En el caótico mercado de la vivienda en España, las inmobiliarias se han convertido en actores todopoderosos que imponen sus condiciones sin apenas control. Desde exigir comisiones ilegales hasta disfrazar honorarios como "servicios al inquilino", pasando por la discriminación directa a migrantes o personas racializadas, el sector sigue operando en muchos casos fuera de la legalidad, aprovechando la falta de regulación y la escasa acción pública.
Un sector desregulado que se aprovecha de la desesperación
Eva G. D., vecina de Madrid, se negó a firmar un documento que le exigieron solo para poder visitar un piso. Pablo D. L. descubrió que una hoja de visita incluía una cláusula que le obligaba a pagar 13.000 euros si finalmente compraba el inmueble. Estas situaciones no son anécdotas, sino parte de un sistema construido sobre la especulación, la opacidad y el abuso.
Tarifas abusivas disfrazadas de "servicios"
La nueva Ley de Vivienda prohíbe que los inquilinos paguen honorarios a las agencias, obligando a los propietarios a asumir esos costes. Sin embargo, muchas inmobiliarias siguen cobrando al inquilino cantidades equivalentes a un mes de alquiler, disfrazándolo como "gastos de gestión" o "servicio jurídico". En algunos casos, incluso se cobra por entregar las llaves o visitar el piso.
Facua, OCU o el Sindicato de Inquilinas han documentado numerosos casos de agencias que imponen estos pagos de forma sistemática. En Madrid, una arrendataria logró recuperar 1.100 euros tras la presión de una organización de consumidores.
Racismo inmobiliario: la otra cara del abuso
La discriminación por razón de origen también está a la orden del día. Según el Sindicat de Llogateres de Catalunya, el 99% de las agencias acepta aplicar racismo inmobiliario, rechazando a personas migrantes sin siquiera valorar su solvencia. Lo hacen con total naturalidad, sin temor a ser sancionadas, conscientes de que rara vez hay consecuencias.
Estas prácticas no solo son ilegales, sino que consolidan un modelo de exclusión donde una parte de la población queda sistemáticamente fuera del acceso a una vivienda digna.
Un negocio cimentado en la vulnerabilidad ajena
El mercado inmobiliario se ha transformado en un coto privado de empresas que solo buscan maximizar sus beneficios, sin importar las condiciones de vida de la gente. El cobro de comisiones por adelantado, los contratos en borrador que nunca se formalizan, las exigencias ilegales de fianzas o avales de hasta 18 meses… todo está diseñado para exprimir al inquilino.
Y si no aceptas, simplemente te descartan. La desesperación de muchas familias, especialmente jóvenes, mujeres solas o migrantes, es el combustible de este sistema.
El Banco de España sanciona a la Sociedad de Tasación
El Banco de España ha multado a Sociedad de Tasación con 540.000 euros y a su cúpula directiva por una infracción muy grave, debido a “deficiencias en su organización administrativa, técnica o de personal, o en sus procedimientos de control interno”.
Según las sanciones publicadas este jueves, el supervisor bancario impone a la empresa una multa de 540.000 euros, tras aplicar un descuento del 40 % sobre la cuantía inicial por acogerse a las reducciones previstas en la ley. El motivo es una infracción muy grave por “deficiencias en su organización administrativa, técnica o de personal, o en sus procedimientos de control interno”, lo que ha provocado que “no haya quedado asegurada la capacidad de la entidad para conocer la situación y condiciones del mercado inmobiliario”, así como para garantizar el cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, su independencia respecto a accionistas o clientes, o el control de las obligaciones de incompatibilidad a las que están sujetos sus profesionales.
Por el mismo motivo, el Banco de España sanciona también al presidente de Sociedad de Tasación, Ignacio Morer de Llorens, con 6.000 euros, y al consejero delegado de la firma hasta hace unos meses, Juan Fernández-Aceytuno, con 16.000 euros. También multa a los consejeros Marcelo Rodrigo y Fernando Carlos Martín con 6.000 euros cada uno, al consejero Ignacio Estevas con 4.500 euros, y al director general, Tomás Nicolau, con 12.000 euros. En todos los casos se han aplicado las reducciones contempladas en la ley sobre la cuantía inicialmente impuesta.
Desregulación y falta de voluntad política
Desde que el Gobierno de Aznar liberalizó el sector en 2000, cualquier persona puede abrir una inmobiliaria sin formación, sin seguros y sin controles. Esta selva normativa ha permitido que el negocio se llene de oportunistas y especuladores. Solo algunas comunidades, como Cataluña, han avanzado hacia un registro obligatorio y multas ejemplares, como las recientes sanciones de hasta 900.000 euros.
El resto del Estado sigue anclado en la pasividad. Mientras tanto, las asociaciones de consumidores siguen acumulando reclamaciones y casos de abusos flagrantes.
Contratos trampa y financiaciones forzadas
Algunas agencias incluso obligan a los compradores a aceptar hipotecas con financieras asociadas a la inmobiliaria como condición para cerrar la venta. Otras incluyen en las hojas de visita cláusulas que penalizan si el comprador adquiere el piso directamente del propietario. Hay quien paga sin saber que está firmando un contrato vinculante.
El negocio de vivir
Convertir el derecho a la vivienda en un negocio solo ha servido para alimentar la desigualdad. Las inmobiliarias no son actores neutrales: están implicadas en el encarecimiento de los precios, en el deterioro de las condiciones de alquiler y en la vulneración sistemática de derechos. Urge una regulación estatal real, con inspecciones, multas disuasorias y mecanismos de reparación.
Y urge también denunciar cada abuso, cada discriminación, cada trampa. Porque vivir dignamente no puede seguir siendo un privilegio para quien puede pagar los abusos de un sector que, hoy por hoy, sigue actuando con impunidad.