El Consejo de Ministros ha aprobado un plan para aliviar la deuda autonómica que, lejos de favorecer a un único territorio, ofrece un balón de oxígeno a los gobiernos regionales más endeudados, muchos de ellos en manos del Partido Popular. A pesar del ruido y los titulares incendiarios, las cifras desmienten el agravio.
Una ayuda que llega tarde, pero llega
Años después de la creación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), un instrumento de auxilio financiero ideado por el Gobierno de Rajoy para evitar el colapso de las comunidades autónomas durante la crisis, el Estado ha decidido asumir una parte significativa de la deuda generada. Y lo hace con un criterio que, aunque discutible en los detalles, no discrimina por color político ni premia a nadie por su orientación ideológica. Basta con leer los datos.
De los 83.252 millones de euros que el Estado está dispuesto a absorber, más de 60.000 millones corresponden a gobiernos del Partido Popular. Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Murcia o Madrid aparecen entre las principales beneficiadas. Y sin embargo, el argumentario conservador repite una y otra vez el mantra de la “compensación a Cataluña” como si fuera dogma.
El recurso fácil al agravio territorial responde menos a una lectura rigurosa del BOE que a una pulsión electoralista. El discurso del agravio, que el PP explota desde hace más de una década, sirve para apuntalar sus posiciones en comunidades donde cualquier acuerdo con Cataluña se vende como una traición. Aunque el resultado práctico sea que sus propios gobiernos autonómicos se ahorren miles de millones en intereses.
¿Privilegios? Solo los del victimismo conservador
Resulta difícil de justificar el rechazo a una medida que alivia las arcas autonómicas, permite recuperar autonomía financiera y ofrece margen para reforzar políticas públicas. Sobre todo cuando los principales beneficiarios —en términos absolutos y relativos— son territorios gobernados por aquellos que hoy claman contra el supuesto favoritismo del Gobierno central.
Valencia, Andalucía y Canarias se encuentran entre los territorios con mayor condonación por habitante. No hay aquí ninguna desigualdad estructural contra la que rebelarse. Hay, en todo caso, un intento serio de corregir los desequilibrios financieros del modelo actual, nacido de un sistema de financiación que el PP se niega a reformar y al que sigue aferrado por motivos estrictamente partidistas.
El debate no debería girar en torno a quién se lleva más o menos, sino a cómo se construye un país donde la política territorial no se reduzca al regateo de titulares ni al uso mezquino del miedo al otro. Y en esa tarea, la derecha mediática y política continúa anclada en un discurso que no suma, solo divide.
En lugar de reconocer la utilidad de una herramienta que mejora la sostenibilidad financiera de las regiones y libera recursos para servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, se opta por el ataque preventivo. Un ruido que encubre, una vez más, la falta de propuestas propias más allá de la crítica permanente.
La financiación como rehén del oportunismo
El plan de condonación no resuelve, por sí solo, los graves problemas del sistema de financiación autonómica. Pero sí marca un punto de inflexión en la forma en que el Estado asume su responsabilidad con el conjunto del territorio. Sería deseable que este paso sirviera de antesala para una reforma más ambiciosa, que aborde con seriedad las brechas fiscales estructurales.
Pero para eso hace falta altura política. Y mientras buena parte del PP sigue atrapada en el juego de equilibrios internos, ajustando su relato según convenga en Madrid, Valencia o Santiago, los ciudadanos siguen esperando soluciones reales. Los mismos que escuchan hablar de “cacicadas” mientras los hospitales públicos están saturados, las aulas masificadas y la dependencia olvidada.
La oposición, si aspira a ser útil, debería abandonar la lógica del enfrentamiento constante y asumir que gobernar también implica asumir responsabilidades más allá del eslogan fácil. A fin de cuentas, el dinero condonado también permitirá a sus ejecutivos cumplir —si quieren— con las promesas que tantas veces han reclamado sin saber cómo pagar.