A nadie debe extrañar la persecución contra la izquierda en los juzgados. Los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial revelan que las tres asociaciones de jueces consideradas conservadoras han crecido en número de afiliados mientras que en las elecciones a miembros de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, y Tribunal Supremo, la más conservadora de todas ellas, la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, se ha hecho con el 52,11% de los votos, 61 miembros electos que van a tener el derecho de decidir sobre asuntos tan trascendentes como las admisiones a trámite, nombramientos y funcionamiento interno. La derecha judicial domina claramente en el colectivo de jueces y magistrados. La asociación progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, se queda en minoría. A nadie debe de extrañar que los conservadores pidan a gritos la reforma del poder judicial para que sean ellos los que elijan a los vocales de su órgano de gobierno.
De los datos difundidos por el CGPJ se desprende que en 2024 hay 5.426 jueces en activo. 3.139 están afiliados a alguna asociación, es decir, el 58% de la carrera judicial. La Asociación Profesional de la Magistratura sigue siendo la mayoritaria, con 1.482 afiliados, aunque ha perdido uno respecto a 2023. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria es la que más gana en afiliación, 48 nuevos jueces se han apuntado a la asociación que ocupa el segundo lugar con 933 asociados. Foro Judicial Independiente gana 4 y se queda en 342. Eso en lo que a la derecha se refiere. Los progresistas de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación que fundó Cándido Conde Pumpido y que la APM califica como “una escisión”, ocupa, según esta relación, el tercer lugar con 436 afiliados ganando uno respecto a 2023.
Los comicios celebrados para elegir a los miembros de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y tribunales superiores de justicia territoriales tampoco ofrecen datos halagüeños para los progresistas. La Asociación Profesional de la Magistratura se hace con 61 de las plazas, seguida de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que gana dos y se queda en 30. Foro Judicial Independiente mantiene los 13 miembros y Juezas y Jueces para la Democracia se queda con sus 3 plazas, aunque pierde en porcentaje de votos, del 11,11 pasa al 10,26. Y este dato tiene su importancia. Aunque la última palabra a la hora de designar a los presidentes de sala de las instancias superiores la tienen los vocales del CGPJ está claro que la opinión de los jueces que se encargarán del gobierno de estas instituciones será determinante y, por ahora, la derecha judicial tiene el poder en sus manos. Se pueden ir despidiendo, por lo tanto, Ana Ferrer de su aspiración a presidir la sala segunda de Lo Penal del Supremo, y su compañera, Pilar Teso, de la tercera de Lo Contencioso Administrativo.
Las asociaciones judiciales conservadoras dominan un panorama judicial en este país a pesar de que apenas cuentan con la mitad del total de miembros de la carrera judicial. Lo suficiente para controlar las instancias: desde el juzgado más pequeño hasta el Supremo. La APM, la lidera la ultraconservadora María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid, que se enfrentó a Pablo Iglesias cuando éste denunció una conspiración de magistrados contra Podemos, algo cuya veracidad se ha comprobado, en parte, con el paso del tiempo.
Del Barco, beligerante contra el gobierno de Pedro Sánchez, mantiene contactos periódicos con la cúpula del PP de Génova. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, la prometió, en las elecciones legislativas de 2023, que si llegaba al poder revolucionaría la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que fuesen jueces y magistrados los que los eligiesen directamente.
Esa es una vieja aspiración de las otras dos asociaciones de corte conservador, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente que también luchan por la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ “para acabar con su politización”. Una politización que dicen denunciar sin darse cuenta de que, por ejemplo, la AJFV ha estado vinculada a Ciudadanos, y FJI, que dice defender “principios y valores sin traficar con cargos. Tenemos muy claro adonde queremos ir”, se ha posicionado en muchas ocasiones, contra las decisiones de la izquierda parlamentaria. Ahora dicen estar en contra de la integración de sus compañeros, los jueces sustitutos en la carrera judicial “porque sería dejarles entrar por la puerta de atrás en la judicatura”. Se oponen, también, a la reforma que ha aprobado el Ministerio de Justicia por la que se crean los tribunales territoriales que sustituirán a los juzgados, y, por supuesto, se mostraron muy activos a la hora de movilizarse en contra de la ley de amnistía la cual rechazan siguiendo el criterio de sus compañeros de que “vulnera la separación de poderes”.
Enfrente de todos ellos queda la progresista Juezas y Jueces para la Democracia que ha perdido fuerza en los últimos veinte años. Si comparamos su número de afiliados se comprueba que han perdido 25 en esta veintena. Aún así todavía tiene cierta influencia en la judicatura, incluso entre la derecha judicial porque sus afiliados gozan de gran prestigio entre sus compañeros, algo que hay que tener en cuenta. Hay jueces conservadores que todavía estudian las resoluciones jurídicas elaboradas por Cándido Conde Pumpido que, a pesar de las campañas de desprestigio emprendidas contra él, sigue siendo un referente.
Es la excepción que confirma la regla. A nadie le cabe duda de que la justicia está muy polarizada y muchos de sus miembros no tienen en cuenta criterios profesionales a la hora de redactar providencias, autos y sentencias. De todos es sabido que los jueces manipulan la legislación a su antojo. Siempre ha ocurrido. Pero es que ahora esa manipulación obedece a unos intereses políticos concretos.