La Justicia, concebida como uno de los tres grandes poderes del Estado, atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes. La creciente desconfianza ciudadana en su imparcialidad, eficiencia y utilidad pública no solo debilita su función institucional, sino que pone en riesgo la arquitectura misma del Estado de derecho.
Panorama general de la crisis judicial
La creciente desafección de la ciudadanía española hacia el sistema judicial constituye una amenaza estructural para la calidad democrática del Estado. Pese a la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial, subsisten profundas disfunciones que comprometen la legitimidad del sistema: politización en los órganos de gobierno judicial, ineficiencia procesal, desigualdad en el acceso a la tutela judicial, carencias formativas en derechos humanos y de género, y escasos mecanismos de rendición de cuentas.
Las transformaciones estructurales necesarias para revertir esta situación, entre otras, destacan la despolitización del CGPJ mediante un sistema de elección basado en el mérito y la carrera profesional; la modernización integral del aparato judicial con medios materiales y tecnológicos adecuados; el fortalecimiento de la justicia gratuita y accesible; una formación judicial orientada a la equidad y los derechos fundamentales; y la creación de mecanismos de evaluación y fiscalización democrática de la actividad judicial.
La pérdida de confianza ciudadana en la Justicia no es una anomalía aislada, sino el síntoma de un modelo institucional fatigado. Ignorar esta erosión puede tener consecuencias graves, como se ha demostrado en otros contextos europeos y latinoamericanos. La restauración de la legitimidad judicial es imprescindible para garantizar un poder judicial verdaderamente independiente, eficaz y al servicio del interés general.
Solo una reforma ambiciosa y con visión de Estado permitirá que la Justicia en España recupere su papel como garante de derechos, eje de cohesión social y expresión tangible del compromiso democrático.
Por qué la ciudadanía española está perdiendo la fe en la Justicia y cómo podría recuperarse
La confianza de la ciudadanía en el sistema judicial constituye uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. En España, dicha confianza se encuentra en franco retroceso. Aunque la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial ha roto un bloqueo institucional que se prolongó durante más de cinco años, los problemas estructurales del sistema judicial español persisten. La desafección ciudadana no responde a un hecho aislado ni a una coyuntura política concreta: es el reflejo de una acumulación de factores que, combinados, han erosionado la percepción de imparcialidad, eficiencia y equidad que se espera de la Justicia.
Politización y legitimidad del poder judicial
La politización del poder judicial ha sido, y sigue siendo, uno de los elementos más criticados. Si bien la Constitución de 1978 estableció una arquitectura judicial independiente, el sistema de elección parlamentaria de todos los vocales del CGPJ ha convertido a este órgano en un campo de batalla entre los partidos mayoritarios. Esta situación compromete no solo la independencia formal del Poder Judicial, sino también su legitimidad percibida. Una reforma en profundidad debería abordar este punto, trasladando la elección de los vocales al propio colectivo de jueces y magistrados, para fortalecer su autonomía institucional.
Ineficiencia estructural y modernización pendiente
Otro problema estructural radica en la ineficiencia crónica del aparato judicial. La falta de recursos materiales, la insuficiencia de personal y una organización obsoleta producen retrasos intolerables en la resolución de asuntos. Esto no solo debilita la confianza de los ciudadanos, sino que puede llegar a vaciar de contenido derechos fundamentales como el acceso a la tutela judicial efectiva. Una reforma progresista debe apostar por una profunda modernización de los medios judiciales, incluyendo la digitalización completa de los procedimientos, la creación de unidades de apoyo técnico y la dotación de más jueces, fiscales y personal auxiliar.
La Justicia española también presenta desequilibrios importantes en términos de acceso. La barrera económica que representan las tasas judiciales, junto con la complejidad técnica de los procedimientos, crea una situación de desigualdad de facto para amplias capas de la población. Una reforma con vocación igualitaria debe garantizar el acceso universal a la Justicia, reforzando los mecanismos de asistencia jurídica gratuita y simplificando los procesos, especialmente en los ámbitos laboral, social y de familia.
