La estrategia de confrontación de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno de España ha recibido un duro golpe tras la resolución del Tribunal Supremo que desestima el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo. La presidenta madrileña había convertido esta cuestión en un campo de batalla político, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer dejar "sin agua" a los madrileños.
Un recurso sin fundamentos técnicos
El recurso, presentado en noviembre de 2023 por el Canal de Isabel II en representación del Gobierno regional, cuestionaba la legalidad del Real Decreto 35/2023. Entre las principales alegaciones, el Ejecutivo de Ayuso sostenía que los caudales ecológicos establecidos en el Plan ponían en peligro el abastecimiento de agua para cerca de siete millones de personas en Madrid. Según la Comunidad, el decreto carecía de los estudios técnicos necesarios para justificar los valores asignados a los caudales y afectaba negativamente a los usos hídricos existentes.
El Tribunal Supremo ha desmontado estos argumentos, señalando que el decreto cumple con las normas de prioridad de abastecimiento a poblaciones y respeta la legislación en vigor. En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo destacó que "no es necesaria una referencia expresa" en el texto legal para garantizar la preferencia del abastecimiento humano frente a otros usos, ya que esta prioridad está recogida en artículos específicos del Plan.
Acusaciones sin base de Ayuso
La presidenta madrileña había acusado a Pedro Sánchez de "asfixiar" a Madrid con un plan que, según sus palabras, pretendía "rendir a la región por sed". Estas declaraciones, realizadas en rueda de prensa y repetidas en numerosos actos públicos, han sido calificadas por organizaciones ecologistas como "irresponsables" y "manipuladoras". Desde entidades como Ecologistas en Acción y Jarama Vivo señalan que el Plan Hidrológico del Tajo sigue criterios técnicos y científicos, y que las acusaciones de Ayuso carecen de respaldo fáctico.
En concreto, el Plan fija un caudal ecológico para el río Tajo que aumenta progresivamente desde 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez hasta alcanzar 8,65 en 2027. Este caudal busca garantizar la sostenibilidad del ecosistema fluvial y cumplir con las directrices europeas de protección medioambiental.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió en su momento que el Plan Hidrológico del Tajo es fruto de un proceso participativo y riguroso. "Hemos escuchado a todas las partes durante más de tres años. Este plan responde a la necesidad de proteger nuestros recursos hídricos sin comprometer el abastecimiento de las poblaciones", afirmó Ribera, quien también subrayó que el Gobierno ha destinado más de 22.800 millones de euros a inversiones relacionadas con el agua en todo el país.
El impacto del fallo judicial
La decisión del Supremo supone un revés significativo para Ayuso, quien había utilizado esta disputa como herramienta de confrontación política contra el Gobierno de España. La resolución también reafirma la validez de los caudales ecológicos como instrumento clave para garantizar la sostenibilidad ambiental del río Tajo, un recurso vital para varias comunidades autónomas.
Según fuentes jurídicas, el recurso presentado por el Canal de Isabel II era "jurídicamente débil" y estaba condenado al fracaso desde el principio. Este fallo podría cerrar una batalla legal que ha durado más de un año, aunque no se descartan nuevas acciones de Ayuso en este ámbito.
Reacciones de la sociedad civil
Organizaciones ecologistas han celebrado el fallo judicial como una victoria para la defensa del medio ambiente. "El Tajo es un río maltratado durante décadas. Este plan es un primer paso para revertir esa situación", afirmaron desde Ecologistas en Acción. También han criticado la postura del Gobierno de Madrid, al que acusan de priorizar intereses políticos sobre la protección del patrimonio natural.
Por otro lado, asociaciones de consumidores como FACUA han instado al Ejecutivo regional a "cesar en su estrategia de litigios innecesarios" y a centrarse en garantizar una gestión eficiente del agua para los ciudadanos.
El conflicto en torno al Plan Hidrológico del Tajo se inscribe en una problemática mayor sobre la gestión del agua en España. La distribución desigual de los recursos hídricos y las tensiones entre comunidades autónomas han generado numerosos enfrentamientos en las últimas décadas. En este sentido, expertos señalan que es fundamental avanzar hacia una gestión integrada y sostenible que priorice tanto las necesidades humanas como la conservación de los ecosistemas.
El Tribunal Supremo ha dejado claro que el Plan Hidrológico del Tajo cumple con la normativa vigente y que las acusaciones del Gobierno de Ayuso carecen de fundamento. Este fallo refuerza la necesidad de abordar la gestión del agua desde una perspectiva técnica y alejada de intereses políticos. Mientras tanto, Ayuso deberá enfrentarse al desgaste que supone este nuevo revés judicial en su ya controvertida trayectoria política.