Un facha no puede ser juez

Pedro Sánchez denuncia que un sector de la judicatura conservadora juega con las "cartas marcadas", pero no ha querido o sabido acometer reformas profundas en nuestra Administración de Justicia

13 de Diciembre de 2024
Actualizado el 14 de diciembre
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Apertura del Año Judicial en una imagen de archivo.
Apertura del Año Judicial en una imagen de archivo.

Pedro Sánchez ha provocado un terremoto político al denunciar que algunos jueces juegan “con las cartas marcadas”. En realidad, no descubre nada nuevo el premier socialista. No hay más que echar un vistazo al currículum de sus señorías para entender que demasiados magistrados han tenido íntima relación (e incluso carguetes bien renumerados) con diferentes gobiernos nacionales y autonómicos del PP. Los favores, canonjías, prebendas, promesas, mamandurrias y chanchullos de todo tipo han estado a la orden del día, hasta carcomer los pilares de nuestra estuprada Administración de Justicia. Hoy por hoy, hay que ser muy inocente para no querer ver que el jurista de reconocido prestigio no solo llega a la cúpula del Poder Judicial gracias a los méritos contraídos en concurso oposición, sino también porque es un peón de confianza del partido y hará lo que sea para devolver el favor y quedar bien con su amo y señor.

En los últimos años, la Justicia se ha mezclado demasiado con la política, hasta el punto de que son muy pocos los que creen en esa utopía de la imparcialidad y la independencia. La desafección del ciudadano hacia sus políticos es directamente proporcional al grado de descreimiento que sienten hacia sus jueces y magistrados. Todos van ya en el mismo saco, todos han perdido la credibilidad. Un drama, pero es lo que hay.

Ahora que al presidente del Gobierno lo atornilla la caverna judicial con cazas de brujas contra su familia (mujer, hermano y padre), cae en la cuenta, como sorprendido, como cayéndose del guindo, de que la Justicia española ha pasado de ser un cachondeo injusto (condenas testimoniales a ladrones de guante blanco mientras le meten la perpetua al robagallinas de turno), a dar un paso más en el lento y alarmante proceso de degradación hacia una Justicia controlada por los sectores más conservadores y ultramontanos de este país. ¿Dónde ha estado metido el presidente del Gobierno todos estos años? ¿Por qué no ha hecho nada para acometer las reformas urgentes y necesarias? ¿Acaso no eran él y sus ministros del ramo los encargados de acabar con esa gangrena, la de la venenosa politización de la Justicia, que amenaza con terminar con la democracia en España? No vimos a Sánchez tan concienciado con las “cartas marcadas” cuando los jueces trataban de disolver Podemos a golpe de bulos y noticias fake (véase el caso Neurona, que finalmente quedó en nada); no lo vimos defender a Irene Montero con tanta valentía cuando esta se quejaba de los “fachas con toga” autores de sentencias infames como la de la manada; y no lo vimos quejarse tanto cuando PP y PSOE se repartían descaradamente los vocales del CCPJ, del Supremo y del Constitucional. Los líderes socialistas, desde 1977 hasta hoy, siempre han invocado el manido discurso institucional, o sea el “yo confío en la Justicia” que solo ha servido para tapar las vergüenzas mientras el muerto se descomponía cada día un poco más.

“Cartas marcadas” las ha habido siempre, en buena medida porque el partido socialista lleva medio siglo jugando a ese póker amañado, sucio, tramposo, que impuso el atado y bien atado, dogma sagrado del bipartidismo de la Restauración posfranquista. Como tampoco vimos lamentarse al presidente cuando raperos y artistas eran sometidos a juicios inquisitoriales por echar unos ripios anarcoides o antisistema contra Dios, contra el rey y contra la patria. O cuando a Willy Toledo lo querían enchironar por blasfemar contra la Virgen. O cuando han querido poner a la sombra al Gran Wyoming y a su monaguillo Mateo por hacer parodias sobre la Iglesia Aznariana. O cuando intentaron meter en la cárcel a los habitantes de media Cataluña, como peligrosos criminales, por convocar un referéndum de autodeterminación que en realidad nunca fue más que una performance o pantomima para dejar en ridículo a los patrioteros jueces españoles (estos cayeron como pardillos en la trampa y en Europa aún se están riendo de ellos).

Ahora que le toca al presidente sufrir los rigores del lawfare, del tongo judicial, de las malditas “cartas marcadas”, el presidente se cae del caballo y comprueba que todo era una farsa para perpetuar un franquismo sociológico más vivo que nunca. Ahora que le duelen los juicios sumarísimos en sus propias carnes, empieza a entender que quizá el PSOE ha sido demasiado tolerante, demasiado cómplice del cambalache con las élites judiciales, con la Toga Nostra, como dijo aquel, y que no era ese el papel que le correspondía jugar al, en teoría, único partido auténticamente democrático que hace avanzar a este país frente a los poderes reaccionarios (a Ayuso le molesta que los españoles celebren el 50 aniversario de la muerte del dictador, con eso está dicho todo).  

Hay muchas cosas que reformar si queremos disfrutar de una Justicia fuerte e independiente como la que funciona de Pirineos para arriba. Entre ellas mejorar el sistema de acceso a la carrera para que no solo promocionen los hijos de las familias y estirpes ilustres; acabar con las puertas giratorias entre juzgados y partidos (y por ende con las asociaciones, gran cáncer del gremio); limpiar el CGPJ para evitar el control político de la Justicia; dotar de más poder a la Fiscalía en la instrucción de los sumarios; y prohibir que organizaciones y grupos ultraderechistas se cuelen por la rendija para personarse como acusaciones populares y hacer proselitismo fascista en los tribunales. Pero, por encima de todo, habría que tomar medidas para que un facha no pudiera llegar a juez (se puede ser de derechas o de izquierdas, la ideología de una persona es sagrada, pero siempre un demócrata aseado y presentable). Alguien que se salta la Constitución a la torera y se pasa los derechos humanos por el forro de los caprichos jamás podrá impartir una verdadera Justicia. Es metafísicamente imposible; está intelectual y profesionalmente incapacitado. ¿Que cómo se hace eso? Introduciendo una materia de cultura democrática en las oposiciones a judicaturas, sometiendo a duras pruebas psicotécnicas al futuro juez, implantando el test de Rorschach, si es necesario, para detectar nazis psicópatas dispuestos a ponerse la toga y dar el golpe blando desde dentro. Qué sabe uno. No nos compete a nosotros resucitar a este muerto. Que le dé una vuelta el señor presidente, que para eso le pagan.

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