructor no hizo caso y siguió relacionando sus diligencias con este asunto. Tal vez por eso, Bergés ha tenido que insistirle en que no vuelva a tocar ese tema. Los expertos juristas consideran que la “repetición” de la orden sólo puede ser debida al caso omiso de Peinado. Y si ello fuese así, debía de haberlo llamado al orden. Pero todo ha quedado en un leve “tirón de orejas”.
El hecho más anecdótico de Enrique Bergés en su carrera judicial es que casi se carga un juicio por asesinato. En 2019 presidió un tribunal unipersonal con jurado popular por asesinato, ocurrido en 2016. Tal vez debido a que era la primera vez que le tocaba efectuar esa función, lo cierto es que tardó tres días en elaborar el “objeto del veredicto”. Una vez concluido el juicio oral y después de haberse expuesto los informes del fiscal, asociaciones y defensas y una vez oídos a los acusados, el magistrado debe entregar a los nueve miembros del jurado un escrito especificando los puntos concretos sobre los que se tiene que deliberar y contestar. En este caso, el magistrado Bergés tardó tres días hábiles en elaborar este objeto del veredicto, según se dijo entonces, porque no se ponía de acuerdo con fiscal y defensores sobre el cuestionario. Como ocurre en estos casos, los gastos corren por cuenta de la Comunidad de Madrid que, como siempre ocurre en las administraciones públicas había racaneado a la hora de contratar la estancia en los hoteles. Total, que se agotaron las reservas y los integrantes del jurado tuvieron que regresar a sus domicilios lo cual es irregular desde el punto de vista jurídico ya que deben permanecer aislados hasta que hayan contestado a las preguntas del juez. Bergés no salió muy bien parado del asunto, pero, al final y de forma chapucera, logró terminar el proceso. El juicio estuvo a punto de declararse nulo.
La magistrada de la sección, María del Rosario Esteban Meilán, es la que presidió los escasos debates que llevaron a cabo porque lo cierto es que sólo tardaron horas en resolver los recursos a pesar de que los defensores habían presentado voluminosos escritos de complicado contenido que requerían más análisis del que se hizo. Esteban Meilán está casada con Eduardo Jiménez Claveria también destinado en la Audiencia Provincial de Madrid conocido por sus ultraconservadoras sentencias en casos de violencia de género. Es famoso su fallo de 2004 en el que absolvió a un hombre acusado de malos tratos psíquicos porque los realizó “en el ámbito familiar, ante sus hijos, ante el padre de su esposa y ante ésta misma, sin que haya quedado acreditado, en su caso, que las mismas hubieran excedido de dicho entorno". El magistrado muestra la "extrañeza que supone el considerar necesarios tantos folios para poder explicar una conducta denigratoria, vejatoria del acusado respecto de su esposa, que pueda ser considerada constitutiva de un delito de violencia doméstica".
Estos jueces forman parte del sector ultraconservador de la judicatura y tienen, además, conexiones con miembros del Partido Popular. No se debe de olvidar que el instructor, titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tiene una hija que es concejala del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Es difícil, con estos mimbres, poder elaborar una resolución que suponga el archivo de una causa que para la mayoría de los expertos es claramente prospectiva, y no va dirigida a esclarecer los hechos sino en contra del entorno familiar de Pedro Sánchez. A nadie debe de extrañar. El PP va a seguir judicializando su guerra contra el presidente del Gobierno hasta el límite que se lo permitan los jueces.