Formación con enfoque en derechos humanos y género
La cuestión de la perspectiva de género y de derechos humanos en la formación judicial resulta hoy ineludible. Casos recientes han evidenciado una preocupante falta de sensibilidad en sentencias relativas a violencia sexual o de género. La formación inicial y continua del personal judicial debe incorporar de forma obligatoria módulos en igualdad, derechos fundamentales y teoría crítica del Derecho. Esta incorporación no debe ser meramente formal: requiere evaluación, seguimiento y consecuencias prácticas en la carrera profesional.
Otro eje fundamental de reforma es la rendición de cuentas. El principio de independencia judicial no debe confundirse con impunidad. La transparencia en los criterios de nombramiento discrecional, la publicidad de los votos particulares y la existencia de canales efectivos de evaluación de la labor judicial son esenciales para recuperar la legitimidad del sistema. La creación de observatorios ciudadanos independientes o mecanismos parlamentarios de fiscalización puede constituir un contrapeso necesario.
Una justicia al servicio de lo público
El objetivo debe ser el de una Justicia concebida como servicio público, al servicio del interés general y no como un ámbito autorreferencial o corporativo. Una Justicia que repare, que proteja a los más vulnerables y que contribuya a transformar la realidad social de forma equitativa. Esto exige voluntad política, inversión sostenida y un debate público riguroso, que incluya a operadores jurídicos, sociedad civil y academia.
El riesgo democrático de la desafección judicial
La pérdida de confianza de la ciudadanía en la Justicia no es solo un problema institucional: constituye una amenaza directa al contrato social sobre el que se sostiene la convivencia democrática. Cuando amplios sectores de la población perciben que los tribunales no son garantes de sus derechos, sino espacios inaccesibles, parcializados o ineficaces, se debilita la legitimidad de todo el sistema democrático.
Esta desafección puede derivar en fenómenos tan peligrosos como el populismo punitivo, el descrédito generalizado de las instituciones o incluso el auge de soluciones extrajudiciales y antisistema. Resulta insostenible que la Justicia sea percibida como un ámbito restringido a una minoría. Debe ser, por el contrario, el lugar donde la ciudadanía encuentre amparo, reparación y garantía efectiva de sus derechos. La historia ofrece precedentes elocuentes. En América Latina, durante las décadas de los años 80 y 90, la debilidad de los sistemas judiciales y su alineación con élites políticas o económicas facilitaron el surgimiento de movimientos populistas que instrumentalizaron el discurso de la "justicia del pueblo" para socavar las garantías institucionales. En Italia, la deslegitimación judicial posterior al escándalo de Tangentopoli en los años 90 desembocó en una profunda crisis de representación y en el ascenso de figuras que prometían saltarse las estructuras del Estado. Estos ejemplos demuestran que la erosión de la confianza en la Justicia no es un síntoma menor, sino una antesala peligrosa de la desinstitucionalización democrática.
En el contexto europeo, el retroceso de los estándares judiciales en países como Hungría o Polonia ha sido señalado reiteradamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Consejo de Europa como indicio de una deriva autoritaria. En estos casos, la cooptación del poder judicial por parte del poder político ha coincidido con una progresiva desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. Una Justicia sin legitimidad, o percibida como parcial, se convierte en terreno fértil para la polarización, la arbitrariedad y la exclusión de minorías.
España no es ajena a este riesgo. Si no se acometen reformas que restauren la legitimidad de la Justicia, existe el peligro de que la ciudadanía desplace su confianza hacia soluciones inmediatas, simplistas o autoritarias, minando las bases mismas del Estado de derecho.
La transformación de la Justicia no es solo una cuestión técnica, también es profundamente política. Y como toda cuestión política, exige diagnóstico, deliberación y acción. La desafección ciudadana no puede ser ignorada ni tratada como una simple cuestión de imagen institucional. Es, en realidad, el síntoma más evidente de un modelo agotado. Un modelo que debe ser repensado desde sus fundamentos si aspiramos a que la Justicia se consolide como garante de derechos, factor de cohesión democrática y expresión tangible de un poder público verdaderamente al servicio de la ciudadanía.