Si el fiscal general del Estado decide pedir amparo al Tribunal Constitucional debería pensar en la posibilidad de solicitar, al mismo tiempo, una cuestión de prejudicialidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el auto de la sala de Lo Penal en el que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la teniente fiscal del Tribunal Supremo y por el abogado del Estado en su nombre y en el de la fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Madrid contra los autos de fecha 30 de octubre de 2024 dictados por el magistrado instructor, Ángel Hurtado, en la causa especial 20557/24.
Los expertos creen que es la vía que debe utilizar Álvaro García Ortiz para acabar con este enredo que está haciendo tanto daño a la acción política de este país en el que se está cuestionando una alta institución del Estado. Si la corte de garantías y la alta instancia judicial europea fallan a favor de los investigados, el Supremo no tendrá otra que recular y declarar nulas unas actuaciones que están haciendo gran daño a la seguridad pública. Porque ya andan circulando por ahí no sólo los nombres y domicilios de los altos cargos de la carrera fiscal sino también datos de procedimientos sumariales que afectan a delitos de extrema gravedad como los que se refieren al narcotráfico, económicos y financieros, y actuaciones de los servicios secretos.
A pesar de que el magistrado Hurtado los ha calificado de “jueces extranjeros”, lo cierto es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la más alta instancia judicial del viejo continente. Sus resoluciones están por encima de las de los jueces de los 27 socios de la UE. Si se le requiere el pronunciamiento sobre una cuestión prejudicial debe adoptar medidas cautelares en un plazo inmediato y, en el caso de los fiscales imputados en un delito de revelación de secretos, podría suponer la paralización de la instrucción que lleva a cabo el Supremo. Además, sería muy importante conocer la opinión de los jueces europeos sobre el argumento de la sala de Apelaciones de que ni la fiscalía general del Estado ni ninguna otra institución tienen garantía de inmunidad. Eso, por una parte.
La admisión a trámite del recurso de amparo al Constitucional cuenta con un problema. La doctrina de la corte de garantías exige agotar la vía jurisdiccional antes de recurrir en amparo, lo que le aboca a impugnar los registros al inicio del juicio oral si éste llega a celebrarse. La abogacía del Estado cree que el juez Hurtado ha causado "indefensión" al fiscal general al rechazaruna serie de diligencias solicitadas por García Ortiz para obtener pruebas que le podrían exculpardel delito de revelación de secretos, vulnerandoasí el artículo 24.2 de la Constitución sobre garantías de justicia y presunción de inocencia. Hay que recordar que el instructor, en los autos que ha dictaminado, descartó los testimonios de los periodistas que aseguraron haber tenido en su poder el famoso correo mucho antes que la fiscalía general, y la testifical del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en la que reconoce haber filtrado a algunos medios de comunicación una declaración del abogado de González Amador aceptando el pago de 500.000 euros y una pena mínima de prisión por la presunta comisión de dos delitos de fraude a la Hacienda Pública en las declaraciones del impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021. En cambio, sustenta sus diligencias en los informes remitidos por la Guardia Civil en los que la UCO tampoco deja claro que sean García Ortiz y Rodríguez los autores materiales de la filtración a los medios.
Uno de esos informes es el correspondiente a los resultados del registro a las dependencias de la fiscalía general del Estado y la confiscación de los soportes digitales, ordenadores, teléfonos móviles y tablets. En un anexo de ese documento aparecen informaciones reservadas sobre las actuaciones que llevan a cabo los miembros del ministerio público en causas que nada tienen que ver con la que ocupa al Supremo, además de datos personales de destacados miembros de la carrera fiscal, entre otros los de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, los fiscales de sala del TS y algunos escoltas, como son sus números de documentos de identidad, teléfonos y direcciones particulares. Algunos de ellos están recibiendo insultos y amenazas según denunció el propio García Ortiz. El ministerio de Interior ha tenido que tomar cartas en el asunto. El juez lo único que ha hecho es abrir un periodo de alegaciones a las partes acusadoras para que estimen la conveniencia de retirar del sumario esos datos.
Pero el mal ya está hecho. Ya han aparecido en la prensa algunas revelaciones ajenas a la causa como es la investigación que llevan a cabo en la fiscalía gallega sobre el renacimiento del narcotráfico en la zona de la ría de Arousa mediante la llamada “conexión albanesa”. O la petición de tres años y once meses de cárcel para Carlos Neira, el abogado de González Amador, personado en la instrucción, y que ha sido acusado judicialmente por su actuación como perito particular de Rodrigo Rato en la causa penal por la que el exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI fue condenado, el pasado 20 de diciembre, a cuatro años y nueve meses de cárcel por tres delitos fiscales. Anticorrupción cree que Neira elaboró dos peritajes “falaces” sobre los movimientos de dinero de Rato en el extranjero. En su escrito, el ministerio público sostiene que Neira introdujo en esos informes “datos bancarios y financieros falaces que crearon una realidad ficticia ante el instructor y el resto de partes”. Es curioso que haya trascendido esta acusación justo en el momento en el que el abogado es el centro de atención por las ofertas efectuadas por su cliente, el origen de los correos electrónicos, y cuando las partes acusadoras han tenido acceso a esas y otras informaciones. En algunos sectores jurídicos se sospecha que en poder de las partes hay actuaciones del CNI, el servicio de espionaje, sobre asuntos que afectan a la seguridad del país. Hay que recordar que entre las partes acusadoras hay asociaciones vinculadas a grupos de extrema derecha.
Por todas estas razones, sería conveniente que una autoridad judicial independiente, como es la europea, se pronunciase sobre este feo asunto que está afectando a los cimientos del Estado de Derecho.